Representantes del gobierno de Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que negocian la paz en La Habana están a punto de abordar un punto clave: la “solución al problema de las drogas ilícitas”. Expertos coinciden en que un eventual acuerdo transita por el replanteamiento de la lucha contra la producción y tráfico de estupefacientes, lo que dejaría atrás la fallida estrategia “represiva” impuesta por Estados Unidos con el Plan Colombia.

BOGOTÁ.- Ante el fracaso de la lucha global contra la producción, tráfico y consumo de drogas, las políticas alternativas para combatir ese fenómeno comienzan a tomar forma en el marco del proceso de paz puesto en marcha en La Habana por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Durante las próximas semanas los delegados del gobierno y de la guerrilla discutirán el punto cuatro de la agenda de negociaciones titulado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Lo harán desde una perspectiva multidimensional a fin de reformular la estrategia de combate a las drogas seguida por este país en las últimas décadas y cuyo enfoque represivo –atado al Plan Colombia financiado por Estados Unidos– ha resultado ineficaz para atacar un problema cuya incidencia permanece inalterable a escala global.

El director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, Rodrigo Uprimny, dice a Proceso que el narcotráfico y la violencia asociada a éste han tenido un papel central en el conflicto armado colombiano. Para construir una paz estable y duradera, afirma, es clave avanzar en el desarrollo de políticas alternativas para enfrentar ese problema.

En los diálogos de La Habana pueden encontrarse salidas dentro del marco prohi­bicionista imperante en el mundo, pero éstas deben ser críticas, plantea el abogado. “Los colombianos –añade– no debemos creernos el cuento de que estamos haciendo un gran sacrifico por la salud mundial porque eso no es cierto. Somos víctimas de una política equivocada, y si tenemos conciencia sobre ese punto podemos encontrar políticas más razonables”.

El director de Dejusticia fue uno de los expertos convocados por la Universidad Nacional de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para participar en el Foro Nacional sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, el cual congregó en Bogotá a más de mil líderes sociales, académicos y dirigentes políticos. Luego de tres días de trabajo –entre el 24 y el 26 de septiembre últimos– los participantes pidieron a los delegados del gobierno y de las FARC en La Habana reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas, y acordar un replanteamiento de la estrategia antinarcóticos impuesta por Estados Unidos desde hace 50 años.

Representantes de campesinos, indígenas y afrocolombianos –cuyas comunidades se localizan en el corazón del conflicto armado interno y son las que pagan el más alto precio en la guerra contra las drogas– demandaron suspender las fumigaciones aéreas; se pronunciaron por la no erradicación manual de las plantaciones de hoja de coca y exigieron la implantación de una política de desarrollo agrario integral que brinde opciones a las miles de familias involucradas en los cultivos ilícitos, así como la despenalización de la pequeña producción cocalera.

“Es una realidad que el conflicto armado se fusionó con el narcotráfico para favorecer el negocio de las mafias y financiar a los actores armados. Esto sólo ha traído dolor a nuestras comunidades, al igual que la llamada ‘guerra contra las drogas’ que el Estado utiliza para arrasar las tierras de indígenas, campesinos y afrocolombianos, sin brindarnos ninguna alternativa”, dice el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias.

Enfoque alterno

El historiador e integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la UN, Carlos Medina Gallego, sostiene que en los diálogos de La Habana prevalece una mirada integral del problema de las drogas y el debate de la despenalización está presente en la mesa de negociaciones.

“No se puede creer que los eventuales acuerdos logrados por ambas partes en La Habana resuelvan el tema, porque se trata de un problema global. Sin embargo, en lo concerniente a Colombia, cuyo problema central es el de los cultivos ilícitos, las FARC y el gobierno pueden llegar a un acuerdo y desarrollar una acción mancomunada que apunte a una reducción importante del área de cultivos”, afirma el doctor en historia y experto en seguridad y defensa.

