El gobierno envió ayer al Parlamento los cuatro primeros proyectos de ley contenidos en el paquete de medidas de seguridad. Finalmente, la internación compulsiva de adictos se incluyó entre las disposiciones a ser consideradas por el cuerpo legislativo, pese a que esta medida no formó parte de los anuncios.

En la reunión del martes por la noche en la residencia de Suárez y Reyes, en la que participaron el presidente José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori, algunos ministros del Gabinete de Seguridad y legisladores del Frente Amplio, hubo varios tires y aflojes a la hora de definir qué proyectos de ley serían enviados al Parlamento. En principio, algunos sectores, como el Partido Socialista, eran reticentes a la internación compulsiva de adictos.

En ese encuentro, el Ejecutivo presentó un proyecto sobre tratamiento para víctimas de adicciones que incluía la internación compulsiva, con una redacción muy similar al actual artículo 40 del Decreto-ley de Estupefacientes impuesto por la dictadura en 1974. Dicho artículo dispone que “el que fuere sorprendido consumiendo sustancias estupefacientes o usando indebidamente sicofármacos o en circunstancias que hagan presumir que acaba de hacerlo portando estupefacientes para su uso personal, deberá ser puesto a disposición del Juzgado Letrado de Instrucción de Turno”. El juzgado ordenará un examen del detenido por el médico de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías y por el médico forense, quienes deberán redactar un informe dentro de las siguientes 24 horas. Si del examen surge que se está ante “un drogadicto, el Juez impondrá el tratamiento en un establecimiento público o privado o en forma ambulatoria”.

Algunos legisladores objetaron la redacción y el Ejecutivo se comprometió a modificarla para su envío al Parlamento. Sin embargo, la información sobre el proyecto publicada ayer en la página en internet de Presidencia no difiere sustancialmente de la redacción antedicha. El texto -que se envía “por iniciativa personal” de Mujica, según se aclaró desde Presidencia- dispone la internación compulsiva de adictos a las drogas cuando exista “riesgo”. El procedimiento consistirá en localizar a las personas que estén consumiendo drogas en la vía pública o en espacios “públicos o privados no habitados”, o “que se presuma que acaban” de consumir, o portando drogas, y que “tal situación signifique un riesgo para sí o para terceros”. Se constituirán brigadas especiales, integradas por funcionarios de un nuevo organismo llamado Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes, que llevarán a los consumidores a “un Centro de Atención que habilitará el Poder Ejecutivo”, donde lo atenderá un equipo interdisciplinario y donde no podrá permanecer más de 24 horas. Al mismo tiempo se dará cuenta al Juzgado Letrado competente, que determinará “si se mantiene la internación en una institución pública o privada dispuesta especialmente para este tipo de tratamientos”.

La senadora emepepista Lucía Topolansky dijo ayer a la prensa que la internación compulsiva se funda en que la adicción es “una enfermedad” como “el cólera” y que debe “aislarse” al adicto.

Alejarse de Pedro

Otro tema que estuvo en discusión fue el aumento de las penas máximas para los adolescentes infractores, de cinco a diez años. Nicolás Pereira, de la CAP-L, argumentó que esa disposición “históricamente ha mostrado que no es solución”. “Nos ubica en un panorama desde el punto de vista conceptual muy similar al de [Pedro] Bordaberry”, cuestionó. En el mismo sentido se pronunció el diputado socialista Julio Bango. “Si el centro es la reeducación y metés al adolescente diez años preso, entra a los 15 y sale recién a los 25, y tenés una persona asocializada”, señaló.

En cambio, se acordó elevar la pena mínima para los adolescentes que cometan delitos “gravísimos” (homicidio, secuestro, copamiento, violación o rapiña) de tres meses a un año. Esto está contenido en un proyecto de ley enviado ayer, que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por otra parte, se acordó conformar una comisión en la órbita del Poder Ejecutivo para elaborar un Código de Responsabilidad Penal Juvenil.

Otro proyecto enviado ayer fue el que dispone la creación de un fondo nacional de indemnización a los familiares de los fallecidos en caso de delitos violentos (secuestro, copamiento, rapiña o violación), creado por el aporte de 1% de los seguros públicos y privados que se comercializan. El 75% de ese fondo se destinará a pensiones reparatorias para familiares de esas víctimas y el restante 25% para fortalecer al centro de atención a las víctimas de la violencia y el delito.

El cuarto proyecto que ya está a consideración del Parlamento eleva en un tercio el mínimo y el máximo de las penas en casos de corrupción policial. Para el caso del tráfico de pasta base, se aumenta la pena mínima a cuatro años y la máxima a 15 años de penitenciaría. Actualmente el delito de tráfico de drogas se castiga con 20 meses de prisión a ocho años de penitenciaría.

“Acordamos los ejes centrales, los detalles se discutirán en el Parlamento”, acotó la diputada Daniela Payssé (Asamblea Uruguay). “Confío en que el acuerdo que existe es tan grande que no van a tener modificaciones mayores”, manifestó por su parte el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

En el encuentro en Suárez y Reyes no se adoptaron definiciones respecto de la despenalización de la marihuana. El Poder Ejecutivo está trabajando en el tema y quedó en presentar una propuesta a la bancada frenteamplista antes de enviar el proyecto al Parlamento.