Publicamos la intervención de la delegación Uruguaya en el 54° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, califico como absurdo el hecho que se pretende imponer un hecho ilícito a la práctica ancestral del mascado de la hoja de coca. Uruguay apoya firmemente la iniciativa de Bolivia para eliminar la obligación de abolir la masticación de la hoja de coca de la Convención Única de 1961.

La Delegación de la Republica Oriental del Uruguay saluda al Sr. Presidente y a todos los integrantes de la Mesa que dirige esta sesión. Damos nuestra cordial bienvenida al nuevo Director Ejecutivo de ONUDD Sr. Yury Fedotov y le deseamos éxitos en su nueva responsabilidad.

Queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de Japón que esta sufriendo las calamidades por todos conocidas. Nuestra humilde y fraternal disposición a ayudar en lo que ellos consideren pertinente.

Uruguay se hace presente en este 54° periodo de sesiones para alentar y promover que este foro, tan importante para la estrategia sobre el problema mundial de las drogas, logre constituirse en un verdadero espacio de información, cooperación, e intercambio. Queremos alentar un debate democrático sin escamoteos y sin dogmatismos referido al sistema internacional de fiscalización, al respeto de los DDHH y al enfoque verdaderamente integral y adecuadamente equilibrado que todavía tenemos como desafío.

Es cierto que “las drogas no son dañinas porque se fiscalicen”. Debemos admitir que hay modelos de fiscalización que con un sesgo marcadamente represivo, que no respetan la proporcionalidad entre el daño y las penas, que no amparan derechos y garantías, causan innumerables daños y no resuelven el problema. A veces lo empeoran y terminan siendo mas graves que las drogas mismas.

Que “se fiscalizan porque son dañinas” implica admitir que el primer derecho humano es al disenso, al cuestionamiento de nuestras propias verdades, al debate democrático. Derecho que se le esta vedando al pueblo de Bolivia, al igual que al de Perú y pueblos Andinos, incluidos las Provincias del Norte de Argentina, cuando se pretende imponer un hecho ilícito a la practica ancestral del mascado de la hoja de coca.  Absurdo.

En el 53° periodo de sesiones mencionamos los conceptos de la Declaración de la Comisión Latinoamericana Drogas y Democracia en America Latina, firmada por algunas personalidades (entre ellas algunos ex presidentes). La situación en nuestra región exige firmeza en la aplicación de la ley. Pero precisamente por ello, nos compromete en una revisión y evaluación de los modelos de control, regulación y fiscalización. El riesgo es seguir insistiendo a una represión indiscriminada como única respuesta. Sin contemplar los componentes de promoción social, laboral y educativa inherentes al fenómeno social de las drogas, ni un presupuesto y atención suficiente para el tratamiento y asistencia de salud de los adictos.

El riesgo mayor es que una aplicación injusta, arbitraria y no equitativa de la ley, sea la gran debilidad del sistema. Reiteramos: el paradigma de la “guerra contra las drogas” que ha hegemonizado la fiscalización mundial no es adecuado. No son las leyes de la guerra con las que se puede enfrentar problemas sociales complejos y mercados ilícitos que actúan en el plano de la economía formal e informal. En términos militares, es un conflicto mal planteado y una opción por determinado modelo: la guerra-total. En otros enfoques, el arte supremo de la guerra es doblegar al enemigo sin librar una sola batalla. En el actual se ha desplegado un frente de batalla extensísimo: se han multiplicado los enemigos (el conflicto es con una larga cadena: productores grandes, medianos y chicos; grandes traficantes ilegales, medianos y pequeños, mulas, y como si fuera poco con los propios consumidores).

No se atiende la recuperación de quienes son considerados “enemigos”, retaguardia del mercado de consumo donde se mueve el narcotráfico. No se destinan fondos suficientes para prevención y tratamiento. Las cárceles son en realidad campo de entrenamiento para futuras combatientes. La violación del derecho de guerra, el no respeto de la dignidad de los “vencidos”, las ofensas realizadas contra “los enemigos” multiplican y realimentan el odio y la sed de venganza. No se realiza siquiera “acción civil” vinculada al desarrollo para ganar a la población. Como estrategia militar, un desastre. Como despliegue en aras de una hegemonía geopolítica de algunos países puede que de resultados. Pero eso es otra discusión.

