Los medios nacionales, el gobierno de Estados Unidos y la oposición casi se infartan con el anuncio de cambio en las metas de erradicación de cultivos de uso ilícito (y ahora con el anuncio de despenalizar a los pequeños cultivadores). Les pasó lo mismo con los anuncios de gradualidad. La verdad no entiendo por qué. El presidente Petro, desde el día 1, en su discurso de posesión, dijo que el gobierno del cambio implicaba una nueva política de drogas. Lo repitió en Naciones Unidas y lo dice cada vez que puede. Por el contrario, a mí me ha parecido tímido. Le bajó el tono a la discusión sobre regular la cocaína, no le ha metido el diente a la regulación del cannabis.

El cuarto punto del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc —la “Solución al problema de las drogas ilícitas”— propone un nuevo enfoque que cambió radicalmente la forma de abordar este tema en el país: a los cultivadores de coca, en lugar de fumigarlos, les prometió acuerdos de sustitución voluntaria; a los consumidores de estupefacientes, en lugar de represión, les prometió un abordaje desde la salud pública, y a los traficantes les prometió más garrote por medio de cooperación entre las instituciones judiciales, entre otras estrategias. A dos años y medio de la firma del Acuerdo, estos son los avances que se observan en la implementación de la que sería la nueva política de drogas de Colombia. (Véase también: ¿Volver a la coca?: la paz que falta por llegar al suroriente de Colombia)

Con la firma del Acuerdo de Paz y la entrada en funcionamiento del PNIS, 99.097 familias campesinas que dependían de los cultivos ilícitos se vincularon en varias regiones para alejarse de esta economía cocalera. Sin embargo, y pese a que ya han pasado más de tres años desde que se puso en marcha el programa, las cifras de cumplimiento son lánguidas. De acuerdo con los reportes que hace la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (antes Posconflicto), de las 99.097 familias vinculadas al programa, 74.366 han recibido pagos de seguridad alimentaria, 61.769 han recibido servicios de asistencia técnica y solo 1.792 cuentan con proyectos productivos en implementación, es decir, menos del 2%.

Colombia será el primer país que lleve a una discusión legislativa la regulación de la quinta droga más consumida en el mundo y la segunda más incautada, según cifras de Naciones Unidas: la cocaína. En el Congreso será radicado un proyecto de ley de los senadores Iván Marulanda, del Partido Verde, y Feliciano Valencia, del Mais, que busca cambiar la guerra con la que país lleva décadas enfrentando el narcotráfico, sin lograr acabarlo pero con altos costos en vidas y dinero. La iniciativa plantea el control del Estado de la producción y comercialización de la hoja de coca y la cocaína para arrebatarle a las mafias este negocio, también aborda la regulación aludiendo a derechos como la vida digna, la salud, y el libre desarrollo de la personalidad, así como a la necesidad de reducir los riesgos por consumo.

Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) respondió a las declaraciones de Hernando Londoño, director del programa de sustitución de cultivos, quien señaló que no han sido asesinados líderes de sustitución. De acuerdo con Zapata, este Gobierno no tiene voluntad con el programa. Zapata, vocero nacional de la Coccam y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), reiteró que en dichas organizaciones han documentado al menos 56 casos de líderes de sustitución asesinados y explicó por qué para ellos es evidente que el Gobierno, contrario a lo dicho por Londoño, no tiene voluntad con el PNIS.

“Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra”, de esta manera comenzó Gustavo Petro su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Contrario a lo que se esperaba, el mandatario no comenzó su discurso hablando del cambio climático y de la necesidad de luchar en contra de este de forma conjunta, sino que se enfocó inicialmente en un pedido de cambio de enfoque en la lucha contra las drogas. Esta tesis fue la que articuló todo su discurso para también pedir la unión en contra del cambio climático.

