Desde que hace dos años, la Fiscalía General del Estado publicase la instrucción 2/2013 que regulaba la actuación represiva del Ministerio Público contra los clubes de consumo de cannabis, la Generalitat, a través de la Dirección General de Entidades Jurídicas, ha denunciado a 258 asociaciones ante la sospecha de que, al amparo de unos fines "filantrópicos de estudio de los efectos del cannabis", en realidad son organizaciones que pueden estar traficando a pequeña o media escala. La Fiscalía Especial contra la Droga en Cataluña ha tramitado 40 denuncias penales.