Es un principio de economía de uso de la fuerza: si se derrocha en tantos frentes, luego no se aplica con vigor al núcleo principal: los grupos de crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción.

El apego a los derechos humanos significa promover el derecho a la salud de los consumidores, la necesidad de brindar atención sanitaria general y especializada para todos los usos problemáticos de drogas de circulación lícita e ilícita. Garantizar también el adecuado acceso a los medicamentos opiáceos destinados a los tratamientos paliativos y del dolor.  La JIFE estima que el 85% de la población mundial que demanda de ellos no tienen acceso. Paradoja del problema drogas.

Los países desarrollados tienen sus propios problemas con las drogas. Los países de nuestra Región con amplios sectores en vulnerabilidad por exclusión social y cultural tenemos otros problemas que derivan en violencias sociales. Reconquistar territorio para un Estado que estuvo ausente y omiso, ocupando con planes sustentables de inclusión social, con participación activa de la comunidad y la sociedad civil es garantía de sustentabilidad de la ley.

Uruguay impulsa la Gestión Local en Drogas con Base Comunitaria que potencie los dispositivos intermedios, de proximidad, de acogida y amparo, prevención y tratamiento local. Esto es un enfoque de reduccion de daños para la inclusión,  para llegar a toda la población en sufrimiento social.

La JIFE en su Informe Anual 2010 advierte sobre Corrupción y Drogas. La corrupción es tan o mas dañina que las drogas mismas. Una pregunta se impone: ¿quien fiscaliza a los fiscalizadores?

Los corruptos (que muchas veces son los que gritan y piden las penas mas severas a la vieja manera de gritar "al ladrón....") hacen un daño inconmensurable de tipo económico. Más grave  es en términos simbólicos. La participación comunitaria es impensable cuando la opinión pública desconfía de los aparatos del Estado y donde existe una aplicación desigual de la ley. Donde los delitos de guante blanco siempre quedan afuera y nuestras cárceles se nutren de la gente pobre que no tiene padrinos ni abogados.  

La corrupción no es solo efecto a posteriori de la capacidad de los grupos criminales para corromper policías, aduaneros, fiscales, jueces y políticos. Hay una cultura ciudadana e institucional que puede ser estimulante o preventiva.  La promoción de valores que asocien la inversión y el desarrollo humano desde una perspectiva ética y sustentable en términos económicos, sociales y ambientales es un camino insoslayable.

Uruguay afirma que el principio de responsabilidad común y compartida debe incorporar como principio insoslayable el criterio y la pretensión de equidad.

Como afirmó el Sr. Antonio Maria Costa:

“Las fuerzas del mercado ya han configurado las dimensiones asimétricas de la economía de la droga; los mayores consumidores del veneno en el mundo (los países ricos) han impuesto a los pobres (principales lugares de la oferta y el tráfico) el daño mayor. Los países pobres no están en condiciones de asimilar las consecuencias de un mayor consumo de drogas. Se cierne sobre el mundo en desarrollo una crisis que puede someter a millones de personas al calvario de la drogodependencia”.

Los países de nuestra región hemos cooperado por impedir que llegue la cocaína al primer mundo. Nos exigen, nos evalúan, ponemos los campesinos, los muertos, se nos traslada una parte de responsabilidad por la producción, transito y el lavado de dinero. La hemos asumido. Sin embargo nos queda la resaca y una serie de problemas que no siempre están en su justa medida en la agenda de la cooperación internacional.

Por ejemplo: las cocaínas fumables de bajísima calidad que responden a nuevas modalidades de tráfico y consumo se han consolidado en nuestra región. No hay una  respuesta adecuada de la cooperación en ese terreno. Ni siquiera se visualiza correctamente.

