Copenhague apuesta por los establecimientos controlados de cannabis
Regulación del mercado del cannabis al fracasar las medidas para volver a criminalizarlo
El ayuntamiento de Copenhague está llevando adelante una propuesta para volver a descriminalizar el cannabis y ha creado un comité para estudiar la mejor forma de regular su oferta y distribución. La opción por la que se inclina consiste en una red de 30 o 40 establecimientos de cannabis, controlados por el consejo municipal, en los que los adultos podrían adquirir cannabis legalmente. Con 39 votos a favor y nueve en contra, el ayuntamiento de la ciudad decidió elaborar un esquema detallado de cómo se desplegaría el plan. Más adelante, la propuesta que resulte de ello aún deberá ser ratificada por el Parlamento danés, que ha bloqueado iniciativas parecidas en el pasado. Pero tras las elecciones nacionales que tuvieron lugar en septiembre de 2011, podría ser que, esta vez, el Parlamento apoye la medida de descriminalización.
Los aspectos detallados del plan aún se tienen que acabar de resolver, pero Mikkel Warming, responsable de Asuntos Sociales de la ciudad, se imagina un sistema parecido al del monopolio estatal para el alcohol que funciona en la vecina Suecia. El Gobierno se encargaría de cultivar la marihuana o bien otorgaría licencias para ello. “Estamos pensando en, quizá, 30 o 40 dispensarios públicos, donde la gente no está interesada en venderte más, sino que está interesada en ti”, declaró Warming. “¿A quién es mejor que le compren los jóvenes? ¿A un traficante que quiere que consuman más, que quiere que compren drogas más duras, o a un funcionario?”. Warming prevé también que se recauden unos 100 millones de euros en impuestos sólo en la ciudad de Copenhague.
Ver el vídeo (en inglés) realizado por la organización Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) sobre la regulación legal del cannabis en Copenhague (o seguir leyendo esta entrada):
Warming señaló que el ayuntamiento desea que la política de descriminaliación de Copenhague tenga un mayor alcance que la de los Países Bajos, donde el cultivo y la importación de cannabis siguen siendo actividades ilegales, aunque se tolere su venta en los coffee shops que cuentan con la debida licencia. “No queremos un modelo como el de Amsterdam. Queremos una forma de legalizar la importación y el cultivo de marihuana”, afirmó. De hecho, la política danesa en materia de drogas era bastante parecida a la neerlandesa hasta que varios Gobiernos liberales-conservadores optaron por un enfoque basado en la tolerancia cero y volvieron a criminalizar el consumo de cannabis. Al principio, la política que se adoptó en 1975 contemplaba la descriminalización por la tenencia para consumo personal, hacía hincapié en la salud pública en lugar de la aplicación estricta de la ley, y establecía una distinción entre drogas ‘blandas’ y ‘duras’ (diferencia que también se esfumó cuando se volvió a criminalizar el mercado del cannabis).
Se calcula que el mercado del cannabis en Copenhague tiene un valor de unos 200 millones de euros (1.500 millones de coronas danesas) al año y que, ahora, está controlado por bandas de delincuentes. El concejal socialdemócrata Lars Aslan Andersen opina que asumir el control del comercio beneficiaría a todos los ciudadanos, consuman o no cannabis, por no hablar ya de la ciudad en sí. “Es mejor que sea el ayuntamiento el que distribuya el hachís, y no los delincuentes”, señaló. “Espero que tengamos la oportunidad de probar una nueva política porque no podemos seguir con la actual estrategia de prohibición del hachís, que está muy obsoleta.”
El fracaso de la criminalización
La propuesta responde a las fallidas políticas que buscaban volver a criminalizar varias actividades relacionadas con las drogas adoptadas por sucesivos Gobiernos liberales-conservadores de la última década. En 2004, el Gobierno modificó la política vigente para volver a criminalizar la tenencia para consumo personal, con lo que se pasó de una advertencia a una multa obligatoria de 70 euros (que fue cuadruplicada en 2007). La nueva ley fue seguida por una ofensiva policial contra el mercado abierto de cannabis al detalle del barrio de Christiania y los llamados hash clubs, locales en los que se comercia con cannabis o coffee shops al estilo de los Países Bajos que también ofrecen un espacio social, en el resto de la ciudad. Estas medidas formaban parte de una política general de control de drogas basada en la tolerancia cero, integrada en un cambio más general de la política en materia de ley y orden en Dinamarca, cuando subieron al poder los liberales-conservadores.
