Detrás del bajo porcentaje de usuarios comprando cannabis por vías legales en Uruguay, lo que falta es un esquema de incentivos que -como en cualquier mercado- sea atractivo para los consumidores. La rigidez que presentan las alternativas legales en relación al registro, la elección de una única vía de acceso, los topes máximos a las cantidades que se puede adquirir o autocultivar legalmente, la poca variedad, parece que son contraproducentes para maximizar el alcance de la política. La regulación uruguaya de cannabis 2.0 tendrá, entonces, que repensar un diseño que otorgue mayor flexibilidad y contribuya a la expansión de un mercado legal, y no de uno gris como hasta ahora.