El Informe de JIFE menciona equivocadamente al crack como caracterización de este grave problema. Desde el año  2000 lo que circula llamado Crack en Brasil, Paco en Argentina y Pasta Base en Chile y Uruguay no es exactamente un purificado del clorhidrato. Es otro tipo cocaína fumable de bajísima calidad que tampoco es exactamente su precursor básico. Es un subproducto de una nueva modalidad de producción de clorhidrato. Que se fabrica en laboratorios chicos (“cocinas”) que exportan el clorhidrato como negocio principal y generaron una nueva mercancía de bajo costo unitario (1 o 2 dólares) que se distribuye en los sectores socialmente vulnerables. Hay un circuito de tráfico y consumo bien diferenciado entre ambos productos, pero con puntos en común.

Podemos ver críticamente también los esquemas de lavado de dinero que tienen terminales en los paraísos fiscales de islas donde los países centrales no fiscalizan con tanto celo. O culminan en la Zona de Alta Densidad de Crimen Financiero que no esta precisamente en nuestras tierras y que ahora comenzamos a cooperar intensamente.

La inequidad se puede ilustrar en la frontera de México-EEUU. No solo es permeable y conflictiva por el ingreso de cocaína a los mercados consumidores del norte. Es mucho más permeable en sentido inverso con el mercado de armas donde se proveen los narcotraficantes. Parece una incongruencia admitir un mercado liberalizado y desregulador para la producción, distribución y uso de armas de fuego de un lado de la frontera y un esquema de fiscalización inconmovible que no puede ser revisado, referido a las drogas del otro. Eso es explosivo.

Las armas de fuego son dañinas no porque estén fiscalizadas. Sino porque no lo están. Eso tiene congruencia con una garantía de raigambre republicana y democrática establecido en preceptos constitucionales de gran jerarquía que otorgan el derecho a la tenencia de armas del ciudadano, para defender su país.

Permítanme afirmar que el mismo derecho tiene el pueblo de Bolivia, de Perú y del Norte Argentino a acullicar, chachear o mambear, es decir mascar la hoja de coca que no solo tiene estatuto constitucional sino verdadero valor religioso y cultural En todo caso, no hay evidencia que tal práctica humana dañe a nadie.

Apoyamos firmemente la iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia en su recurso que propone modificar el artículo 49 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972. En la que se afirma que "la masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los veinticinco años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención” y que cualquiera de las Partes de la Convención Única podrá reservarse el derecho a permitir temporalmente el masticado de la hoja de coca dentro de sus territorios.

Es una restricción insoportable. Lesiona el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a su integridad nacional y cultural. Pero además expresa el absurdo más contundente de una perspectiva falsamente moralista y absurda.

En nuestra región estamos avanzando para enfrentar nuestros problemas.

La declaración de Montevideo de la XII Red de Drogas del  MERCOSUR del año 2006 ya señalaba el tema de las cocaínas fumables. Señalaba también los problemas vinculados al consumo problemático de alcohol. La incidencia del consumo abusivo de tabaco y alcohol vinculado con el consumo abusivo de otras drogas es una evidencia científica que sigue siendo ignorada como problema en este ámbito. Uruguay ha tenido avances importantes en el abatimiento del consumo de tabaco y estamos adhiriendo a la Estrategia Mundial contra el Uso Nocivo de Alcohol de la OMS.

La creación del Consejo Superior de lucha contra el Problema Mundial de las Drogas de UNASUR es un paso de enorme trascendencia en nuestra región que equilibra las fuerzas y empieza a generar nuevas miradas e iniciativas en el tema, intentando visualizar los problemas propios del espacio Suramericano.

Valoramos y participamos en la elaboración de la Nueva Estrategia Hemisférica de CICAD. En ese sentido en la última reunión hemos concertado un Plan conjunto de Brasil, Chile, Argentina y  Uruguay para enfrentar el tema del paco, pasta base o crack que recibió apoyo de la CICAD y del Departamento de Estado de EEUU.

Señor Presidente:

Las Convenciones son normas que la comunidad internacional construye, acuerda, y debe respetarlo. Pero no son tablas inmodificables que puedan regular toda la conducta humana; que en su eterno desafío ético, puede plantearse grandes hazañas y también caer en grandes miserias.

Optemos por la hazaña de contribuir a un desarrollo humano justo, solidario, armonioso, que busque la felicidad, el goce y la buena vida en pleno respeto de la dignidad de todas y todos nosotros.