Leyes antidrogas contribuyen a crisis carcelaria en América Latina
Jueves, 9 de diciembre, 2010
Las políticas antidrogas de América Latina provocan hacinamiento en sus cárceles y no son efectivas en la lucha contra el narcotráfico, ya que los detenidos no son altos mandos, según un estudio presentado hoy en Buenos Aires por organizaciones no gubernamentales (ONGs).
"El modelo es detener y encarcelar al número máximo de personas con relación a las drogas. Esa política ha fracasado en Estados Unidos, que tiene un poder tremendo, y tampoco va a funcionar en otros lados", afirmó John Walsh, coordinador del programa de políticas de drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
El Transnational Institute (TNI) y WOLA presentaron en la capital argentina el estudio "Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina", en que se indica que las leyes de drogas "han contribuido a la crisis carcelaria que viven ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay".
Esto se debe a que "imponen penas desproporcionadas a los delitos de drogas cometidos, no contemplan lo suficiente el uso de penas alternativas y promueven el uso excesivo de la prisión preventiva", según el estudio. A su vez, la mayoría de los encarcelados por drogas "no son altos o medianos mandos del narcotráfico, sino eslabones más bajos de la cadena".
Pien Metaal, coordinadora del proyecto sobre reforma a las leyes de drogas del TNI, afirmó que "encarcelar a ofensores menores con el fin de restringir el narcotráfico es inútil, pues al día siguiente los altos jefes los reemplazan", mientras que para los detenidos "la prisión les destruye la vida".
En tanto, Walsh sostuvo que el Estado de Derecho "no sólo implica el cumplimiento de la ley, sino una constante discusión de si la ley es justa o no, además de que siempre se la debe perfeccionar".
El estudio señaló que en Colombia el 98 por ciento de los presos por delitos de drogas entre 2007 y 2009 eran "ofensores de menor grado, o por lo menos, no se les pudo probar lo contrario". Al margen de las diferencias entre los ocho países estudiados, hay muchos puntos en común.
Por ejemplo, los encarcelados por drogas, por lo general, provienen "de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos con poca educación formal, bajos ingresos, oportunidades limitadas".
"Muchos entran al negocio de las drogas por desesperación económica, pero la realidad es que el transporte, venta y producción a este bajo nivel no saca a nadie de la pobreza, pero se vuelve una opción porque representa un ingreso constante", explicó Coletta Youngers, investigadora afiliada a WOLA.
Entre las desproporciones de las condenas en delitos por drogas respecto de otro tipo de acciones ilegales, el estudio señala que en Ecuador "una 'mula' puede terminar más años en la cárcel que un asesino".
"Para reestablecer la porporcionalidad en las sentencias, urge que las autoridades introduzcan lineamientos más claros para identificar los diferentes niveles en el tráfico y tipos de drogas, e impedir que los consumidores acaben en la cárcel", dijo Metaal.
Otro de los problemas detectados es que las cárceles de los ocho países estudiados "no garantizan estándares mínimos internacionales", generalmente por presupuestos e infraestructuras deficientes.
En función de este escenario, "Sistemas sobrecargados" propone una serie de políticas que consisten en establecer y ampliar las alternativas al encarcelamiento para aquellos acusados por delitos menores de drogas, incluyendo la eliminación de las sanciones penales por la posesión para uso personal, suprimir las penas mínimas obligatorias y evitar la detención preventiva en el caso de delitos menores de ofensores no violentos.
A su vez, plantea que se debe estimular un "debate abierto sobre las ventajas y desventajas de avanzar hacia un mercado legal y regulado para la cannabis".
