Expertos e informes en América y Europa coinciden en este punto: los carteles-monopolio al estilo Pablo Escobar, que organizaban toda la operación desde la plantación a la distribución, no eran estructuras preparadas para sobrevivir en el tiempo. Desde que los grandes carteles colombianos se empezaron a fragmentar en los años noventa, el negocio del tráfico se fue dislocando y tercerizando. A partir de entonces, campesinos, fabricantes, empresarios, transportistas, aduaneros, pilotos, marineros, buzos, policías, militares, peones y vendedores al menudeo forman los eslabones de una cadena que, al cerrarse, hacen que la cocaína de los Andes llegue a cualquier destino del mundo. Y lo hacen de forma compartimentada, autónoma.

La decisión del Gobierno de Iván Duque de regresar pronto a las fumigaciones aéreas como estrategia contra los cultivos de coca sigue en el limbo. La Corte Constitucional colombiana decidió mantener las mismas condiciones que impuso hace dos años para volver a las aspersiones con el herbicida, considerado potencialmente cancerígeno. Pero el impacto de esta decisión aún no es claro y algunos expertos creen que abre una puerta al retorno de las fumigaciones aéreas. El alto tribunal decidió no modificar la sentencia de 2017, que restringió las aspersiones. “No hay nuevas condiciones, son las mismas, lo que hace la Corte son precisiones. No hay modulación. No hay modificación.” (Véase tambien: Gobierno creará protocolo para retomar aspersiones con glifosato)

El estado colombiano lleva décadas tratando de eliminar los cultivos ilícitos, pero la extensión del cultivo de coca continúa cerca de sus máximos históricos. Las 169,000 hectáreas cultivadas en el 2018 ubican a la coca entre los 10 cultivos no-transitorios más grandes del país, según el censo nacional agrícola. Esto significa que los billones de impuestos gastados en erradicación y glifosato, la degradación ambiental en zonas de mega-biodiversidad, y la pérdida de incontables vidas, no han bastado para reprimir ni el cultivo de cocani el narcotráfico que lo alimenta. El camino hacia el cambio de estrategia es la investigación e innovación de los usos de la coca en asocio con las comunidades cultivadoras e indígenas: las que más han sufrido los flagelos del narcotráfico y la política de drogas.

En Colombia, en 2016 se aprobó una legislación robusta y los costos de operación son menores que en otros lugares, lo que también beneficia el desarrollo del mercado verde. Las empresas suelen ser alianzas de capital colombiano y extranjero, con fuerte participación canadiense, explica Rodrigo Arcila, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna), que en menos de dos años ha pasado de seis a 30 afiliados. Este país puede sembrar legalmente más de 40 toneladas, según las cuotas que otorga la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). “Los cupos no son la verdadera capacidad de producción, es una expectativa”, matiza Andrés López Velasco, hasta el mes pasado director del Fondo Nacional de Estupefacientes.

Aquellos aventureros que en 2016 invirtieron en la firma de cannabis Canopy Growth cuando esta salió a la bolsa, hoy hubiesen capitalizado cerca del 3.500%. La compañía, valuada en unos 14.000 millones de dólares, concentra gran parte de su actividad en las fértiles tierras colombianas, pero acaba de iniciar sus operaciones en el cono sur, con base en Argentina. La presencia de la firma se limita por ahora a un gerente médico, una gerente financiera, un portavoz y la proyección de una oficina con una decena de empleados para 2020, aunque su CEO regional, Marcelo Duerto, asegura que llegaron “para quedarse”, dado que el potencial de Argentina en el mercado es muy grande. (Véase también: Adiós al 'unicornio del cannabis ' en Argentina: echó a su CEO y no tendrá ocina local)

El cannabis de uso medicinal está permitido en Colombia, pero para el recreacional los gobiernos de diferente signo han optado, legislatura tras legislatura, por una política prohibicionista bajo la eterna promesa de acabar con las drogas. El último golpe lo dio el expresidente Álvaro Uribe, quien incluyó esta prohibición explícitamente en la Constitución. “Se declaró la guerra a las drogas, pero fue un fracaso. Es el momento de decirle a los senadores de Colombia que voten el jueves la regulación del cannabis. La prohibición ha generado más violencia, no ha sido capaz de controlar el consumo y ha fortalecido las mafias”, expresó el expresidente Juan Manuel Santos. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la marihuana se convirtió en la sustancia más consumida en Colombia con un total de 1.340.000 usuarios en 2022, cifra que se viene incrementando anualmente.

El representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Pierre Lapaque, entregó al presidente Iván Duque el informe sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia en 2019, que arrojó una disminución del 9 por ciento de los cultivos de coca frente al año 2018. Lapaque afirmó que esa es una muy buena noticia y destacó el papel de la Fuerza Pública en la erradicación forzada. "Desafortunadamente Colombia tiene el 70 por ciento de la hoja de coca a nivel mundial. Si se trabaja solo con la voluntaria, se va a demorar mucho tiempo para ver un resultado rápido. Por eso la erradicación forzada es una decisión necesaria, porque va a tener un impacto rápido con el riesgo de la resiembra."

Cuando en 2016 se regularizó el cannabis medicinal en Colombia mediante la Ley 1787, varios ministros y expertos aterrizaron en Corinto, en el departamento del Cauca, para vender el cultivo como una posibilidad para mejorar la vida de cientos de familias. Entre los campesinos que buscaron aprovecharla estaba Artemio Salazar, un indígena caucano con medio siglo de vida a sus espaldas y quien desde entonces lidera, junto a otras personas, la apuesta en su región por entrar en ese sector económico. Cinco años después ve que la promesa sigue en veremos para los pequeños y medianos productores como él. (Véase también: La promesa del cannabis medicinal todavía tiene quijotes)

Este es el testimonio de Sandra Panchalo, lideresa cocalera y integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam),del sur del país, que refleja la situación de miles de familias que viven del cultivo de hoja de coca en Colombia. ¿Quiénes son esas familias? ¿Cuánto ganan con la coca? ¿Por qué siembran coca y no otros productos? ¿Por qué quieren sustituirla? "Con esa plata muchos hemos educado a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, tengo a mis tres hijos estudiando en Pasto. Los dos mayores están en noveno y el menor está en cuarto (de primaria). Y del corregimiento tenemos casos de familias que han sacado a sus hijos profesionales con la plata de la coca." (Véase también: Rostros que siembran: miles de familias dependen del cultivo de hoja de coca)

En marzo próximo, cuando el Congreso reanuda sus sesiones, el polémico proyecto que pretende regular el consumo de la marihuana regresará a la Cámara de Representantes, donde no corrió con mayor suerte en el segundo semestre del año pasado cuando se hundió. Así lo anunció el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes, del Partido Liberal, quien habla de las razones por las cuales es necesario insistir en la regulación del cannabis exclusivamente para adultos. Una de ellas es que México ha avanzado en el tema y, con la llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, el escenario podría ser distinto para América Latina.

La cumbre campesina e indígena cocalera del Putumayo se realizó el pasado 30 de septiembre con la participación de 630 personas de todos los municipios del departamento y algunas provenientes de Caquetá, Cauca y Nariño. De este evento, realizado en el Colegio Alvernia de Puerto Asís, salieron unas propuestas específicas de los cocaleros para el nuevo Gobierno. Las peticiones de los campesinos e indígenas de este departamento no son ajenas a las del resto de movimientos sociales en Colombia. No hay infraestructura ni vías para sacar los cultivos de las regiones, hay una gran ausencia del Estado en ciertas zonas y la desconfianza institucional de los cocaleros es un problema sin resolver.

Hay esperanzas en el Congreso de sacar adelante la regularización de la marihuana de uso adulto en Colombia. El pasado 20 de julio, durante la instalación de la nueva legislatura, no solo llamó la atención Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Valle (Pacto Histórico), quien apareció con cervezas y chocolates con marihuana, así como con unos zapatos hechos de fibra de cáñamo, sino que además miembros del mismo partido radicaron un proyecto de ley con el que se espera establecer las condiciones para la comercialización de la marihuana de uso adulto. En los últimos tres años, en el Congreso han cursado dos proyectos con los que se ha intentado modificar el artículo 49 de la Constitución, para permitir el uso adulto de la marihuana.

