The pungent aroma of cannabis and the sound of dub music fill the air at a hacienda as about 150 smokers, users, growers, activists and business people gather for Mexico’s second annual Toquefest. In anticipation of the long-delayed legalisation of cannabis – after a number of supreme court decisions decreed the right to cultivate and deemed unconstitutional the ban on recreational use – the war on weed in Mexico is winding down and the festival is just one of 20 marijuana-related events being held across the country. Bills have been passed in both legislative chambers over the past two years but they have not agreed on the same version.

The cannabis legalisation referendum was watched closely by progressive politicians and campaigners in Australia. For the first time, the 2019 National Drug Strategy Household Survey showed that more Australians now support the legalisation of cannabis (41 per cent) than oppose it (37 per cent). Professor at the National Drug Research Institute at Curtin University Nicole Lee said the survey results were ‘significant’. “At the moment the states and territories are responsible for drug policies. Depending on what state you’re in there are different consequences for using it.” The Australian Capital Territory became the first state or territory in Australia to legalise cannabis a year ago, and police data shows there has not been any meaningful increase in cannabis-related arrests since.

Organizaciones que fomentan la despenalización de la mariguana rechazaron el dictamen que se discute en el Senado, pues dijeron está hecho “a modo”. Lamentaron que sus demandas no fueron consideradas por los legisladores y mucho menos los dejaron hacer uso de la máxima tribuna para dar a conocer sus demandas en materia de regulación de la hierba. Las organizaciones agrupadas en el Movimiento Cannábico Mexicano, además manifestaron que las propuestas del anteproyecto de dictamen se basan en el miedo, prejuicios y las necesidades de regular el “uso problemático” en vez de reconocer la posibilidad de un “uso responsable” por parte de los adultos. (Véase también: Organizaciones piden cambios al predictamen del Senado para regular la marihuana)

Pacientes, consumidores lúdicos y empresarios miran con grandes esperanzas al nuevo Gobierno para que regule el cannabis, como mínimo para usos medicinales e idealmente de manera integral. Una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mostró que 84% de las personas encuestadas se mostraron favorables a una regulación medicinal y los que aprobarían la integral (47%) superan a los que mantendrían la prohibición (41%). Casi todas las fuentes consultadas están convencidas de que la regulación es más una cuestión de tiempo que de incertidumbre. También es cierto que esto se repite como un mantra desde hace unos cuatro o cinco años y nada ha cambiado. (Manifiesto del GEPCA sobre la necesidad de una regulación integral del cannabis)

"Probablemente en abril". Esa fue la respuesta del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, al ser consultado sobre cuándo se comenzarán a vender en las farmacias en Uruguay los paquetes de marihuana con un mayor porcentaje de tetrahidrocannabinol, más conocido como THC. "Probablemente en el primer trimestre o por ahí del año que viene, calculo que en abril del año que viene", puntualizó. Actualmente, explicó Radío, los paquetes indican que tienen un "máximo de 9% de THC". Sin embargo, tras realizarles un análisis se determinó que tienen entre un 5% y un 6%, mientras que el cannabis que se vende en los clubes supera el 20%.

En 2023, se cumplen diez años de la aprobación de la Ley 19.172, la que en su momento puso a Uruguay en el centro del debate internacional sobre políticas de drogas, y Juan Ignacio Tastás, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), cree que es una buena oportunidad para que el sistema político se proponga rediscutir la ley, sacarse algunos miedos y flexibilizar el acceso. Todo esto se daría, además, en un año preelectoral, con cuestionamientos previos a la ley dentro de la misma coalición de gobierno, claroscuros en el accionar policial con algunos autocultivadores, cada vez más farmacias y un proyecto de ley que pretende venderle a turistas.

Diputados, asesores de altos cargos y responsables de organismos reguladores de distintos países pasan una semana visitando media docena de estos espacios en la capital catalana. El interés internacional que suscitan los clubes de cannabis en España (especialmente en Barcelona, donde se calcula que hay unos 300) contrasta con la falta de regulación de estos estos recintos en nuestro país. Sin ninguna ley que avale su existencia, todos han crecido al amparo de un vacío legal, presentándose como asociaciones privadas de fumadores cuyos socios disponen de un cultivo de cannabis compartido. 