Y puntualiza: “Un acuerdo viable en La Habana es dejar de criminalizar a los eslabones más débiles de la cadena: los pequeños productores (de hoja de coca) y los consumidores de drogas. Sería un gran paso descriminalizar la producción, darles a los campesinos alternativas productivas, con mucha inversión del Estado, y ver a los consumidores como un problema de salud pública, es decir, tratarlos como enfermos, no como criminales. Si junto con esto se suspenden las fumigaciones de las aérea de cultivos, estaríamos frente a un cambio muy importante de la estrategia contra las drogas”.

Las FARC niegan estar involucradas en el narcotráfico, aunque aceptan que el fenómeno de los cultivos ilícitos de hoja de coca se da en sus zonas de influencia y cobran un “impuesto” por producción. El Ministerio de Defensa de Colombia responsabiliza al grupo rebelde de la mayoría de hoja de coca producida en el país, y afirma que esa planta constituye su principal fuente de ingresos.

El presidente Juan Manuel Santos dijo el pasado 24 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU: “Si logramos que la guerrilla, una vez desmovilizada, cambie de lado y se convierta en aliada del Estado para poner un dique al narcotráfico y terminar los cultivos ilegales, imagínense lo que eso significaría. Una Colombia sin coca y sin conflicto era un sueño imposible que ahora podemos hacer posible, para bien de los colombianos y del mundo entero”.

El comandante de las FARC, Pablo Catatumbo, uno de los negociadores en La Habana, acogió el planteamiento de Santos y en una entrevista con el Canal Capital el martes 1 dijo: “También para nosotros sería una aspiración vivir en una Colombia sin coca. Es posible alcanzar ese objetivo si se cambian las políticas represivas por un programa social de gran calado que permita a los campesinos sustituir esos cultivos sin que ello signifique una condena a la miseria y al hambre”.

Para el historiador Medina Gallego, tanto las FARC como el gobierno están en condiciones de lograr un acuerdo en el punto sobre drogas ilícitas que permita formular políticas integrales contra el narcotráfico. Éstas deberán ir más allá de la guerra contra los estupefacientes y brindar una respuesta social a las comunidades forzadas a involucrarse en la economía ilegal debido al abandono por parte del Estado y a la falta de opciones productivas.

“Las poblaciones latinoamericanas –enfatiza– se están yendo a las economías ilegales por sus propias necesidades primarias insatisfechas. La estrategia antidrogas debe tomar en cuenta esa realidad y los gobiernos deben asumir que la represión y el prohibicionismo han fracasado.”

Estrategia fracasada

El coordinador del Programa de Políticas de Seguridad Regional de la Oficina de Washington sobre Latinoamérica (WOLA,­ por sus siglas en inglés), Adam Isacson, sostiene que la obsesión de Estados Unidos por atacar la producción de drogas sin hacer demasiado por abatir el consumo tiene en el programa de fumigaciones aéreas con glifosato aplicado en Colombia una de sus expresiones más agresivas.

Entre 1996 y 2012, como parte del Plan Colombia, se fumigaron 1.6 millones de hectáreas de plantaciones de hoja de coca en Colombia. Esta estrategia militar impulsada por Estados Unidos ha contado en los últimos 13 años con inversiones por 9 mil millones de dólares por parte de Washington.

“Tanta fumigación ha dañado la credibilidad del Estado colombiano en muchas zonas remotas donde los pobladores piensan que el gobierno no es capaz de hacer presencia para solucionar los problemas de pobreza, pero sí está dispuesto a hacer llover veneno sobre sus cabezas para destruir sus cultivos, dañar la salud y afectar los ecosistemas”, señala Isacson.

Por su parte, el general retirado Rafael Colón, quien dirigió los programas oficiales contra los cultivos ilícitos, sostiene que la aspersión de plantaciones con el herbicida llamado glifosato es un mecanismo muy agresivo para las comunidades, que resulta inútil sin una política social para sacar de la miseria a la población rural. “Aquí tenemos un problema rural de pobreza extrema y de marginación social que el Estado no ha enfrentado de manera integral”, sostiene.

