La Fiscalía antidroga pone la lupa sobre los clubes de cannabis

La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional no quiere que quede lugar a dudas: las asociaciones de consumidores de cannabis no pueden tener plantaciones de marihuana. Como saben que esto ocurre, el fiscal jefe, José Ramón Noreña, aseguró ayer que vigilarán atentamente a estos colectivos porque, a su juicio, se están financiando con el tráfico de estupefacientes. Y en cuanto a la ponencia del Parlamento Vasco para estudiar la posible regularización de estos clubes sociales, no le ve futuro: «Ninguna comunidad autónoma tiene competencias para ello» porque el asunto es «competencia exclusiva del Estado».

Noreña convocó ayer a los medios de comunicación tras finalizar la Junta General de la Fiscalía Especial Antidroga, que tuvo lugar el jueves y el viernes en el municipio vizcaíno de Santurtzi, para mostrar la firmeza del Ministerio Público en esta materia. «El cultivo de cualquier planta con propiedades estupefacientes está sometido en España a un estricto sistema legal de autorización y control por parte del Ministerio de Sanidad con el exclusivo fin de obtener las sustancias necesarias para la industria farmacéutica», se arrancó. De modo que cualquier otra forma de cultivo queda incluida «en la previsión de los artículos 368 y concordantes del Código Penal». En esta regulación, se contemplan penas de cárcel de hasta seis años.

En Euskadi hay 54 asociaciones de consumidores de cannabis a las que pertenecen unas 5.000 personas que disfrutan de esta planta con naturalidad (el consumo no está penado) y no quieren acudir al opaco y a veces peligroso mercado negro para conseguirla. ¿Cómo pretende controlar la fiscalía a estos colectivos? Dice José Ramón Noreña que hay dos vías. La primera es acudir a los estatutos y comprobar si en ellos se recoge la comisión de hechos delictivos. Sin embargo, esta estrategia es bastante ingenua ya que los textos «son lo suficientemente genéricos para que no se pueda detectar en ellos la comisión de ilícitos».

La «trampa» legal

La segunda vía es supervisar la «actividad real» de las asociaciones. «Si se realizan actos de cultivo o comercialización de manera irregular estaríamos ante un delito contra la salud pública», aseguró el fiscal jefe. En este sentido, aseguró que «la Fiscalía Especial Antidroga y las fuerzas y cuerpos de seguridad están atentos a las actividades reales» de los mencionados colectivos para «evitar que bajo la aparente cobertura del derecho de asociación y de la libertad de expresión puedan cometer delitos».

El problema es que, según se mencionó en la ponencia del Parlamento Vasco -apoyada por todos los grupos-, hay un vacío legal, una especie de limbo que rodea a estas asociaciones para las que también el Ararteko, Íñigo Lamarca, ha apoyado la elaboración de una regulación específica. Sin embargo, a juicio del fiscal antidroga «no hay ningún vacío legal». Si acaso, lo que se da es «una trampa». Se refiere al «consumo compartido», que sí está autorizado y es el argumento al que apelan las asociaciones. Lo que ocurre es que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, este derecho está «restringido a reuniones de muy pocas personas, tres o cuatro, que encargan a una de ellas la adquisición de la sustancia para consumirla todos ellos, pero evidentemente no se está pensando en asociaciones» con cientos de miembros. «Estaremos muy atentos», insistió Noreña, y si los colectivos exceden el criterio de consumo compartido «iniciaremos las acciones correspondientes».

Clarificar conceptos

Por último, el fiscal se refirió a la ponencia del Parlamento Vasco que busca la regularización de los clubes sociales de cannabis, la primera de esta naturaleza que se da en España. Concedió que el foro puede ser útil para «clarificar conceptos» en el aspecto médico, jurídico o epidemiológico, y también como vía para «resolver dudas sobre el asunto y abrir un debate».

Sin embargo, en cuando a la finalidad de lograr una regulación propia en Euskadi, fue muy claro: «Una comunidad no tiene competencias para legalizar un tipo de actividad en el que la regulación es competencia exclusiva del Estado».