Consideraciones sobre el debate legislativo en torno a la ley de drogas
Noviembre de 2012
La figura de la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal se encuentra en el centro del debate sobre la necesidad de reformar la Ley de Estupefacientes 23.737, debate que pone en evidencia tensiones y contradicciones al interior del propio aparato del Estado y en la opinión pública sobre cómo enfrentar los fenómenos ligados a las drogas en el país. Diversos estudios sugieren que los argumentos que dieron sustento a esta legislación no se han verificado tras más de veinte años de su aplicación.
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Para muchos actores sociales, la tensiónse centra en una reformulación de las políticas que garantice el derechoa la salud de los usuarios de drogas como cuestión indisociable delrespeto por los derechos humanos. La definición del problema comodelito-enfermedad es sostenida aún por diversos actores gubernamentales yno gubernamentales, lo que se traduce en la dificultad para lograrcambios sustantivos en la formulación de políticas públicas, por lo queavanzar en una reforma legislativa aparece como un paso necesario quepromueva el pasaje de discursos innovadores y respetuosos de losderechos y garantías hacia prácticas efectivas de intervención.
Conclusiones
El debate sobre la política de drogas en Argentina no es ajeno a una generalizada percepción acerca de las consecuencias involuntarias del actual régimen de control, entre las que se cuentan el estigma y la discriminación de los usuarios de drogas, la saturación de los sistemas judicial y carcelarios, el crecimiento de un mercado ilegal controlado por organizaciones delictivas y la confusión entre políticas de seguridad y de salud. Esta percepción está impulsando la discusión en todo el mundo y, de manera particular, en América Latina.
No obstante, la construcción social del problema de las drogas -en tanto sustancias prohibidas-, y de su uso, en tanto desvío, continúa operando en la intersección de dos lógicas: la sanitaria, de cura, y la punitiva, de control. Resulta evidente que esta definición del problema como delito-en-fermedad es sostenida aún por diversos actores gubernamentales como no gubernamentales, lo que se traduce en la dificultad para lograr cambios sustantivos en la formulación de políticas públicas. Avanzar en una reforma legislativa aparece entonces como un paso necesario que promueva el pasaje de discursos innovadores y respetuosos de los derechos y garantías hacia prácticas efectivas de intervención.
