El cannabis (o marihuana) es una de las sustancias psicoactivas más consumidas en el mundo. Según el Informe Mundial sobre las Drogas de Naciones Unidas, 183 millones de personas utilizaron cannabis en 2014, lo que representa el 3,8% de la población mundial. Además, su cultivo fue comunicado por 129 países. Esta sustancia se encuentra sujeta al Sistema de Fiscalización Internacional de Estupefacientes y Psicotrópicos (a partir de ahora “drogas”) de Naciones Unidas; siendo dentro de ellas, la más consumida.

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Según dicho sistema de fiscalización, el cannabis es una de las sustancias que tiene el estatus jurídico más riguroso, al ser de las más prohibidas supuestamente por los daños que produce y su escasa utilidad médica. Sin embargo, su uso medicinal, espiritual y social se registra en distin tos lugares y tiempos de la humanidad sin graves consecuencias asociadas. Incluso su prohibición recién se empieza a desarrollar entrado el siglo XX pese a que no existían -ni aún existen- registros de muertes por sobredosis de su consumo y los riesgos para la salud pública son relativamente bajos, incluso comparadas con otras sustancias psicoactivas con un tratamiento jurídico menos riguroso, como el alcohol y el tabaco.

A diferencia de otras sustancias sujetas a fiscalización cuya producción se sitúa en alguna región particular del planeta, el cultivo, producción y consumo de cannabis se encuentra desperdigado por todo el mundo. No obstante, existen países que históricamente aparecen como productores regionales o tienen una mayor historia o vínculo con la planta. En el continente Americano así ocurre con México en América del Norte, Jamaica en el Caribe, Paraguay y/o Colombia en América del Sur.

Los planteos sobre la necesidad de regulación del mercado de cannabis se vienen produciendo desde hace años. El crecimiento del movimiento de usuarios y cultivadores ha logrado instalar el tema a nivel social, político y mediático, y en algunos casos han producido reformas. Así ocurrió en Uruguay, donde se decidió regular el mercado de cannabis con cualquier finalidad. Sin embargo, en varios de los países las reformas se han limitado a regular sistemas de acceso al cannabis con fines medicinales o terapéuticos.

Pese a que el sistema de fiscalización internacional siempre contempló la posibilidad del uso “médico y científico” del cannabis, los prejuicios en torno a la sustancia impidieron desarrollar su reglamentación y aceptación por la medicina occidental. Tan es así que muchas de las “reformas” en torno al cannabis medicinal solo requirieron la modificación de normas inferiores. Así, lo que se presenta como novedoso, es algo que siempre debió haber existido.

Estas reformas “limitadas” que no reconocen la necesidad de regular otros usos del cannabis, como el los recreativos o culturales, corren en riesgo de seguir reproduciendo las mismas consecuencias actuales. En consecuencia, perduran las afectaciones a la salud, seguridad, institucionalidad y derechos humanos que la prohibición del cannabis y la ausencia de una regulación estatal, permiten e incentivan.

El presente trabajo pretende recorrer la situación del cannabis en distintos países de Latinoamérica y el Caribe a partir de tres ejes: la situación jurídica del cannabis y sus consecuencias, la existencia y proliferación de movimientos cannábicos, y el reciente desarrollo de la regulación del cannabis medicinal. Para ello, además de utilizarse distintas fuentes secundarias se consultó a especialistas de los países.

Puntos clave

• La matriz prohibicionista impuesta por el sistema internacional de fiscalización de drogas sobre el cannabis aún perdura en casi todos los países de América Latina y el Caribe. En casi todos ellos, su posesión está tipificada por la ley penal. Algunas legislaciones establecen umbrales por debajo de los cuales la posesión de cannabis no debería considerarse delito. Solamente en el caso de Uruguay la ley contempla una regulación de la cadena entera.

• Pese a que organizaciones cannábicas y sociales han logrado agendar el tema, en la mayoría de los países las reformas aún se encuentran pendientes o han resultado insuficientes. La inclusión de familiares de usuarios de cannabis con usos medicinales y terapéuticos ha contribuido a dar un empuje al movimiento y a sensibilizar tanto a los actores políticos como a la sociedad en su conjunto.

• Muchas de las reformas en progreso no reconocen la necesidad de regular el uso recreativo y cultural del cannabis, y corren el riesgo de seguir reproduciendo las mismas consecuencias actuales, perpetuándolas afectaciones a la salud, la seguridad y la institucionalidad. Además, vulneran los derechos humanos que la prohibición del cannabis y la ausencia de una regulación estatal permiten e incentivan.

• Los países de América Latina y el Caribe deben estar preparados para escenarios de reforma de cara al futuro, en vez de pensar en soluciones provisionales que seguirán reproduciendo las mismas consecuencias nocivas. Dejar acotada la reforma únicamente al cannabis medicinal resulta ser una solución parcial, insuficiente y momentánea. Si realmente se desea cambiar esta realidad, es necesario avanzar hacia modelos de regulación estatal del cannabis para todos sus fines.