Panorama de las leyes de drogas y tendencias legislativas en El Salvador

Tendencias

Como consecuencia de una tregua entre las principales bandas de delincuentes del país (maras), el número de homicidios en El Salvador, en lo que va de 2013, ha disminuido en un 45 por ciento con respecto al año anterior. Siendo El Salvador uno de los país que tiene una de las tasas de homicidio más elevadas en el mundo (2011: 71 por 100 mil habitantes), la tregua constituye un paso hacia adelante en la erradicación de la violencia en las calles y según algunos, la lucha contra el menudeo y tráfico de drogas. En el territorio nacional existe un cierto volumen de transporte y almacenaje de cocaína, principalmente. Estos cargamentos vienen de los países productores en ruta hacia México y los Estados Unidos. El Salvador no se mostró favorable a la iniciativa del Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para discutir una posible regulación del mercado de las drogas. La posesión para consumo personal existe como figura, pero es castigada por la ley con reclusión carcelaria.

Ley

La Ley reguladora de actividades relativas a las drogas es una de las más recientes en esta región latinoamericana. Fue reformada en diciembre de 2003 por el decreto número 215 que modifica el artículo 34, donde se establece la cantidad de 2 gramos para diferenciar entre posesión para el consumo y tráfico de drogas, de todos los tipos de drogas, reduciendo las penas pero sin eliminar la penalización. En 2004 se añadieron tres párrafos más al mismo artículo 34 con referencia a la posesión y tenencia. Finalmente en 2006 se reformó el artículo 63.3 relativo a la destrucción de decomisos judiciales y el 68.3 sobre el programa de víctimas y testigos.

Leyes de drogas y tendencias legislativas en El Salvador

Siguiendo el dictado del artículo 65 de la Constitución salvadoreña, la salud de los ciudadanos es un bien público y debe ser preservado por el Estado y las personas. De esta manera al margen del Código Penal se ha creado una ley especial que regula las actividades con relación a las drogas, ya que en los últimos años el tráfico y consumo de drogas se han incrementado.

La ley anterior (marzo de 1991) para las actividades relativas a las drogas regulaba toda actividad relacionada con el cultivo, producción, fabricación, uso, tenencia y tráfico de sustancias estupefacientes. Debido al alza del narcotráfico y la proliferación de bandas de traficantes se generó una considerable presión política para cambiar esta ley, y en octubre de 2003 se derogaron sus disposiciones. A la vez, se promulgó una nueva norma más específica que resaltaba la prevención aunque a la vez aumentaba las penas privativas de libertad. Por ejemplo, el delito de siembra y cultivo que antes tenía una pena de 5 a 10 años ahora es de 10 a 15; o el delito de fabricación que pasó de 5-15 años a 10-15. En el caso de los delitos por tráfico o de promoción y fomento las penas siguen siendo las mismas, de 10- 15 y 6-10 años respectivamente.

Por otro lado, el artículo relativo a la posesión y tenencia (34) también ha sufrido alteraciones, sobre todo después de haberse promulgado la ley. Anteriormente la posesión de sustancias controladas era castigada de 3 a 6 años de prisión y no se hacía alusión alguna a qué cantidad marcaba el límite con el delito de tráfico o transporte, siendo el juez el que en cada caso concreto debía analizar las circunstancias del hecho. En diciembre de 2003 se estableció que este límite sería de 2 gramos, de tal manera que cuando la cantidad en posesión sea inferior a esta cifra las penas abarcarán de 1 a 3 años; si esta cantidad es igual o mayor a 2 gramos la pena será de 3 a 6 años. En el caso de que la tenencia (sea cual sea la cantidad) tenga como finalidad realizar cualquiera de las actividades que se contemplan bajo el delito de tráfico de drogas, la condena será de 6 a 10 años de prisión, siempre y cuando la conducta descrita no sea subsumible en otro tipo penal más grave. Sin embargo y a pesar de todas las reformas, dicho artículo sigue sin hacer alusión a una pequeña cantidad destinada al uso personal y por ende se entiende que la cantidad personal está prohibida.

Impacto de la legislación en la situación carcelaria

La situación de las instituciones penitenciarias en El Salvador es la más preocupantes de América Latina con alrededor de 30 mil detenidos habitando cárceles que tienen una capacidad para 9.060 personas. La tasa de sobrepoblación es de 253,5%, la más alta de América Latina. La tasa de encarcelamiento es la segunda más elevada de la región: 391 personas por 100 mil habitantes (UNODC, 2012).

En general, el abuso de la detención preventiva, las políticas de mano dura hacia las maras, la escasa respuesta gubernamental ante el crecimiento de la població de reclusos son las causas de esta sobrepoblación carcelaria. Hay que resaltar que alrededor del 27% de la población recluida está a la espera de juicio, un porcentaje relativamente alto, aunque no el más alto de la región. Solamente durante 2012 por presuntos delitos relacionados con drogas fueron detenidas alrededor de 3.000 personas.