Pese a que Colombia fue uno de los primeros en reglamentar la cosecha, tenencia, producción, distribución, comercialización y exportación de sustancias derivadas de la marihuana en 2017, los empresarios se quejan de la lenta implementación de la ley y la demora en ajustes clave para que las ventas fluyan. La compleja normatividad exige desde permisos de las autoridades agrícolas y médicas hasta el aval de la Policía Antinarcóticos y de los organismos que regulan los estupefacientes. Las entidades públicas están tardando entre 12 y 18 meses para otorgar las licencias a lo que sigue un periodo de tres a seis meses para obtener los cupos que establecen la cantidad de siembras y de fabricación de derivados en laboratorio cada año. (Véase también: Los desafíos del cannabis medicinal en Colombia)

El Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional y de la Universidad del Rosario documentó 95 incidentes entre la fuerza pública y campesinos entre diciembre de 2016 y julio de 2020. En lo corrido del año, cuatro campesinos y un indígena han muerto a manos del Ejército y la Policía Antinarcóticos. El Observatorio los reunió en un trabajo titulado “Erradicación forzada: una política que mata”, que, según la autora de la base de datos utilizada para el trabajo, Diana Ximena Machuca, es “un llamado de atención sobre el hecho de que la erradicación forzada es una política que viola derechos humanos y que va en contravía de los propósitos contemplados en el Acuerdo de Paz”. (Véase también: Erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y derechos humanos)

En Colombia comiencen a cursar otra vez en la nueva legislatura dos proyectos que buscan despenalizar el consumo recreativo de cannabis. Ambas iniciativas ya habían sido discutidas sin éxito en el pasado, pero sus autores vuelven a insistir. La primera es del senador de Decentes Gustavo Bolívar, y cuenta con el apoyo de 35 congresistas, mientras que la segunda es de la autoría de los representantes liberales Juan Fernando Reyes Kuri y Juan Carlos Losada, y va firmada por 17 legisladores. Aunque ambas apuntan a un mismo fin, la propuesta de los liberales fue presentada como acto legislativo para reformar el artículo 49 de la Constitución, mientras que la de Bolívar es un proyecto de ley que busca introducir algunas disposiciones para la legalización.

La apuesta es cambiar el paradigma en el combate contra el tráfico de drogas: legalizar en vez de prohibir y, con ello, terminar con el mercado negro, los carteles y el crimen asociado. En Colombia, un proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados fue aprobado en su primer debate en el Congreso. En Chile, el ex candidato presidencial Daniel Jadue, del Partido Comunista, propuso un sistema de este tipo en su programa y, en México, organizaciones que investigan sobre políticas públicas y criminalidad, como el Instituto RIA y la ONG México Unido contra la Delincuencia, promueven la discusión del tema.

En julio de 2016 el gobierno colombiano expidió la ley 1787 que regula el uso y la comercialización del cannabis medicinal en el país. Con esta decisión y una serie de resoluciones subsiguientes, Colombia se sumó a más de una decena de países que han puesto en práctica distintos tipos de reglamentación para explorar las ventajas de esta planta como alternativa farmacéutica. A pesar de que la legislación contempla que el 10 por ciento de la producción debe provenir de pequeños y medianos cultivadores, la realidad es que el negocio ha sido mayoritariamente acaparado por los grandes capitales locales y extranjeros.

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Doce parlamentarios de distintas fuerzas políticas anunciaron que trabajarán conjuntamente para formular una política de drogas desde el enfoque de la salud pública y la regulación del consumo. Este grupo está de acuerdo en que el paradigma con el que se ha enfrentado esta problemática debe cambiar y su primer proyecto será reglamentar el uso de la marihuana recreativa en Colombia. El objetivo es ambicioso: cambiar una política de drogas que ha reinado en Colombia y el mundo por más de 30 años; desarrollar el punto de drogas del Acuerdo de Paz, que implica garantías de sustitución de cultivos ilícitos; asegurar las inversiones de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y combatir la política prohibicionista, basada en la penalización del consumo.

El mercado de cocaína fumable se estableció hace décadas, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo. En lugar de desaparecer, está experimentando una expansión paulatina, y ha pasado de constituir un hábito bastante localizado y aislado en la región andina en la década de 1970 a tener un alcance que se despliega en todas las direcciones, en toda América del Norte y del Sur, incluidas las regiones del Caribe y América Central. Las sociedades del continente americano han convivido con las cocaínas fumables durante más de cuatro décadas, pero —aunque resulte sorprendente—, existen pocos estudios sobre la evolución del mercado y pocas pruebas de primera mano sobre cómo se comercializa realmente esta sustancia y cómo la utilizan millones de personas en la región.

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El área sembrada con coca en Colombia pasó de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019, según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El informe, presentado por el presidente Iván Duque, señala que a pesar de eso, la producción de cocaína aumentó en un 1.5 % con respecto al año anterior. “El incremento de la productividad se debe a la concentración de la coca en enclaves productivos donde se facilita la siembra y transformación de la hoja. La producción estimada de hoja de coca fue de 993.107 toneladas métricas, lo que representa un incremento de 1,6 %”, aseguró Naciones Unidas.