¿Una guerra perdida?

Los resultados del informe sobre cultivos ilícitos en Colombia para el año anterior no son alentadores. La coca pasó de 48 mil hectáreas en 2013 a 69 mil en 2014. Ministro de Justicia anuncia nuevo enfoque en la lucha antidrogas.

Valentina Obando Jaramillo
03 de julio de 2015 - 02:39 a. m.

Justo después de la controversia desatada por la suspensión de la aspersión como método de erradicación de cultivos ilícitos, los resultados del informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Colombia (Simci), presentado este jueves, parecen reafirmar la tesis de que, si bien sirvió para combatir el problema, el glifosato no es el método para acabarlo. En 2014 el número de hectáreas cultivadas con hoja de coca aumentó 44% sobre 2013 y se pasó de 290 a 442 toneladas de cocaína potencialmente producidas en ese mismo período (un aumento del 52%), todo esto a pesar de que se asperjó 18% más que en 2013.

“La definición de la locura es hacer lo mismo varias veces y esperar resultados diferentes”, dijo el ministro de Justicia, Yesid Reyes, durante la presentación del informe. Con esas palabras explicó que continuar con la misma política de erradicación de cultivos no llevará al país a un resultado diferente de los que ya obtuvo. El ministro hizo énfasis en que es necesario evaluar las estrategias que se usan en la lucha contra la droga, ya que los resultados del enfoque represivo han sido positivos con respecto a las grandes organizaciones, pero insuficientes para combatir los eslabones débiles de la cadena, es decir, los consumidores y los pequeños cultivadores de coca, amapola y marihuana. Según el ministro, la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016 será la oportunidad para presentar propuestas con base en las experiencias territoriales y que incidan en las políticas de los programas antinarcóticos en todo el mundo.

En el informe se presentan también dos teorías que, según los investigadores, podrían explicar el cuantioso incremento de los cultivos. La primera es de carácter político y dice que las comunidades ven en el cultivo de coca una oportunidad de interlocución con el Gobierno y, en esa medida, pueden ser objeto de programas de desarrollo que mejoren sus condiciones. La segunda tiene relación con el precio de la coca en el mercado, pues así como sucedió en Guaviare, donde el valor del kilo de coca aumentó 42%, otras zonas también experimentaron en el último año un alza en el valor del producto base para la elaboración de cocaína.

La concentración de los cultivos sigue estando presente en los territorios que tradicionalmente han sido productores de coca: Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Catatumbo. En ellos converge el 73% de cultivos. Lo cual quiere decir que, a pesar del incremento, no hubo una expansión a nuevos territorios, toda vez que el 84% de los cultivos están en los mismos o máximo a un kilómetro de distancia de los cultivos identificados en el estudio de 2013. Estas regiones tienen en común el ser significativamente vulnerables y tener poca confianza en el Estado. Un panorama desalentador si se tiene en cuenta que uno de los puntos de la agenda de los diálogos de paz con las Farc se concentra en la reducción sostenible de los cultivos ilícitos.

Los cultivos de coca pasaron de 48.000 hectáreas en 2013 a 69.000 hectáreas en 2014, una cifra que no se veía desde 2007, cuando la tendencia cambió de dirección y empezó a disminuir. Los cultivos de coca ocupan el 0,04% del total de la tierra cultivable en Colombia. Tumaco (Nariño) lidera la lista de los municipios con el mayor incremento de cultivos (36%), seguido de Barbacoas, en el mismo departamento. Otro asunto que genera gran preocupación es el aumento de los cultivos en territorios protegidos, como consejos comunitarios afros, resguardos indígenas y parques nacionales naturales, especialmente en La Macarena y Nukak.

El documento también presenta una alerta por la probabilidad del aumento en el consumo interno, ya que el Informe Mundial de Drogas publicado la semana pasada mostró que el consumo en Europa y Estados Unidos es alto pero la prevalencia de uso ha disminuido, lo que significaría que, al no incrementar la demanda en el exterior, la oferta en Colombia tiende a aumentar, por eso se hace énfasis en la prevención del consumo.

Con respecto a las políticas antidrogas, tanto el ministro de Justicia como el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bo Mathiasen, coincidieron en que el desarrollo alternativo es una de las estrategias que pueden tener mayor sostenibilidad en el tiempo para garantizar el no retorno de los cultivos a las mismas zonas de antes. Para el ministro Reyes, las cifras son reveladoras y el balance general deja dudas sobre la estrategia: después de 12 años de fumigación los resultados globales son la reducción total de 14.000 hectáreas (en 2002 había poco más de 86.000 hectáreas cultivadas; en 2014 había 69.132).

Frente a estos resultados, el ministro anunció que en las próximas semanas se presentarán ante el comité interinstitucional nombrado por el Consejo Nacional de Estupefacientes las recomendaciones indicadas para la nueva estrategia. “El desarrollo alternativo será uno de los ejes fundamentales para la concreción del nuevo enfoque, porque sólo transformando los territorios, dotándolos de bienes públicos y reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos que allí habitan, lograremos enfrentar de manera eficiente y sostenible la existencia de cultivos ilícitos en nuestro país. Ese sigue siendo nuestro compromiso”. 

Por Valentina Obando Jaramillo

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