La detención de uno de los máximos dirigentes de la FARC pone a prueba la institucionalidad creada por el Acuerdo de La Habana. La Sala de Revisión de la JEP tendrá que determinar si pierde los beneficios jurídicos y podría ser extraditado y hay duda de si aplica la “silla vacía” en el Congreso. Bien lo dijo el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera: la institucionalidad creada en Cuba enfrenta una verdadera prueba de fuego. Y es que el arresto con fines de extradición de uno de los más importantes dirigentes de la exguerrilla ambienta la desconfianza en lo firmado y puede producir una deserción de enormes proporciones. (También lea: Las siete consecuencias de la captura de Jesús Santrich | ¿Sobrevivirá el proceso de paz al Santrichgate?)