La guerra contra la droga fracasó. Tras más de 20 años de impulsar incansablemente la misma política, los esfuerzos no fueron capaces de poner bajo control los mercados de drogas ilícitas, que están en expansión, y en cambio llevaron a una crisis inmanejable en los sistemas judicial y penitenciario, violaciones a los derechos humanos, la consolidación de redes criminales y la marginalización de los consumidores, que son empujados fuera del alcance de los servicios de salud. Por estas razones, algunos países de Latinoamérica están empezando a explorar políticas más efectivas y honestas.

En la Argentina, pronto se pondrá en discusión una propuesta legislativa para descriminalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga para consumo personal, y la semana que viene la Corte Suprema podría resolver la inconstitucionalidad de la imposición de sanciones criminales a la posesión para consumo personal.

La perspectiva de descriminalización en la Argentina encontró tanto fuertes apoyos como condenas. La discusión sobre políticas de drogas se ve usualmente obstaculizada por posiciones polarizadas entre la prohibición y la legalización, muy a menudo traducidas erróneamente por la elección entre “tolerancia cero para proteger a nuestra juventud” o “libertad para todos con consumo creciente”. Esta dicotomía oscurece el hecho de que existe mucha experiencia con enfoques menos represivos en los campos de descriminalización, reducción de daños, y políticas más tolerantes hacia el cannabis.

Las lecciones aprendidas en la práctica pueden ayudar a superar el temor de que alejarse de los enfoques punitivos es un salto en la oscuridad. De hecho, los países que descriminalizaron no sufrieron explosiones en el uso de drogas. Y enfoques menos punitivos bien pueden ser más efectivos en proteger a nuestra juventud y reducir los niveles del crimen relacionado con la droga. Para no mencionar que castigar a los usuarios por el mero hecho de consumo, o dictar graves sentencias de prisión contra pequeños traficantes, son claros ejemplos de castigos desproporcionados con la ofensa.

Por estos días en casi toda Europa es poco probable ser encarcelado por poseer pequeñas cantidades de droga, aún cuando las definiciones legales varían de lugar en lugar. España, Italia y Portugal, por ejemplo, no consideran la posesión de drogas para uso personal como una ofensa punible, mientras que en Holanda o Alemania la posesión para uso personal sigue siendo ilegal de jure, pero se establecieron guías para la policía y el enjuiciamiento para evitar imponer castigo alguno. Otros países imponen solamente sanciones administrativas, y muy pocos (Suecia, Chipre) todavía mantienen la opción de imponer sentencias de prisión por la posesión de pequeñas cantidades.

Tres recientes evaluaciones del impacto de la descriminalización en Portugal concluyeron que no ocurrieron aumentos significativos en el uso de drogas desde que se aprobó la ley, en 2001, y que el uso de heroína incluso disminuyó sustancialmente. La del Instituto Cato, con base en Estados Unidos, en tanto, concluyó que “el marco de descriminalización portuguesa fue un rotundo éxito. Dentro de este éxito hay evidentes lecciones que deben orientar los debates sobre políticas de drogas en todo el mundo”.

En el caso del cannabis, bastantes países y estados en EE. UU. introdujeron enfoques más tolerantes. En ninguno de estos casos parece que haya habido un gran aumento del consumo de cannabis. Incluso en el caso de Holanda, a pesar de las ventas libres en los “coffee shops”, los niveles de consumo de cannabis son similares a aquellos de los países vecinos como Alemania o Bélgica, y mucho más bajos que en el Reino Unido, Francia o España.

En América Latina, una política de drogas más racional para hacer frente a las principales preocupaciones en la región, evitando al mismo tiempo las consecuencias negativas del modelo de EE. UU., tomó más tiempo para desarrollarse. Hay buenas señales, sin embargo, de que la marea está cambiando, y que una ola de reformas legislativas está comenzando a humanizar las políticas de drogas en la región.

Brasil descriminalizó la posesión para uso personal en 2004 y México lo hizo a comienzos de este año. Ambos modelos, sin embargo, tienen claras deficiencias en la aplicación y alcance jurídico, sobre todo porque ambas nuevas leyes introdujeron penas más severas para el tráfico de menor escala.

En contraste, el año pasado, Ecuador emitió un indulto para las “mulas” de drogas, singularizando a un grupo específico de prisioneros como víctimas de la legislación indiscriminada y desproporcionada. Pronto, el Gobierno ecuatoriano presentará una ley de drogas completamente revisada, incluyendo la descriminalización de la posesión. El debate sobre reformas de mayor alcance en política de cannabis, incluyendo la opción de un mercado regulado, para quitarle esta fuente de ingresos a grupos criminales, está empezando a abrirse en Brasil, México y Paraguay. Y Bolivia inició este año procedimientos formales a nivel de las Naciones Unidas para corregir el error histórico de prohibir el consumo de la hoja de coca.

Esperemos que la propuesta de descriminalización en la Argentina pueda sumar otro ejemplo positivo, fortaleciendo la marea cambiante en América Latina. No es un salto en la oscuridad, sino un significativo primer paso para salir de la oscuridad del pasado.

Martin Jelsma es un politólogo experto en drogas, investigador asociado del Transnational Institute (TNI), en Ámsterdam.

Véase también:

La reforma de las políticas de drogas. Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos , Tom Blickman y Martin Jelsma, Nueva Sociedad No 222, julio-agosto de 2009.