El líder de los demócratas en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer, se posicionó a favor de “legalizar” el cannabis y argumentó que esa medida ayudará a traer justicia a las minorías afroamericana e hispana, encarceladas de forma desproporcionada por la posesión de esa sustancia. Schumer es uno de los pocos líderes políticos de EE.UU. que se ha pronunciado a favor de despenalizar la marihuana, cuyo consumo recreativo es legal en 18 de los 50 estados del país mientras que otros 37 permiten el uso médico, aunque a nivel federal se mantiene la prohibición. Desde hace meses, Schumer lleva trabajando junto a los senadores Cory Booker y Ron Wyden en una gran reforma de las leyes federales que rigen la marihuana y podrían presentarla formalmente en el Congreso en las próximas semanas.

Como secretario de la Federació d’Associacions de Cànnabis de Catalunya (CatFAC) desde el 2017, Eric Asensio es uno de los activistas mejor informados sobre la actualidad asociativa y la lucha por la regulación del cannabis en España. En estos momentos de desconcierto, en los que la situación internacional es favorable pero en nuestro país la represión se ceba con las asociaciones y el sector, la división del movimiento cannábico en una sopa de siglas no ayuda ni tampoco deja ver los esfuerzos del activismo más comprometido. Inmune al desaliento, pero crítico con la situación, Eric Asensio señala en sus respuestas la necesidad de la unión para asumir los retos presentes y el futuro inmediato, sin dejar de recordar los logros pasados y la experiencia acumulada.

As South Africa looks to enter the booming commercial cannabis market, which could be worth up to R27 billion locally by 2023, the Eastern Cape Department of Rural Development and Agrarian Reform, has repeatedly reiterated the plant’s economic promise for the Eastern Cape, the country’s poorest province. “We must not be left behind as cannabis is brought into the spotlight and the world jumps to grab their drag on the spliff,” said the department’s MEC Nomakhosazana Meth at a stakeholder event in August. But despite the fanfare, Beecee Nombanga, a Manhlaneni community leader, remained sceptical that small-scale growers would see any benefits from a legal trade that was geared towards “big companies in big towns who have a lot of resources that we simply don’t have”.

El juez de la Corte Suprema de Justicia de Brooklyn Gustin Reichbach, enfermo de cáncer de páncreas desde hace tres años, ha tenido la valentía de escribir en un artículo de opinión en el diario de The New York Times que usa la marihuana para paliar los efectos secundarios del tratamiento de quimioterapia que recibe; como son las naúseas, los vómitos y la falta de apetito. Un grito silencioso que tiene como fin que se apruebe el cannabis para uso médico en el Estado de Nueva York, una carta espontánea de un problema de muchos.

The issue of ganja played very prominently in Jamaica in 2015 with some advocates trumpeting the dawn of a “new green golden kingdom”, while some opponents predicting the doom of our youths to the “green demon”. However, a sober analysis of the situation will reveal that even though there were indeed some victories in relation to how we treat with ganja in Jamaica, there is still a lot more to achieve and pitfalls to be mindful of in relation to our policy on establishing a fully legally regulated ganja industry.

The cannabis authority has received 26 applications from potential cannabis clubs requesting a licence to sell home-grown marijuana, according to Leonid McKay who heads the Authority for the Responsible Use of Cannabis. “Let me make this clear. Just because we have 26 applications, it does not mean we will be granting 26 licences. There will be a rigorous vetting process,” McKay said. He was not in a position to give a date when the first licences will start being issued due to the detailed vetting process involved. McKay was addressing a press conference held to launch new guidelines on the responsible use of cannabis. (See also: No timeline yet for 26 entities seeking cannabis association license)

With more than half of people in the UK in favour of legalising the recreational use of cannabis, and countries around the world adopting more liberal stances to cannabis legislation, it seems inevitable that the fierce debate over cannabis regulation will resurface. The main question still stands – will cannabis be legalised in the UK? The legalisation and regulation of cannabis in the UK has multiple benefits that could help revive our lagging economy including job creation, tax revenue and savings in public services. These benefits have stimulated the conversation surrounding the legalisation of cannabis and caught the attention of government officials looking to cushion the inevitable realities of a recession as a result of the Covid-19 pandemic. 