Según estimaciones del gobierno estadunidense, los cultivos de hoja de coca en Colombia se redujeron de 170 mil hectáreas en 2001 a 79 mil en 2012; no obstante, el rendimiento por hectárea creció más del doble y gran parte de la producción migró a Perú y a Bolivia.

La producción de cocaína pura también cayó en forma drástica en Colombia durante la última década, al pasar de 700 toneladas en 2001 a 175 toneladas en 2012; sin embargo, la producción del alcaloide aumentó en Perú y en Bolivia, pues saltó de 355 a 455 toneladas en el mismo lapso.

“En vez de reducir la oferta de drogas, la actual estrategia ha trasladado la producción de unos países a otros”, indica Isacson, y afirma que las más de 600 toneladas de cocaína que demandan cada año los países consumidores –con Estados Unidos a la cabeza– son abastecidas por los países andinos a pesar del alto costo en vidas, violencia, violaciones a los derechos humanos y exclusión social que han pagado estas naciones por la guerra antidrogas, en especial Colombia. En este país la cocaína ha alimentado el conflicto armado desde los ochenta, cuando ingresaron al negocio los grupos paramilitares que combatieron a la guerrilla en colusión con sectores de la fuerza pública y algunas élites regionales y nacionales.

De acuerdo con Uprimny, la guerra contra las drogas ha terminado por hacer más rentable el negocio, pues al aumentar el riesgo se elevan el precio y la ganancia del producto, lo cual se convierte en un poderoso incentivo para las organizaciones criminales. “Mientras la demanda persista esto no va a variar. En eso consiste el fracaso estructural del prohibicionismo”, afirma el director de Dejusticia.

Cambio de paradigma

La estrategia antidrogas ha ocasionado una excesiva criminalización de los delitos relacionados con drogas que tiene saturadas las prisiones de Colombia, donde la sobrepoblación carcelaria rebasa el 40%. Esta tasa se reduciría en más de la mitad al excluirse los delitos contra la salud.

Un estudio de Dejusticia encontró que 98% de personas privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas no tuvieron una participación importante en las redes del narcotráfico. Sólo 2% de los convictos por esos ilícitos son capos del narcotráfico y el resto son los eslabones más débiles, como campesinos cocaleros en extrema pobreza.

Los delegados de las FARC en La Habana piden acabar con la criminalización de los cultivos de coca, mariguana y amapola en Colombia y reorientar la mayor parte de esas extensiones de tierra hacia la producción de alimentos, con apoyo estatal. También demandan suspender las aspersiones aéreas y la erradicación manual de cultivos, por sus efectos nocivos sobre los campesinos.

Santos, por su parte, es –junto con su colega guatemalteco Otto Pérez Molina– el mandatario latinoamericano que con mayor vigor ha impulsado el debate regional sobre políticas alternativas para enfrentar el narcotráfico e incluso se ha mostrado a favor de “despenalizar drogas (como la mariguana), si el mundo lo acepta”. No se trata, ha dicho, de no combatir el problema, sino de hacerlo con estrategias diferentes a las que han fracasado.

Las conclusiones del Foro Nacional sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas serán presentadas a los negociadores del gobierno y de las FARC en La Habana en el transcurso del mes en curso. Éstas apuntan hacia un cambio de paradigma en la lucha contra las drogas mantenida a sangre y fuego por este país.

En Colombia se abre paso el consenso para que los diálogos de paz conduzcan a descriminalizar a los dos extremos de la cadena del narcotráfico: el pequeño productor de coca y el consumidor. Asimismo, a centrar la lucha antidrogas en la prevención social y en las partes más rentables del negocio: el procesamiento, el tráfico y, sobre todo, el lavado de dinero.