El Perú ha sido un importante productor mundial de hojas de coca y de sus derivados. Desde el año 2000 los sucesivos Gobiernos peruanos han seguido, en materia de drogas, una política de la reducción de la oferta a través de la interdicción y la erradicación. En este trabajo examinamos aspectos relacionados con los delitos de drogas en el Perú y sus impactos sobre el sistema penitenciario, así como el comportamiento de las agencias encargadas de cumplir la ley y acusar a las personas.

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El estudio comprende básicamente el período de transición democrática 2000-2008, lapso durante el cual el país aplicó políticas de control de drogas fundamentadas en normativas internacionales. Después de los dos delitos contra el patrimonio (hurto y robo), los delitos relacionados con drogas se han convertido en la tercera causa de encarcelamiento en el Perú, constituyéndose hoy día en uno de los factores causantes del hacinamiento de las cárceles. La expansión de la actividad comercial ilegal relacionada con las drogas ha agravado considerablemente la situación del sistema penal peruano.

A la precariedad de la institucionalidad en el Perú se suma una ausencia de criterios relativos a la debida proporcionalidad que se debe guardar entre instituciones, leyes y procedimientos. El problema de la determinación de lo delictivo en los casos de delitos por drogas ha generado un sistema de persecución/detención que se expande de forma discriminatoria sobre determinados sectores de la población peruana: pobres, campesinos, jóvenes, mestizos pobres e indígenas. Los cerca de 12.000 internos que hay en el Perú por delitos de drogas se encuentran encerrados frecuentemente sin sentencia, sin ningún grado de clasificación por tipo de delito y con prohibición de cualquier beneficio que permita recortar la pena.

El capítulo de Perú del estudio Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina se basa en información solicitada al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a otras instituciones estatales. Precisamos que la información que nos fue suministrada es parcial, y que no existe en el Perú información desagregada sobre condiciones sociales y económicas de las personas detenidas.

En Perú, la ley de drogas no castiga con cárcel el consumo de drogas o la tenencia de drogas para consumo personal. Sin embargo, las autoridades peruanas tratan al consumo de drogas como si fuera una conducta criminal: abrumando a las policías, retardando los juicios e incluso sobre poblando las prisiones.

“En la ley peruana, el consumo de drogas no se castiga con cárcel, cosa que es bueno, porque los consumidores de drogas problemáticos merecen tratamiento, no cárcel”, dice Ricardo Soberón, autor del capítulo de Perú en la investigación coordinada por el Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Diana Esther Guzmán, Giorgina Garibotto y Ricardo Soberón

Sin embargo, según estadísticas obtenidas de la Policía Nacional del Perú (PNP), el estudio encuentra que desde 1997, parece ser que cerca del 60 por ciento de los arrestos en relación a delitos de droga corresponden a capturas de consumidores. “En la práctica, los consumidores son detenidos hasta que las autoridades determinen si la persona portaba drogas para su consumo o para la venta. En otras palabras, se trata a los consumidores como culpables hasta que se demuestre lo contrario”.

Adicionalmente, para los delitos relacionados al tráfico de drogas, las autoridades pueden detener a alguien en prisión preventiva hasta por 15 días, cuando lo normal es 24 horas.“Detener a un gran narcotraficante en prisión preventiva por 15 días puede tener sentido, pero es injustificable cuando se trata de consumidores”, dice Soberón, quien también es director del Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” (CIDDH). “Dos semanas de cárcel son una interrupción en la vida de cualquiera, pero es una violación grave cuando se toma en cuenta que el supuesto crimen ni siquiera existe ante la ley”.

En diciembre de 2009, había en el Perú una población penal de 44.735 personas, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En la actualidad, el 23 por ciento de los internos en Perú lo están por delitos relacionados con drogas. A la par, datos de la Procuraduría Pública especializada en delitos de drogas muestran que predominan los delitos de microtráfico con respecto a los de macrotráfico en una relación de casi 72 a 28 por ciento respectivamente entre el 2000 y 2008.  “He recorrido muchas de las prisiones peruanas, parece que la mayoría de estos microtraficantes son campesinos, jóvenes, mestizos pobres e indígenas”, dice Soberón.

Aunado a esta situación, a los encarcelados de delitos de drogas, ya sean microtraficantes o macrotraficantes,  se les niega los beneficios penitenciarios comunes: permiso de salida, redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-libertad, liberación condicional, visita íntima, etc. “Esta falta de beneficios impide que los encarcelados de drogas tengan una proceso adecuado de readaptación social. Sin quererlo, estamos fomentando la reincidencia al delito”, afirma Soberón.

El enfocar los esfuerzos del estado en micro-ofensores no sólo es infectivo en reducir el tráfico de drogas, pues los puestos de microtráfico son altamente reemplazables, sino también contraproducente en muchos sentidos, concluye el estudio. “Las policías están abrumadas y los tribunales están saturados, lo que propicia que personas inocentes se vean en tramites legales mucho más tiempo del que es admisible”, concluye Soberón. Actualmente, el 61 por ciento de la población reclusa peruana es procesado y el 39 por ciento es sentenciado, lo que refleja una retardación de justicia que se prolonga en muchas ocasiones meses o años.

Para más información:

– This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Coordinadora de Comunicaciones: Estados Unidos: +(617) 584-1713.
– Visite nuestra video serie de 5 minutos mostrando el perfil de las personas encarceladas por drogas.

Sistemas sobrecargados: Un estudio sin precedentes que compara las leyes de drogas y los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.