CANNABIS LEGAL

Gobierno creará registro y fiscalización de nuevos locales.

TOMER URWICZ

Nunca mejor dicho: la regulación de la marihuana es un "experimento" y, como tal, implica ensayo y error. De las tres vías de acceso al producto con fines recreativos, la venta en farmacias es la más innovadora y, a la vez, la que ha sufrido más marchas y contramarchas. El gobierno anunció ayer que sumará un nuevo tipo de establecimiento —cuyo nombre se desconoce, y que "no esté tan condicionado por el sistema financiero"—, para la comercialización del cannabis en efectivo.

Las autoridades buscan mediante esta "medida parche" continuar con el cumplimiento de la ley y sortear la incompatibilidad del negocio con la operativa bancaria. La solución de fondo, dijo el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, sigue siendo que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley federal que permita el comercio de este producto si está regulado. Pero Uruguay no tiene el "control ni el ritmo de trabajo" de lo que acontece con este proyecto, explicó.

Por eso antes de que termine esta semana, el Poder Ejecutivo decretará la creación de un registro de interesados en la venta de marihuana, quienes, al igual que sucede con las farmacias, deberán pasar por los controles antilavado.

Esta nueva normativa, que según las autoridades es al amparo de la ley de dispendio de medicamentos, hace caer algunos de los requisitos que eran excluyentes para la comercialización en farmacias. Hoy el gobierno les exige a estos locales que los dueños sean anteriores a la aprobación de la ley de regulación del cannabis para prevenir el narcotráfico y que sus comercios cuenten con la habilitación del Ministerio de Salud.

Según la información a la que accedió El País, a priori se mantendrá la revisión de las finanzas por parte de la Secretaría Antilavado y que el local deberá contar con un armario amurado para guardar un máximo de dos kilos de cannabis separado de otros productos.

El ministro de Economía, Danilo Astori, lo había confirmado el lunes: según las leyes bancarias, la operativa con cannabis deberá hacerse en efectivo. Esto significa que el dueño de la farmacia, o del nuevo tipo de establecimiento que habilitará el Ejecutivo, no podrá tener cuentas en bancos a nombre de la empresa ni a título personal. O mejor dicho, podrá tener una cuenta siempre y cuando el banco, en su monitoreo, no lo detecte. Y al estar "descolgado" del sistema bancario clásico, no accederá a préstamos, hipotecas, chequeras y otras prestaciones de estas instituciones.

El pago del salario a los empleados como a los profesionales que le brindan un servicio (por un valor superior a $ 220 mil) deberá hacerse mediante el sistema bancario, pero no implica que el dueño tenga una cuenta. Alcanza con depositar en efectivo el monto en la cuenta del destinatario. Y el dinero vuelve así al circuito.

Ante posibles incumplimientos de la ley, los bancos tendrán que trabajar aún más. La pregunta es cuán activas estarán estas entidades para "pescar" a los infractores.

También la Secretaría Antilavado aumentará sus labores. Es que ante un nuevo establecimiento, sin control de antigüedad del dueño y sin cuenta bancaria, "naturalmente se dificulta el control del lavado de activos", explicó el tributarista Leonardo Costa.

"Al César lo que es del César". Así definió la Federación de Cannabicultores lo que anunció ayer el gobierno. Según Julio Rey, uno de sus líderes, la venta en otros establecimientos es una muestra de "flexibilización" de una ley que "es demasiado estricta" y que "fue hecha con mucha desconfianza". Y explicó: el texto "ha alejado a los cultivadores y usuarios de la manufactura y producción del cannabis".

Rey recordó que la justificación para que sean las farmacias las que vendan la marihuana se basó en la historia de estos comercios. "A principios del siglo XX las farmacias podían vender cannabis —sobre todo el extracto— y cocaína para uso clínico". Estos locales, además, "ya contaban con experiencia en el manejo de sustancias que alteran la consciencia y, se supone, brindan seguridad".

Pero el anuncio del gobierno abre el juego y otra incógnita en la experimentación.

Cultivadores, socios de clubes y defensores de la ley de regulación de la marihuana están organizando una marcha para que Uruguay retire el cannabis de la lista de sustancias prohibidas. "La marcha, que con seguridad se realizará la primera semana de octubre desde la Plaza Cagancha hasta la Torre Ejecutiva, tiene el objetivo de que el país ejerza su soberanía", explicó Julio Rey, uno de los organizadores.

La normativa de la Organización Mundial de la Salud divide a los fármacos sujetos a control internacional en cuatro listas. La número uno, en la que está el cannabis, prohíbe estas sustancias excepto para fines científicos y "médicos muy limitados".

Quitar la droga de esta lista es, según los organizadores de la marcha, "una garantía y un facilitador de la regulación del producto". Y según Rey, "no implica que Uruguay quede descolgado de los tratados internacionales que ha firmado".