Adicción punitiva
La desproporción de leyes de drogas en América Latina
En América Latina es jurídicamente más grave contrabandear marihuana o cocaína a fin de que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino. Por ejemplo, en Bolivia, la pena máxima para tráfico de drogas es de 25 años, mientras que para el homicidio doloso, esto es, intencional, es de 20. Y en Colombia la pena máxima por tráfico es de 30 años, mientras que por violar a alguien es de 20 años.
En casi toda América Latina la situación es semejante, como lo mostramos en un libro con el mismo título de esta columna, elaborado en DeJusticia, con la colaboración de colegas de otros países, agrupados en el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho-CEDD y que fue presentado la semana pasada en Bogotá. Este estudio muestra que nuestros sistemas jurídicos prevén penas no sólo crecientes sino mayores para el tráfico de drogas, sin violencia e incluso en cantidades a veces modestas, que para conductas tan atroces como la violencia sexual o el homicidio.
Aclaro que no estoy hablando de las penas por los crímenes violentos cometidos por los narcotraficantes para proteger su negocio ilícito, sino de las sanciones previstas por el tráfico en sí mismo considerado. Y por ello esta evolución normativa me parece injusta e irracional, pues es éticamente más grave matar a alguien o someter por la violencia a una mujer y violarla, que distribuir drogas, que finalmente unas personas desean voluntariamente consumir.
Esta irracionalidad se explica porque en las últimas décadas, y en especial desde los años ochenta, los países latinoamericanos, influidos por el marco prohibicionista internacional, cayeron en lo que metafóricamente podríamos llamar una adicción al punitivismo en materia de drogas… lo cual no deja de ser irónico.
Como se sabe, la adicción genera en el dependiente una necesidad cada vez mayor de consumir unas drogas que le producen cada vez menores efectos; finalmente, el adicto simplemente consume para evitar el síndrome de abstinencia. La legislación frente a las drogas en América Latina prosigue un camino similar: como la prohibición es un fracaso (y por razones estructurales, como muchos los hemos mostrado en otros textos), nuestros Estados sufren la constante tentación de incrementar las penas en relación con el tráfico de drogas, en principio para controlar un mercado ilícito en expansión; son cada vez menores los efectos de esa punibilidad acentuada en disminuir la oferta y el consumo de drogas ilícitas. Y así, al igual que el adicto que frente a la disminución de los efectos de la sustancia decide aumentar automáticamente la periodicidad y la dosis del consumo, los poderes públicos, al ver el escaso efecto de una punibilidad creciente, deciden aumentar la dosis y la periodicidad de la misma. Y nuestros Estados caen en una punibilidad adictiva, que explica las desproporciones punitivas que señalé anteriormente.
¿No será ya hora de salir de esa adicción punitiva?