Legislación y reforma

Marzo 2012 - Tregua de las pandillas. Desde 2001 el Gobierno salvadoreño intenta controlar los altos índices de violencia causados por las pandillas, con legislaciones y decretos bajo el lema y la práctica de “la mano dura”. En 2010 a través del Decreto 458, se prohíben las maras. La simple afiliación a estos grupos se convirtió en un delito. Los intentos de controlar la violencia tuvieron poco éxito, y la violencia siguió en aumento; 2009, 2010 y 2011 han sido los años más violentos, con un número de homicidios superior a 4.000 por año: en 2009: 4.367; en 2010: 4.004; y en 2011: 4.362 homicidios, lo que representa, por 100 mil habitantes, índices de 71, 66, y 71 respectivamente.

En marzo de 2012, mediante un comunicado conjunto de la Mara MS-13 y Barrio 18 se anunció un cese de la violencia entre las dos bandas. En un primer momento se pensó que el Gobierno había instado a esta tregua, ya que algunos de los líderes encarcelados de las bandas fueron trasladados pocas horas después a una prisión de menos seguridad con la posibilidad de ver a sus familias. Es cierto que al margen de la mediación del Gobierno - que al principio negó, pero luego reconoció su papel en la iniciativa - los pandilleros se comprometieron a no atentar contra los trabajadores del transporte público, agentes de policía, soldados y guardias de los centros penales, y mujeres en general. Todo ello quedó plasmado en un escrito que solicita que el Gobierno y las instituciones, como contrapartida a este alto a la violencia, posibiliten a los miembros de estas bandas un puesto de trabajo, reinserción social y productiva que contribuyan a devolverlos a una vida normal.

Este hecho, que ha sido valorado positivamente por varios países latinoamericanos así como por la ONU, no solamente ha dado resultados en cuanto al descenso de la violencia (32 muertes menos al día) sino que también evita el menudeo a nivel local. Formalmente la OEA acompaña el proceso de pacificación. Las pandillas no tienen las pautas de organización de las bandas de narcotraficantes pero son actores en el mercado a menor escala. Ahora se debate el diseño de un plan gerencial para facilitar la salida de los que se encuentran en las pandillas y prevenir que niños y jóvenes se integren en ellas, siendo necesario para ello el compromiso de las instituciones.

Julio 2012 - Arzobispo de San Salvador pide más debate sobre la despenalización - José Luis Escobar arzobispo de San Salvador ha afirmado en una rueda de prensa que sería muy positivo para la región que se discutiese la iniciativa de la legalización de las drogas ya que es inaceptable la masacre producida por el narcotráfico. Además el arzobispo comenta que el no está a favor ni en contra, simplemente opina que el debate existente es muy débil y que el Gobierno debería hacer un estudio a fondo sobre el tema con el fin de ofrecer mejores soluciones y buenos resultados.

Mayo 2013 - Un pequeño grupo de parlamentarios, tanto del Gobierno como de la oposición anunció su intención de romper el tabú sobre la conveniencia de discutir la legalización de las drogas. Como una iniciativa personal, estos parlamentarios quieren abrir el debate en El Salvador y estudiar alternativas a la estrategia fallida, ya que "cualquier posibilidad de discutir el tema es una contribución a su solución".

El Salvador en el debate internacional sobre políticas de drogas

Mauricio Funes, presidente de El Salvador, ha declarado en varias ocasiones que los países del triángulo del norte tiene que tomar medidas conjuntas para atajar el problema del tráfico de drogas y de los transportistas que protegen y trasladan los cargamentos a través de la carretera panamericana. Esta preocupación también se ha trasladado al seno de la ONU, donde el presidente ha solicitado que los países consumidores luchen contra el narcotráfico solicitando especialmente la colaboración de los Estados Unidos: “Centroamérica unida, junto con México y Colombia, hemos acordado políticas conjuntas para dar esta batalla. Necesitamos que nos acompañen y se sumen a esta batalla el Gobierno y el pueblo de Estados Unidos”.

En cuanto al tema en debate referente a la legalización de la drogas, El Salvador pertenece al grupo de países que no apoya la iniciativa del presidente Pérez Molina de Guatemala. El presidente Funes ha dicho en varias ocasiones que está de acuerdo en que los países centroamericanos tomen una posición conjunta en lo que se refiere al narcotráfico, como nuevas medidas de tratamiento o un enfoque distinto al existente. Aunque reconoce que la medida de la legalización sería un golpe para los cárteles de la droga, no encajaría con la moral existente ya que convertiría a Centroamérica en un paraíso para el consumo y haría sencillo el acceso a las drogas para niños y jóvenes.