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Uruguay y Canadá: socios en defensa de la marihuana
William Bromfield no era un embajador cualquiera. A fines de los años noventa había sido uno de los principales articuladores del Plan Colombia, el proyecto de la administración Clinton para combatir al narcotráfico en ese país. Años después, Bromfield encarnó en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas el abordaje prohibicionista de Washington en el tema drogas. Por eso, Milton Romani no se sorprendió cuando este tejano le dijo en Viena que “el único marihuanero que sirve es el marihuanero muerto”.
Poco tiempo había pasado desde que Uruguay se había transformado en el pionero en regularizar el mercado de cannabis. A nivel internacional ese paso le valió el aplauso de los pocos que exploraban transitar por ese sendero y la crítica de los que se oponían al experimento uruguayo.
Cinco años después, Bromfield no solo debería dirigir sus dardos al representante uruguayo sino que ahora también debería ver cómo hace para decirle lo mismo al aliado con quien goza en su frontera norte de la mayor interdependencia que se haya constatado entre dos países. Con la entrada en vigencia de la legalización del cannabis, Canadá se convirtió este miércoles en algo más que el seguidor del ejemplo uruguayo. El otro estado que se aventuró en regularizar la comercialización del cannabis es una de las siete economías más importantes del mundo y un nuevo socio para los uruguayos que defienden la idea fuera de fronteras.
Justamente la defensa de “una filosofía” de reducción de daños en materia de salud y seguridad –base del proyecto uruguayo– es uno de los varios elementos que unen a las dos experiencias, dijo el embajador uruguayo en Canadá, Martín Vidal, en diálogo con El Observador.
Esta base fundamental común auspicia el estrechamiento de los vínculos diplomáticos en torno a este tema. Por lo pronto, el acercamiento ya se dio en Viena donde Canadá fue blanco de críticas en los últimos días, tal como Uruguay lo fue en su momento. En abril los representantes de los dos gobiernos cosponsorearon una resolución que establece la necesidad de “promover actitudes no estigmatizantes para garantizar la disponibilidad, el acceso y la prestación de servicios de salud, atención y servicios sociales para los usuarios de drogas”.
A nivel bilateral, además, proliferó la cooperación técnica entre el Instituto de Regulación y Control del Canabis (Ircca) con el Ministerio de Salud Pública y el Centro de Adicción y Salud Mental.
A fines de setiembre el gobierno lanzó una guía con diez recomendaciones para prevenir el consumo problemático de marihuana que estuvo basado en el trabajo de los institutos canadienses. Vidal entiende que este acercamiento fue “muy bueno, abierto y fundamental para generar confianza”.
Pero la apuesta es a más. La profundización de la cooperación diplomática está en el horizonte. No sería el primer ejemplo de dos países que les resulta beneficioso coordinar posiciones y hacer un frente común en un tema sobre el que ambos tienen intereses.
¿Cuándo se podría activar ese acercamiento formal? La clave está en los pasos que pretenda seguir Canadá a nivel internacional. Los dos países han argumentado que el objetivo y el espíritu de la regularización no es violar convenciones de Naciones Unidas, sino posibilitar un consumo seguro, coherente con la agenda de protección de derechos.
Sin embargo, los canadienses reconocen que con la legalización se incurre en contradicciones técnicas a un tratado internacional. Como uno de los principales cultivadores de la multilateralidad y el respeto del derecho internacional, a nadie le sorprendería que Canadá quisiera cambiar esas convenciones que resultan contradictorias. Y agarrado al impulso de ese país que tiene status y legitimidad internacional puede ir Uruguay.
“Está bueno tener un compañero en esto”, dijo Vidal para quien el intercambio de ideas es una situación lógica. Y ya hay algunas señales. La embajadora de Canadá en Uruguay, Joanne Frappier, fue una de las oradoras en la presentación de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal de Uruguay esta semana y dijo que ambas naciones podrán “trabajar juntos”.
