Colombia

Panorama de las leyes, tendencias legislativas, y políticas de drogas en Colombia

Colombia se encuentra inmerso en un proceso de paz con las guerrillas que incluye el tema de las drogas en sus diferentes fases de producción, tráfico y consumo. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha jugado un rol prominente en la arena internacional como promotor del cambio de la actual política de drogas. Pero a nivel nacional, aún está pendiente una modernización de la ley de drogas vigente que data de 1986. Esta página muestra lo que ha sucedido en estas materias en los últimos años.

Para las últimas noticias sobre la reforma de la legislación sobre drogas en Colombia haga clic aquí.

Amapola, opio y heroína

El cultivo de la flor de amapola en México y Colombia forma parte de una economía local destinada de forma casi exclusiva al mercado ilegal en el exterior: la demanda de heroína, principalmente en los Estados Unidos. En la actualidad existe una crisis humanitaria de gran envergadura en América del Norte en relación con este consumo y los opiáceos que circulan en este mercado. Las políticas de control del cultivo ilícito en México y Colombia han consistido exclusivamente en intervenciones con fuerza de erradicación, que provocan el desplazamiento del cultivo hacia otras zonas más remotas, la criminalización de los cultivadores y malestar en las comunidades afectadas.

Descargar el informe (PDF)

"El Gobierno no va a solucionar el problema de los cultivos ilícitos a punta de erradicación"

Los virajes que ha dado la política de drogas en Colombia nada que empiezan a arrojar resultados. Las alarmas permanecen encendidas por el incremento de los cultivos ilícitos, que rondan las 150.000 hectáreas sembradas. Los esfuerzos del Estado se han quedado cortos para frenar un negocio que se da en medio de un complejo panorama: la presión de Estados Unidos por resultados y la delicada situación en la que están sumidos miles de campesinos. La estabilidad del proceso de paz, tal y como lo ha planteado Dejusticia, en el libro Coca, instituciones y desarrollo, también depende de que el Estado deje de perseguir penalmente al campesinado cocalero. (Véase también: A detener la criminalización del campesinado cocalero)

El uso de la cárcel se salió de proporción

Las estrategias antinarcóticos aprovecharon la selectividad del derecho penal para convertir la política de drogas en una guerra contra los más débiles: contra aquellos que desempeñan tareas logísticas en el negocio del narcotráfico (como las personas que sirven de correos humanos o expendedores minoristas), que son fichas reemplazables y reciben baja remuneración. La pregunta que surge es: ¿por qué persistir en una política que causa el encarcelamiento masivo de personas, que afecta particularmente a quienes tienen experiencias de vida marcadas por la marginalidad educativa o laboral y que ha causado daños irreparables a mujeres, hombres y jóvenes?

Las cárceles están llenas de jíbaros, no de narcotraficantes

La más reciente investigación sobre el impacto de la política de drogas en el sistema carcelario en Colombia, titulado Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia de Dejusticia y el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEED), demuestra que la lucha antidrogas sólo envía a la cárcel a las personas menos estudiadas, más pobres y que han cometido los delitos menos graves. Hay una relación directa entre la persecución penal por delitos de drogas y los alarmantes índices de hacinamiento en todo el país, un hecho que se ha convertido además en una amenaza directa al respeto de los derechos fundamentales de los presos en el país.

La nueva ruta de la marihuana medicinal

Luego de una controversia de más de tres décadas, la aprobación de una ley el año pasado, la expectativa de una industria naciente y los anhelos de miles de enfermos, el Ministerio de Salud y Protección Social acaba de expedir un decreto trascendental que se convierte en la carta de navegación y reglamenta las actividades de cultivo, comercialización y uso de semillas de la planta de cannabis para fines médicos y científicos en Colombia. Una norma que además registra las condiciones para que los pequeños cultivadores puedan competir en el mercado y que los hace partícipes del desarrollo alternativo del posconflicto. (Véase también: Autocultivos de marihuana para uso personal no necesitarán licencia)