El exdirector del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) explicó cuál es la gravedad de que el presidente Iván Duque rompiera el convenio con la ONU para verificar el avance del programa. También lanza críticas a la manera en que el Gobierno actual ha manejado la sustitución de cultivos y resalta que hace parte de la reforma rural, que tiene graves atrasos. El hecho se sumó a la polémica generada semanas atrás por el director del PNIS, Hernando Londoño, quien negó que líderes de sustitución de cultivos estén siendo asesinados y cuestionó la viabilidad misma del programa. (Lea: “Líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados”: Director del programa de sustitución)

Coca fumigations started in Colombia in the early 1990s and intensified during “Plan Colombia,” a $10 billion U.S. campaign that ran from 2000 to 2015 and was meant to tackle Colombia’s armed leftist insurgents and the drug trade that funds them. During those 25 years, American-funded and -piloted planes sprayed herbicides over more than 4 million acres of land in coca-growing regions in an effort to stamp out the drug supply. “Plan Colombia” officially ended in 2015, when the Colombian government reached a historic peace agreement with the country’s largest leftist guerrilla organization, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC. But two decades later, the threat of fumigation is back—and could depend on the U.S. election.

Pascual Restrepo ha realizado varias investigaciones sobre la economía ilegal y los costos que ha tenido que pagar el país en el marco de la denominada lucha contra las drogas. La idea de fondo es tratar de entender por qué, a pesar de la gran cantidad de recursos invertidos, esta ha sido tan ineficiente. El experto economista explica cuáles pueden ser las razones del “fracaso parcial” del Plan Colombia y cuál debería ser la estrategia para reorientar el apoyo financiero internacional en un escenario de posconflicto. (Véase también: Hacia la segunda fase del Plan Colombia)

"Mi objetivo es ver diferentes opciones y escenarios que abran mercados internacionales para los productos de coca en su forma natural, que pueda facilitar la exportación desde Bolivia de una variedad de productos como mates, harina, energizantes o licores. Estamos convencidos de que hay una gran opción en el mercado internacional para la coca en estado natural. Hay que empezar a abrir espacios para la hoja de coca fuera del país, para Bolivia sería mejor levantar sus restricciones, pues las áreas grises le quitan posibilidades, por ejemplo, con Argentina. En Europa existen posibilidades, aunque no es legal todavía,  es posible pedir harina de coca. Se vende ahora por 200 euros por kilo, esto indica que hay una demanda potencial." (Véase también: Comercialización sube en 5% y el kilo de coca se encarece)

La suspensión de la erradicación forzada de cultivos de coca y el uso de glifosato en aspersión aérea, así como la priorización de la erradicación voluntaria, fueron las decisiones que dio a conocer el mayor general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional. El anuncio llega apenas 15 días después de que el presidente Gustavo Petro asumiera su mandato y se convierte en su primer paso concreto hacia el cambio de enfoque en la política de drogas, como lo anunció durante toda su campaña e incluso en su discurso de posesión. Organizaciones sociales, campesinas y estudiosos de la política de drogas alertaron sobre la necesidad de que esa decisión venga acompañada del cumplimiento a los compromisos que el Estado adquirió con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, denunció que el país ha dejado de ser solo un punto de tránsito y trasiego de droga para convertirse en un “productor de cocaína”. “Guatemala se convierte ahora en un productor de cocaína, que ya pone al país en una situación con respecto a la seguridad regional totalmente distinta”, dijo el funcionario. El Ministro hizo esta valoración después de que las autoridades localizaran laboratorios y plantaciones de hoja de coca en algunos municipios donde está declarado el Estado de Sitio desde el 4 de septiembre. El gobierno tomó la determinación de implementar la medida en 22 municipios, después de que una brigada de la Marina supuestamente fuera emboscada por un grupo armado, dejando tres militares muertos, cinco heridos y uno ileso.

“Al apoyar las fumigaciones, respalda implícitamente el legado dañino de Trump en Colombia”, dicen 150 expertos en drogas, a través de una carta enviada al presidente de Estados Unidos. Después de que el Ministerio de Justicia presentara el borrador de decreto para retomar las aspersiones aéreas con glifosato con el fin de erradicar cultivos de coca, múltiples organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado para rechazar esta decisión. Esta vez, a través de una carta, 150 académicos y académicas de Colombia y múltiples países le piden al presidente de los Estado Unidos, Joe Biden, que reconsidere el apoyo dado a esta medida tomada por el gobierno de Iván Duque. (Véase también: Siete relatores de la ONU para DD.HH. piden a Duque rechazar fumigación con glifosato)

El Gobierno de Iván Duque manifestó desde el primer momento que pretende volver a usar el glifosato para asperjar y destruir cultivos de uso ilícito, que fue suspendido por el Consejo Nacional de Estupefacientes en 2015 y que solo puede ponerse en marcha si se cumplen seis mandatos que estableció la Corte Constitucional en 2017. Entre ellas está crear una regulación que se derive la evaluación al riesgo a la salud y el medio ambiente. El borrador de decreto del Ministerio de Justicia tiene como objetivo crear un “marco normativo especial, independiente y autónomo sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente en el marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”.

