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Francia recaudaría 1.800 millones al año si legalizara el cannabis

Una fundación socialista propone acabar con la política represiva y fomentar su producción y consumo como monopolio de Estado

Gabriela Cañas
Una planta de cannabis, en una feria celebrada en Montevideo la semana pasada.
Una planta de cannabis, en una feria celebrada en Montevideo la semana pasada. ANDRES STAPFF (REUTERS)

Francia dispone de una durísima política represiva contra la marihuana que aplica, sin embargo, con cierta laxitud. Sus leyes contemplan altas multas de hasta 3.750 euros y cárcel incluso a perpetuidad por tráfico ilegal y la prevalencia del consumo, sin embargo, es una de las más altas de Europa. La Fundación Terra Nova, próxima al Partido Socialista gobernante y en la que figura como personaje destacado el ex primer ministro Michel Rocard, propone legalizar su venta, producción y consumo como monopolio del Estado. Los firmantes del análisis plantean diversos escenarios, pero se decantan por esta modalidad siempre que se elevara el precio en un 40% para no aumentar el consumo. El resultado: el tesoro público recaudaría cada año 1.800 millones de euros.

Según los autores del estudio publicado este viernes en la página web de Terra Nova, la prohibición del cannabis ha resultado un fracaso, una idea que se ha abierto paso hace tiempo en la ONU y en diversos países de la OCDE y de América Latina, mientras que la tolerancia social hacia esta sustancia sigue en aumento. Los autores -Pierre Kopp, profesor de la universidad de la Sorbona, Christian Ben Lakhdar, de la Universidad de Lille, y Romain Perez, responsable de economía y finanzas de la fundación- recuerdan, además, el alto coste de la represión en Francia: 568 millones de euros anuales. Esta factura disminuiría considerablemente en caso de que el Estado aplicara su propuesta.

El Gobierno de François Hollande, sin embargo, no prevé cambiar su política al respecto. Diversos ministros, como la de Sanidad, Marisol Touraine, o el responsable de Interior, Bernard Cazeneuve, se han manifestado contrarios a cualquier modificación legislativa. Según Le Monde, que se manifesta contraria a la política represiva, el actual Ejecutivo, sumido en la gestión de la crisis económica y con una muy baja valoración social, considera que plantear este tema conlleva un alto riesto electoral.

Para analistas de Terra Nova, limitarse a despenalizar el consumo impediría controlar el precio y dispararía la demanda, que calculan en un 16% más de tráfico y un 12% más de consumo. Legalizar el cultivo, la venta y el consumo, sin más, generando un mercado legal de libre competencia también reportaría importantes ingresos al Estado (1.700 millones) y reduciría los precios, pero ello conllevaría un aumento del consumo. La opción favorita es, por tanto, la del monopolio estatal, que habría que aplicarlo en fases, permitiendo en un primer estado la competencia ilegal actual hasta detentar el control absoluto atrayendo a los usuarios hacia un mercado legal mucho más seguro. La subida posterior de un 40% del precio impediría el aumento del consumo, un cálculo basado en el éxito obtenido por el alza del precio del tabaco, cuyo consumo ha disminuido en un 37% entre 2001 y 2013, a pesar del aumento de la población.

El gran argumento utilizado para defender la legalización es la alta prevalencia del consumo de cannabis en Francia, a pesar de la dura legislación al respecto. Según los datos del Observatorio Europeo de la Droga, con sede en Lisboa, Francia está entre los de mayor prevalencia de Europa, con un 8,44% de la población entre los 15 y los 64 años. La prevalencia en España es del 9,6%, pero lo habitual es que allá donde la permisividad es mayor dicha prevalencia sea menor. Son los casos de Holanda (7%) y Portugal (2,7%). Especialmente preocupante para Francia es que entre los jóvenes de 15 a 24 años la prevalencia se ha disparado hasta el 20,75%, solo por debajo de Dinamarca (23,9%) y ya ligeramente por encima de España (20,70%).

El análisis recuerda que la mera represión, además de no frenar el consumo, promueve de alguna forma las redes mafiosas existentes en torno a la droga. Uno de los problemas de la legislación francesa es que apenas distingue entre cannabis y otros estupefacientes mucho más peligrosos para la salud.

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Sobre la firma

Gabriela Cañas
Llegó a EL PAIS en 1981 y ha sido jefa de Madrid y Sociedad y corresponsal en Bruselas y París. Ha presidido la Agencia EFE entre 2020 y 2023. El periodismo y la igualdad son sus prioridades.

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