Los resultados, sin embargo, no han sido muy alentadores, por decirlo suavemente. El tráfico en las calles floreció en toda la ciudad y aumentó la violencia relacionada con el mercado de las bandas de delincuentes, que se estaban disputando el control de los puntos de venta; hubo incluso episodios de asesinatos con armas automáticas. Tanto la policía como los políticos tuvieron que reconocer que el tráfico seguía prosperando en las calles, aunque fuera de manera algo más discreta. Los grupos más violentos de traficantes que consiguieron resistir a las redadas periódicas de la policía son los que controlan el mercado ahora. La policía afirma que algunos tienen conexiones con bandas, y la ‘guerra entre bandas’ de 2009 se ha vinculado directamente con el comercio de las drogas. Según un estudio reciente de Kim Moeller, los nuevos actores del mercado negro están más dispuestos a utilizar la violencia y han ganado terreno, tanto desde el punto de vista geográfico como financiero.
Según otro estudio de Moeller sobre la regulación de los mercados de cannabis en Copenhague, los objetivos normativos de reducir el tráfico de drogas y acabar con la ‘calle de los traficantes’ en Christiania y otros mercados negros parecían haberse alcanzado en cierto grado, pero sólo de manera superficial. Los problemas asociados con el comercio al detalle de cannabis parecían haberse limitado en alcance, pero lo que sucedió, en esencia, fue que se escondieron del escrutinio público y, de hecho, aumentaron. Los episodios de violencia sistémica en el nuevo mercado negro, despiadadamente competitivo, debido a la ofensiva de las autoridades apuntaban al fracaso del nuevo enfoque represivo.
Hay también otras voces que coinciden con esta opinión en cierta medida. “Si el objetivo era acabar con el tráfico de hachís en Christiania, no se puede hablar en absoluto de éxito”, en palabras del presidente de la Federación Danesa de Funcionarios Policiales. Según la policía, el principal motivo por el que no consiguieron detener el comercio de cannabis por completo fue porque ello exigiría unos recursos enormes.
De la criminalización a la regulación
Decepcionado con el resultado de las políticas de criminalización, en septiembre de 2009 el ayuntamiento de Copenhague aprobó un memorando que proponía poner en marcha una proyecto piloto de tres años. La idea era crear establecimientos de cannabis en los que trabajarían profesionales de la salud y en los que se vendería cannabis en pequeñas cantidades a unas 50 coronas (unos 7 euros) por gramo, un precio parecido al encontrado en la calle actualmente. El cannabis sólo podría ser adquirido por los residentes de la ciudad, con lo que se evitaría el ‘turismo cannábico’ de los Países Bajos, que procedería principalmente de Suecia.
En diciembre de 2009 el ayuntamiento decidió ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia para obtener el permiso necesario e iniciar ese proyecto piloto, y poner así a prueba si un mercado de cannabis regulado por ley podría: (1) tener un impacto positivo sobre el consumo y, especialmente, sobre el abuso de cannabis; (2) crear una plataforma para una educación pública más eficaz sobre el impacto y el daño causado por el consumo de cannabis; (3) generar un contacto mejor y más temprano entre las personas adictas al cannabis y el sistema de tratamiento; (4) reducir la transición del consumo de cannabis al de otras sustancias más peligrosas y adictivas; y (5) tener un efecto limitador sobre la delincuencia organizada, especialmente la de bandas violentas. Para desarrollar debidamente el experimento y, en particular, para reducir la participación de la delincuencia organizada, la regulación descriminalizadora debería incluir todas las etapas asociadas con el cultivo, la importación, la compra y la venta de marihuana, y no sólo la de algunos eslabones de la cadena de producción-consumo, puntualizaba el ayuntamiento.
La administración liberal-conservadora que estaba en el poder en el momento tumbó la propuesta, pero con la nueva fuerza de centro-izquierda que asumió el Gobierno tras las elecciones nacionales de septiembre de 2011, los artífices de la nueva medida opinan que la descriminalización podría obtener esta vez el apoyo de una mayoría parlamentaria, y el consejo municipal de Copenhague decidió volver a plantear su propuesta para regular el mercado de cannabis en la ciudad.
Sin embargo, la regulación de la oferta de cannabis a través de dispensarios controlados por el Gobierno planteará dificultades con la adhesión de Dinamarca a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Los Países Bajos llevan décadas lidiando con sus obligaciones internacionales, desde que optaron por permitir a los coffee shops vender abiertamente, ‘por la puerta principal’, pequeñas cantidades de cannabis para consumo personal en los años setenta. Aunque la venta en los locales se reguló, los propietarios de los coffee shops aún tenían que abastecerse en el mercado negro, por ‘la puerta de atrás’ del establecimiento. Con los años, el suministro de cannabis fue pasando paulatinamente a manos de organizaciones delictivas, especialmente desde que se inició una campaña contra el cultivo dirigida fundamentalmente contra los cultivadores de buena fe.
El ayuntamiento de Copenhague desea, comprensiblemente, evitar que se dé una situación tan controvertida. Según Warming, el responsable de Asuntos Sociales de la ciudad, el hecho de que el modelo de Copenhague cumpla con las convenciones de la ONU es una cuestión de interpretación. Y son esas distintas posibles interpretaciones en el marco del régimen internacional de control de drogas las que serán objeto del próximo artículo de nuestro weblog.