Mario Vargas Llosa y Jaime Bayly encendieron el debate sobre la descriminalización del consumo de drogas en el país desde sus trincheras mediáticas en los últimos días. Ricardo Soberón, abogado, máster en Política Internacional y Estudios de Seguridad e investigador de políticas antidrogas y temas amazónicos, argumenta aquí a favor de reemplazar el modelo represivo basado en la detención de los consumidores por uno que convierta este problema en una cuestión de salud pública.

El Código Penal peruano castiga el tráfico ilícito de drogas pero no la posesión de pequeñas dosis para consumo personal, ¿este no es un signo liberal de nuestra legislación?

–Si bien la ley no penaliza el consumo, este en la práctica está criminalizado. Lo prueban las propias estadísticas de la Policía Nacional: de las cerca de 12 mil personas detenidas anualmente por presunto delito de tráfico ilícito de drogas y microcomercialización, un promedio de 8 mil son consumidoras. Estos individuos, arrestados ilegalmente, normalmente son liberados luego de 15 días, tal como establece la Constitución. Como los agentes policiales no tienen mecanismos para diferenciar si un cigarro de marihuana lo va a fumar uno mismo o lo va a vender a un tercero, prefieren detenernos.

Pero el artículo 299 del CP precisa el peso límite de estupefacientes para el consumo personal: 8 gramos para la marihuana, 5 gramos para la pasta básica de cocaína y 2 gramos para el clorhidrato de cocaína. La Policía tiene un marco legal que le permite separar a los consumidores de los vendedores.

–Ellos estiran su interpretación de la ley y cargan con todos. Para empezar, los oficiales antinarcóticos no tienen balanzas para calcular estas dosis personales. Detrás de su comportamiento hay un negocio de coimas y amenazas. Se sabe también que algunos agentes reciben bonos económicos de parte de la oficina de Administración de Leyes sobre las Drogas de la Embajada de Estados Unidos en el Perú de acuerdo con la cantidad de “traficantes” que detienen. La experiencia internacional nos enseña que tratar el problema de las drogas solo por la vía policial y penal es un contrasentido.

¿Por qué convendría despenalizar el tráfico y la microcomercialización de drogas en el país?

–Fundamentalmente, porque la prohibición no ha resuelto las causas que motivan la producción de la hoja de coca y su transformación en PBC y cocaína, ni ha reducido la tendencia creciente de consumo. Latinoamérica sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana. Además, este esquema represivo ha generado un margen de ganancia abrumador para el narcotráfico, y altas cuotas de corrupción y violencia. Esta situación no nos debería llevar directamente a legalizar el tráfico de drogas en el país, sino a elaborar políticas matizadas que permitan atacar las causas.

¿Como cuáles?

–En primer lugar, hay que reformular las figuras penales sobre las drogas orientando la represión severa a las organizaciones criminales complejas. No es posible que dos hermanos que venden pasta básica en La Victoria sean considerados legalmente una organización criminal; el Código Penal debe caracterizar mejor a este tipo de grupos. En segundo lugar, hay que empadronar nuevamente a los 80 mil productores peruanos de coca, ordenarlos territorialmente y crear mecanismos legales de elaboración de productos lícitos de coca.

En tercer lugar, hay que reformar el aparato de justicia penal: el 16% de la carga procesal de Lima Metropolitana corresponde hoy a casos de tráfico ilícito de drogas; y buena parte de esta congestión está relacionada con microcomercializadores: ellos son un eslabón reemplazable de la cadena de la venta de estupefacientes, se trata normalmente de gente desempleada y vulnerable que termina sobrepoblando las cárceles del país. De los 44 mil internos que hay en promedio en el Perú, cerca de 11,400 están presos por tráfico ilícito de drogas. De estos, el 61% no tiene sentencia a la fecha, ni beneficios penitenciarios. Así, estas personas no tienen ninguna posibilidad de rehabilitarse. La guerra contra las drogas, con el enfoque prohibicionista, está perdida.

¿A través de qué mecanismos propone despenalizar la venta de drogas?

–Despenalizar significa disminuir la pena de un delito sin que este deje de ser ilícito, es decir reducir el castigo. Las penas para el tráfico de estupefacientes deberían ser proporcionales con la cantidad de gramos que se porta, y así permitir la fácil excarcelación de los microcomercializadores.

Derecho a alterar mi conciencia

¿Cómo resolver el problema del consumo?

–Hay tres tipos de usuarios de drogas: ocasionales, recreativos y problemáticos. Estos últimos son minoritarios en todo el mundo. 208 millones de personas usan algún tipo de droga ilícita por lo menos una vez al año. En el Perú, la droga más popular es la marihuana, que, según el último reporte la Comisión Global sobre la Marihuana elaborado por la fundación Beckley, tiene efectos negativos sobre la salud menores que el alcohol y el tabaco. Sin embargo, las drogas legales tienen en nuestro país una gran aceptación (según cifras de INEI y Devida, el 83% de peruanos alguna vez consumió alcohol en su vida). No hay que olvidar que el adicto a las drogas ilícitas no es un delincuente, sino un paciente. Y como tal, debe ser tratado como un usuario del sistema de salud pública.

¿Esto implicaría, como propone Jaime Bayly, la libre disponibilidad de drogas en farmacias y tiendas para adultos?

–Le aseguro que esa libre disponibilidad hoy existe: hay teléfonos a los que uno puede llamar para pedir un poco de cocaína o marihuana por delivery. El sistema represivo es absolutamente permisible. Nosotros proponemos la creación de un mecanismo formal del Estado que permita acceder a la cocaína y a sustancias que tienen principios químicos similares, como la amapola y el opio, como analgésicos médicos frente al dolor en casos de enfermedades terminales como el cáncer.

Pero, más allá del plano médico, ¿cree que sería saludable la oferta legal de estupefacientes para uso social en farmacias y tiendas?

–Yo no lo haría así, sino a través de un sistema restrictivo que detecte rápidamente abusos e identifique a los usuarios problemáticos. Además, se velaría por la calidad de las sustancias con el fin de reducir, por ejemplo, el consumo de PBC, una de las drogas más dañinas. Yo creo en un mercado regulado de estupefacientes en el que haya control estatal permanente de los centros de expendio.

¿La existencia de estos espacios no significaría la renuncia del Estado a su rol protector de la salud pública y el fomento del consumo de drogas?

–La libertad de conciencia es un derecho que tiene diversas manifestaciones, una de ellas es la capacidad de cualquier ciudadano a alterar su conciencia. No es función del Estado decirte que consumas o que no consumas drogas, sino educarte para que tengas una decisión informada.

Cruzada latinoamericana

El documento "Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma", avalado por políticos y académicos latinoamericanos como César Gaviria (ex presidente colombiano), Fernando Henrique Cardoso (ex presidente brasileño), Mario Vargas Llosa y Moisés Naím (escritor venezolano), propone:

• Transformar a los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.
• Evaluar con un enfoque de salud pública, y de mano de la ciencia médica, la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.
• Reducir el consumo a través de innovadoras campañas de información y prevención basadas en testimonios de ex adictos.
• Focalizar la represión hacia la lucha implacable contra el crimen organizado.

Estas medidas son ya una realidad en países europeos como Holanda, Bélgica y Dinamarca. En Alemania, por ejemplo, desde 1994 se han abierto más de 50 centros de inyección segura de heroína con supervisión médica. En América Latina, se discuten políticas similares en México y Argentina.