Trece años después de su primera comparecencia, las asociaciones de usuarios de cannabis volvieron ayer a pisar el Parlamento Vasco para reclamar que se regule el cultivo y consumo propio de marihuana y se les dé cobertura legal para acabar con la «inseguridad jurídica» en que desarrollan su actividad: son entidades debidamente autorizadas (pagan incluso impuestos), pero a la vez padecen la incautación de sus plantas y detenciones de sus socios. «Ya va siendo hora de poner negro sobre blanco la situación», defendió Martín Barriuso, portavoz de la Federación de asociaciones que compareció junto al donostiarra Iker Val, presidente del club Ganjazz.