A partir de la aceptación de la reserva boliviana al artículo 49 de la Convención sobre Estupefacientes de 1961, en el país se han dado pronunciamientos y opiniones diversas. Unos han reputado este hecho como un triunfo diplomático y otros le han restado importancia, calificándolo como una gestión dirigida a satisfacer las expectativas del sector productor de la hoja de coca más que como una reivindicación de derechos culturales y ancestrales.