Desde hace más de 20 años, con la creación del Plan Colombia y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el país asumió la responsabilidad de erradicar las hectáreas de hoja de coca e instaurar un plan de gobierno sólido frente al narcotráfico; sin embargo, esta tarea ha implicado retos serios en materia política, económica, ambiental y la más controvertida: salud pública. Contaminación de los bosques, de las aguas subterráneas y del suelo son algunos efectos de la aspersión de glifosato para erradicar cultivos de hoja de coca. Gabriel Tobón, investigador y docente de la Universidad Javeriana, se suma al debate con sus alternativas productivas. 

The coca leaf has been a staple in Andean communities for centuries, serving as a source of nutrition, as an aide for altitude adjustment, and as an energy boost. However, despite its many benefits, coca is still widely associated with its illegal derivative, cocaine. This association has led to a prohibition on the international trade of coca, holding back the coca leaf’s potential to help countries in need. Yet, the coca leaf could be at the centre of a global crop resurgence if we just take the steps needed to free it. Coca-based organic fertilisers, developed in Colombia, are an innovative, cost-effective, and environmentally friendly alternative to synthetic versions. 

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que se ampliará el programa de bienestar “Sembrando vida” en la sierra de Guerrero con el propósito de erradicar los cultivos de amapola y marihuana para sustituirlos por otras alternativas de siembra. El mandatario no descartó que grupos delictivos insistirán en continuar con dichos sembradíos, sin embargo, advirtió que el Gobierno ya tiene conocimiento de los cultivos de coca en la sierra del estado e investigarán al respecto. “Decirles para los que andan mal que ya sabemos que están ahí en Guerrero experimentando con el cultivo de cocay ya estamos investigando sobre esto. Encontramos un plantío de coca en Atoyac”, apuntó. (Véase también: ¿Es cierto que hasta ahora hallaron plantíos de coca en Guerrero?)

Según la investigadora y fundadora de Acción Semilla, Patricia Chulver, Argentina, el norte de Chile, Ecuador y España son mercados potenciales para la coca boliviana, por lo que urge trabajar en políticas desde la Cancillería para poder llegar a estos mercados. “Lo que es importante para exportar hoja de coca, es generar hojas de ruta dentro del país para que a partir de esas hojas de ruta tengamos un proceso claro de exportación de hoja de coca natural a los países que así lo requieran." Bolivia tiene dos caminos para abrir la exportación de coca, buscar la reclasificación de la planta o trabajar en tratados bilaterales para abrir mercados. (Véase también: Perú exporta a EEUU 150 toneladas de coca por año, Bolivia ni 50 kilogramos)

El proyecto de decreto busca retomar la fumigación que fue suspendida en 2017 por la Corte Constitucional, tomando nota de las recomendaciones que hizo el alto tribunal sobre contemplar los riesgos para la salud y el medio ambiente que supone el uso del herbicida. Se trata de un trámite necesario para este tipo de normas y, durante 30 días, esta cartera encargada de la política de drogas estará recibiendo comentarios de ciudadanos interesados en el tema a través de su portal. Una vez este proceso se surta, el decreto entrará en rigor, será estudiado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y, solo después de eso, podrá retomarse esta técnica de erradicación de coca, marihuana y amapola. (Véase: ¿Por qué el Gobierno no debería retomar las fumigaciones aéreas con glifosato?)

La promesa principal que hizo el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana era clara: abordar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, desde los campesinos que cultivan la hoja de coca, hasta las redes de lavado de activos de las estructuras dedicadas al narcotráfico. Con un ambicioso programa de sustitución voluntaria de cultivos, la meta era que miles de familias que viven de la coca dejaran ese cultivo para siempre y quedaran integradas en la economía legal. La transformación estructural de los territorios cocaleros y el tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores son algunas de las deudas.