When Canada legalized the use of cannabis in October 2018 after decades of prohibition, the goals were to improve safety and public health as well as to reduce access by youth, crime and the illegal market. Five years later, public health experts say legalization hasn't created any health benefits — but it has been linked to some serious concerns. The Canadian Medical Association Journal includes a commentary taking stock on what's happened with the legalization of non-medical cannabis. More than a quarter of Canadian adults — 27 per cent — say they use cannabis, up from 22 per cent in 2017. The CMAJ paper notes the important social justice benefits from substantial reductions in criminal arrests and charges, along with the associated stigma.

Thanks to the most lenient policies in California for recreational marijuana, Santa Barbara county is now the state’s undisputed capital of legal cannabis, boasting more acres than each of the the storied Emerald Triangle counties of Humboldt, Trinity and Mendocino. Santa Barbara voters overwhelmingly backed California’s legalisation of recreational marijuana in 2016, with hopes that the cannabis boom would bring tax revenue and new jobs to the county. The transformation has been fast and furious. Santa Barbara county is now home to around a third of all cultivation licenses issued in California, despite making up only 1.8% of the state’s land, with some megafarms stretching over dozens of acres.

Data coming out of Washington and Colorado suggest that those states' legalization experiments, which began in earnest in 2014, are not causing any spike in use among teenagers. Teen marijuana use in Colorado decreased during 2014 and 2015, the most recent time period included in federal surveys. A separate survey run by the state showed rates of use among teenagers flat from 2013 to 2015, and down since 2011. A state-run survey of 37,000 middle and high school students in Washington state finds that marijuana legalization there has had no effect on youngsters' propensity to use the drug. The Washington State Healthy Youth Survey found that the 2016 rate of marijuana use was basically unchanged since 2012.

Un atelier de travail s’est tenu, le 6 mars au siège de la province de Chefchaouen, afin d’examiner les modalités concrètes de soutien aux coopératives pour le lancement de la saison de culture du cannabis légalisé. Cet atelier, qui s’est déroulé en présence du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, du directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC), Mohammed El Guerrouj, des chefs des services extérieurs concernés, et des représentants de 11 coopératives spécialisées dans la production et la valorisation du cannabis, a permis aux coopératives concernées de présenter leur perception sur le sujet, et a été l’occasion d’écouter les interventions des services techniques qui les accompagnent.

Ten years ago this week, Colorado voters approved Amendment 64, making the state among the first two in the nation (along with Washington) to legalize the use and possession of cannabis, a.k.a. marijuana, for recreational purposes. Today, the once-underground endeavor is a $2 billion per year industry in Colorado, and research on its chemical makeup, health benefits and risks is flourishing at institutions around the country. "Before, research focused almost exclusively on the harms because it was only thought of as an illegal substance," said Angela Bryan, a professor of psychology and neuroscience at CU Boulder whose team studies the health impacts of cannabis. "Now we can focus on the full continuum."

Uruguay paved the way when it legalised cannabis in 2013. But it is the reform in Canada, a G7 member, that has done most to heighten international tension over cannabis’s legal status. Last year it fully legalised the drug. Part of its rationale was that a regulated legal trade would curb the black market and protect young people, who were buying it there. Canada’s change has caused fierce fights within the UN in Vienna, according to Martin Jelsma of the Transnational Institute, a think-tank. A possibility that intrigues international-policy wonks is for Canada and other law-breakers to form an “inter se” (between themselves) agreement, allowing them to modify existing drug-treaty provisions. For this to be an option, Canada will probably want to wait until the club of outlaws is bigger.