“Canadá y Uruguay van a tener oportunidades para caminar juntos, trabajar en la escena internacional y seguir sus objetivos de Salud Pública”, declaró la diplomática.
Los canadienses apuestan a posicionarse como los líderes mundiales en materia de cannabis. Además del consumo estimado del orden del 20% de la población para el uso recreativo –el más alto para un país perteneciente a la OCDE– y del 1% para el medicinal, prevén que tendrán que abastecer otros mercados y, por eso, varios empresarios de ese país pusieron la mira en Uruguay.
Obstáculos bancarios
A diferencia de Uruguay, Canadá tiene una larga experiencia con este tema que data de 2001 cuando en ese país se legalizó el cannabis medicinal que alcanzó un registro de 350 mil personas.
En aquel momento aparecieron las mismas trabas del sistema bancario estadounidense con las que se topó Uruguay. Los grandes bancos canadienses decidieron no seguir prestando servicios por las presiones y las cooperativas de ahorro y crédito –instituciones bancarias más pequeñas y sin vínculos con Estados Unidos– salieron a la cancha.
Así funcionó la operativa hasta hace un año cuando, adelantándose a lo que se venía, uno de los cinco bancos que hay en Canadá decidió asumir el riesgo. El Banco de Montreal (BMO) comenzó a abrir cuentas vinculadas al cannabis medicinal y hasta capitalizó algunas empresas. Desde el miércoles hace operativas vinculadas al cannabis recreativo y hasta ahora no ha tenido problemas.
Al impulso del BMO se sumó otro de los cinco grandes: el Toronto-Dominion y tampoco tuvo represalias. Tanto el Scottia Bank –una institución que está en Uruguay– como el RBC están observando lo que pasa con los otros dos grandes para ver si avanzan sobre el asunto. El quinto banco involucrado es el CIBS que participa en una pequeña porción del mercado.
Previo a la entrada en vigencia de la ley, el BMO y el Toronton-Dominion se pusieron en contacto con sus corresponsales en Estados Unidos para ver de qué forma se podía resolver la prohibición federal. Aunque no hay noticias oficiales de un acuerdo, trascendió un arreglo que se basa en tres puntos básicos: que las transacciones sean en dólares canadienses, que todo se haga de acuerdo al marco legal y que se haga un chequeo de antecedentes exhaustivo de los clientes a los que le abran las cuentas para evitar el lavado de dinero.
La pregunta es si llegada la hora los bancos uruguayos (o los internacionales con sede en Uruguay) tendrán la misma ponderación que los canadienses.
La experiencia con la legalización del cannabis medicinal, la preeminencia de un alto consumo, el alto nivel de aprobación de la opinión pública (en el entorno del 65%) y la aceptación del proyecto a nivel político (contaba con la aprobación del gobernante Partido Liberal y el Nuevo Partido democrático) hizo que la regularización llegara con “condiciones” para dar el paso, según Vidal.
A diferencia de la experiencia uruguaya, en Canadá no se hizo un registro obligatorio para el cannabis recreativo y se despenalizó el consumo (en Uruguay ya lo estaba).
El gobierno canadiense estableció una base legal que constituye un mínimo común pero, al ser un gobierno federal, las provincias tienen autonomía para trabajar aspecto reglamentarios como la distribución, los puntos de venta, dónde se puede fumar y la edad desde la que se puede consumir.
Por ejemplo, la edad mínima que fija la ley es 18 años, pero la provincia de Ontario decidió fijar el mínimo en 19 que es la edad a partir de la que se puede comprar alcohol. La distribución quedará en manos del sector privado en esa provincia, mientras que en Quebec será patrimonio de la administración provincial que ya tiene un monopolio público para el tema alcohol.
La producción es responsabilidad de privados que obtengan la licencia correspondiente (hay alrededor de 120 empresas de las cuales 25 cotizan en la bolsa de valores de Toronto) y el precio será de US$ 7,5 el gramo.
