La política de Desarrollo Alternativo de USAID en Colombia
Un análisis crítico
Octubre de 2011
El Desarrollo Alternativo no debe estar inscrito en un enfoque de seguridad militarizada como el que domina hoy en Colombia. Más que una acción dirigida a mostrar resultados en términos de la reducción de áreas de ilícitos, el Desarrollo Alternativo debe inscribirse en el marco de una propuesta de desarrollo rural y regional.
Descarga el informe (PDF)
La política de desarrollo alternativo (DA) de la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo internacional (USAID) en Colombia surgió en el año 2000 en el contexto del Plan Colombia. De los 869 millones de dólares con los que contó inicialmente este programa antinarcóticos, 123,5 millones se destinaron para USAID en Colombia, y de esto, 42,5 millones para los programas de DA en el país. El objetivo era generarles a los campesinos oportunidades lícitas de ingreso y empleo mediante la instrumentación de proyectos condicionados a la erradicación de sus cultivos de uso ilícito y al compromiso de no iniciar este tipo de cultivos en el futuro.
El programa ha tenido varias fases. En la primera (2001-2004) se usó el modelo de la sustitución de cultivos con el objetivo de generar empleos alternativos con inversiones del sector privado para garantizar la seguridad alimentaria. Este esquema aplicaba para los cultivos ilícitos la exigencia previa de ‘cero coca’ en las zonas en donde se intervino. El Putumayo fue el área piloto del programa, el cual se acompañó de una ofensiva militar en el sur del país. Pero mientras las acciones militares y de erradicación progresaron en la zona no sucedió lo mismo con el desarrollo alternativo en esas mismas áreas.
En la segunda fase (2005-2008) USAID decidió modificar la sustitución como indicador central del DA y se propuso trabajar con las comunidades buscando generar una cultura de prácticas económicas dentro de la legalidad. Con esta inspiración se desarrollaron principalmente los programas “Más Inversión para el Desarrollo Alternativo” (MIDAS) encauzado al fortalecimiento del sector productivo, y “Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal” (ADAM) enfocado en el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad. Pero USAID mantuvo el condicionamiento de ‘cero coca’ para intervenir con los programas. Además, el concepto de comunidad que maneja USAID se corresponde más con un concepto de sociedad en el que se producen procesos de individualización e incorporación de la empresa privada, distante de la comunidad tradicional campesina de las regiones intervenidas. La tercera y actual fase (2009-2013) es una reformulación de la política implementada en el periodo anterior.
Puntos clave
- El Desarrollo Alternativo no debe estar inscrito en un enfoque de seguridad militarizada como el que domina hoy en Colombia. Más que una acción dirigida a mostrar resultados en términos de la reducción de áreas de ilícitos, el Desarrollo Alternativo debe inscribirse en el marco de una propuesta de desarrollo rural y regional.
- Los programas de Desarrollo Alternativo deben asegurar la construcción de procesos sociales con la participación de las comunidades en todo el ciclo de los proyectos, incluida su formulación.
- Antes de intervenir en escenarios de conflicto, como sucede en la mayor parte de las zonas cocaleras o involucradas en corredores de tránsito, la cooperación internacional debería establecer diagnósticos detallados sobre aspectos como: cambios en la estructura de tenencia de la tierra por razón del conflicto; presencia de poderes emergentes provenientes del narcotráfico, paramilitarismo u otro actor armado; situación de las organizaciones legítimas y reconocidas de la comunidad (comunidades afro e indígenas); entre otros.
- Una redefinición del rol del Desarrollo Alternativo debe partir de un reconocimiento del proceso mafioso de control territorial y de un examen del enfoque contrainsurgente basado en la simbiosis “desarrollo y seguridad”. La cooperación internacional debería encarar una reflexión de fondo sobre estas materias.
