Cultivos de coca siguen avanzando en cinco parques nacionales

Por las 158.000 hectáreas del parque Catatumbo Barí, en Norte de Santander, transitan el jaguar, la danta y el oso de anteojos. Predominan las orquídeas, bromelias, bejucos y heliconias, además de árboles con alturas superiores a los 45 metros. Sin embargo, cada año los grupos armados ilegales arrasan con más y más hectáreas para sembrar cultivos de coca. El 2019 no fue la excepción, según el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).

El año pasado se identificaron 6.785 hectáreas de cultivos de coca en los parques nacionales, asegura el informe. Es decir, hubo una reducción del 14 por ciento respecto al 2018.  Sin embargo, en cinco áreas protegidas como el Parque Catatumbo Barí, la situación empeoró: hubo un incremento del 66 por ciento.

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También se incrementó en La Paya (Putumayo) un 49 por ciento en el área sembrada. Mientras los parques del andén Pacífico Munchique (Cauca), Farallones de Cali (Valle del Cauca) y Sanquianga (Nariño) vieron un aumento del 10, 14 y 39 por ciento, respectivamente.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) analizó estas cifras y detalló en un reciente informe que detrás de este incremento hay varios factores. Para comprender lo que ocurre dentro de esas áreas protegidas de gran valor ambiental, la FIP hizo un acercamiento a los parques más afectados, muchos de ellos ubicados en zonas de alta producción de coca. También visitaron a algunas familias que están dentro y fuera del parque que sobreviven de los cultivos ilícitos en áreas protegidas.

Más allá de que a 2014 había 22.000 familias en parques, según el Censo Nacional Agropecuario; de que en su estimación más alta, al menos 3.819 podrían tener cultivos de coca; y de que el 98 por ciento de estos hogares no tiene servicio de acueducto, la FIP resalta que no es una población homogénea respecto a su relación con los cultivos ilícitos y el acceso a la tierra.

En el caso del parque Catatumbo Barí, Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, asegura que está ubicado en la principal zona productora de coca, en donde operan grupos armados ilegales como el Eln y las disidencias de las Farc del frente 33.

En cuanto a la población que allí vive, Garzón dice que hay colonos y comunidades indígenas. Destaca que entre esos mismos colonos hay diferencias: quienes llegaron a la zona antes de que fuera declarada área protegida y quienes se han apropiado de estas tierras recientemente.

Sin embargo, la FIP encontró que hay comunidades interesadas en avanzar en la sustitución y algunas están dispuestas a salir de parques. “En el Parque Farallones de Cali hay gente que quiere ser reubicada y otras quieren hacer ecoturismo. Pero, sabemos que la reubicación es muy difícil, porque no hay tierras”, agregó Garzón.

Y es que la situación del Parque Farallones también es preocupante. El parque tenía 33 hectáreas sembradas con coca en 2010 y en 2019 ya son 640 hectáreas. Aquí, poco a poco van arrasando con el bosque para expandir la siembra de coca.

En esa lista de áreas protegidas más afectadas hay dos que han sido escenarios de cultivos de coca durante muchos años: el parque La Macarena, en el Meta; y la reserva Nukak, en el Guaviare.

En La Macarena, en particular, se evidencia una desarticulación entre la política ambiental y la política de sustitución de cultivos ilícitos, ya que, según la FIP, en esta zona muchas familias han pasado de la coca al ganado, una actividad también prohibida en áreas protegidas. Además, allí también se evidencia la tensión entre Gobierno y campesinos debido a las recientes intervenciones militares.

En el caso de la reserva Nukak, cuenta Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, quien ayudó a revisar el informe de la FIP, es una zona alejada donde existen condiciones para el cultivo, procesamiento y transporte de coca hacia las fronteras de Brasil y Venezuela.

“Además de los pequeños cultivos de campesinos y colonos, existen los llamados cultivos industriales, de gran tamaño, que obedecen a inversionistas de gran capacidad financiera. Recientemente se viene llevando a cabo un proceso de erradicación forzosa, dado el crecimiento de estos cultivos en la cuenca alta del río Inírida, en el corazón de la reserva”, dijo Botero.

Tanto Garzón como Botero coinciden en afirmar que los más afectados han sido los indígenas nukak makú, porque han sido vinculados durante años a los procesos de recolección de hoja de coca. “Muchos han recibido base de coca como pago, creando problemas de adicción. También hubo casos documentados de esclavitud y abuso sexual”, señaló Botero.

En cada parque, la participación de las comunidades indígenas y campesinas en la siembra, recolecta y transporte de la coca es muy diferente. Una participación, que en muchos casos está presionada por grupos armados ilegales, o por las condiciones de pobreza y abandono estatal.

Según cuenta Botero, fuera de la reserva Nukak, la participación de los indígenas ha sido más protagónica. “Su capacidad de movilidad en el monte y ríos es muy apreciada para la movilización de mercancía”, añade Botero. En el caso de campesinos, es frecuente ver que tienen su finca fuera del área protegida, y un lote en el interior, de manera que complementa sus ingresos. “También hay quienes responden a un inversionista externo que no reside en la zona”, dice Botero.

La FIP resalta que para reducir los cultivos de coca en parques, diferentes gobiernos no han logrado conectar su política de antinarcóticos con su política de desarrollo y protección ambiental. Hace referencia al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que se derivó del acuerdo de paz con las Farc. Aunque registra un cumplimiento positivo de la erradicación en parques, la gente se quedó sin proyecto productivo, porque en parques están prohibidas las actividades agrícolas y de ganadería.

“Es hora de pensar en una agenda de sustitución de cultivos y en una de drogas verde, porque alrededor del 60 por ciento de los cultivos ilícitos está por fuera de la frontera agrícola, eso nos lleva a pensar que este modelo clásico donde la gente reemplaza la coca por el café no es el indicado”, señaló Garzón.

Garzón también menciona el riesgo de un nuevo repunte de hectáreas de siembra en áreas protegidas ante un eventual regreso de la fumigación aérea con glifosato, ya que al estar prohibida la fumigación en parques, los cultivos se mueven a estas zonas, en donde también es propicio por la falta de presencia institucional.

En efecto, la investigación ‘Cultivo de coca y erradicación de cultivos en Colombia: los desafíos de integrar la realidad rural en una política antidrogas eficaz’ (2016) muestra que si bien las políticas de drogas entre 2001 y 2012, entre ellas la fumigación aérea con glifosato, redujeron las hectáreas de siembra de coca, no ocurrió lo mismo en los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas, localizadas principalmente en la región del Pacífico. Allí se vio un incremento de un 46 por ciento –pasó de 4.500 hectáreas a 6.600–.

Finalmente, Garzón asegura que desde Parques Nacionales y desde el Pnis se están haciendo esfuerzos por pensar en alternativas compatibles con la protección del ambiente y el desarrollo de las familias que por décadas han vivido en las zonas más biodiversas del país.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

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