Informe advierte "incoherencia" en las políticas antidroga de Uruguay
Incautaciones. Por lo general no superan los 10 gramos en cada caso
Viernes, 10 de diciembre, 2010
Un estudio regional observó que en Uruguay existe "incoherencia" entre la legalidad del consumo de droga y las detenciones policiales. Y critica los encarcelamientos por manipular bajas cantidades de sustancias.
La investigación, denominada "Sistemas Sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina", se realizó en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, comparando las políticas y las legislaciones vigentes sobre tráfico y consumo de drogas, y el hacinamiento penitenciario registrado en esos países.
El trabajo afirma que Uruguay "tiene una de las mejores políticas de drogas en el continente" porque, a diferencia de varios de los otros países, "no penaliza el consumo de estupefacientes ni su tenencia para el consumo personal".
El informe, elaborado por el Transnational Institute (TNI) -una organización con sede en Holanda- y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) -una institución sin fines de lucro que defiende los derechos humanos en América Latina- fue presentado ayer en la Universidad de Palermo de Buenos Aires.
En el capítulo sobre Uruguay, el estudio, en base a cifras del Ministerio del Interior, concluye que "en la mayoría de los operativos policíacos de incautación de drogas, decomisan no más de 10 gramos de drogas, por lo general de marihuana".
Por eso, si bien los "lineamientos políticos" del gobierno apuntan a los medianos y grandes narcotraficantes, "la mayoría de los operativos tienen que ver con la tenencia de sustancias en cantidades cercanas al límite de la definición de lo que podría ser tenencia para consumo. Y si se trata de casos de tráfico, son casos de menudeo".
"Es decir, se observa una incoherencia entre la legalidad de la posesión para consumo y las detenciones policiales", indica el informe, cuyo capítulo sobre Uruguay fue realizado por la socióloga Giorgina Garibotto.
"El hecho de que la mayoría de los operativos para incautar drogas sean para decomisar 10 gramos o menos, por lo general de marihuana, es un desperdicio de los recursos policiales y judiciales", dice Garibotto.
En cuanto a la pasta base, se plantea que en 258 casos se incautaron dos gramos o menos. "Esto plantea el interrogante de si, efectivamente, se está deteniendo a los traficantes de dicha sustancia o están siendo detenidos los usuarios más vulnerables", dice la socióloga.
Según el informe, de los 9.000 reclusos que hay en Uruguay, el 11% son por casos de droga. Agrega que "uno de los puntos más débiles en la crisis carcelaria es el sistema judicial" por las "demoras en expedirse, por el escaso uso de penas alternativas y el abuso del uso de (la) prisión preventiva".
DESPROPORCIÓN. A nivel regional, el estudio concluye que en los países analizados se "imponen penas desproporcionadas a los delitos de drogas cometidos, no contemplan lo suficiente el uso de penas alternativas y promueven el uso excesivo de la prisión preventiva".
A nivel general, el estudio del WOLA y el TNI sostiene que "en su mayoría las personas encarceladas por drogas no son altos o medianos mandos del narcotráfico, sino los eslabones más bajos de la cadena".
El endurecimiento de las leyes en torno a la droga en América Latina "ha hacinado las cárceles -con un alto costo humano- pero no ha frenado la producción, tráfico y consumo de drogas", dice el estudio.
Analizar legalidad de la marihuana
En sus recomendaciones, el informe del Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) propone "estimular un debate abierto sobre las ventajas y desventajas de avanzar hacia un mercado legal y regulado para el cannabis". A su vez, también insta a "permitir la venta en el mercado de productos naturales de la hoja de coca".
Por otro lado, el documento llama a "establecer y ampliar" las penas alternativas a la prisión "para aquellos acusados por delitos menores de drogas, incluyendo la eliminación de las sanciones penales por la posesión para uso personal". En Uruguay, la legislación no castiga la tenencia de pequeñas dosis para consumo personal.
