El 15 de septiembre de cada año, el presidente de Estados Unidos presentó al Congreso de su país un informe acerca del estado actual de los acuerdos internacionales sobre interdicción y lucha contra las drogas. Se trata de un reporte anual sobre cuya base el Departamento de Estado decide qué países son “certificados” y por lo tanto, “premiados” con estímulos como preferencias arancelarias, y qué países, al no merecer la “certificación” estadounidense, son sometidos a diversos tipos de sanciones. Por tercer año consecutivo, el informe fue negativo y contradictorio para Bolivia.