Los medios nacionales, el gobierno de Estados Unidos y la oposición casi se infartan con el anuncio de cambio en las metas de erradicación de cultivos de uso ilícito (y ahora con el anuncio de despenalizar a los pequeños cultivadores). Les pasó lo mismo con los anuncios de gradualidad. La verdad no entiendo por qué. El presidente Petro, desde el día 1, en su discurso de posesión, dijo que el gobierno del cambio implicaba una nueva política de drogas. Lo repitió en Naciones Unidas y lo dice cada vez que puede. Por el contrario, a mí me ha parecido tímido. Le bajó el tono a la discusión sobre regular la cocaína, no le ha metido el diente a la regulación del cannabis.

Otra vez vuelve el Congreso a discutir un proyecto para permitir la comercialización del cannabis con fines recreativos. Otra vez surgen los autoproclamados faros de la moral para esgrimir argumentos caducos sobre cómo no podemos aprobar tal despropósito. Otra vez las expectativas de sintonizar a Colombia con las tendencias internacionales tienen pocas posibilidades de cumplirse. Aun así, es necesario insistir. Qué gran aporte le harían al país los congresistas en sus últimas legislaturas y el presidente Iván Duque en su último año si dejaran a un lado los prejuicios, los temores y apoyaran de manera irrestricta esta medida.

El último Informe global sobre la droga 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) presenta un análisis extenso sobre producción, incautaciones y consumo, que lleva a una conclusión sorprendente: el negocio de la cocaína parecer estar cayendo. El informe plantea una pregunta que tiene implicaciones importantes para el crimen organizado de Latinoamérica: ¿hay contracción en el mercado global de la cocaína?

El cuarto punto del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc —la “Solución al problema de las drogas ilícitas”— propone un nuevo enfoque que cambió radicalmente la forma de abordar este tema en el país: a los cultivadores de coca, en lugar de fumigarlos, les prometió acuerdos de sustitución voluntaria; a los consumidores de estupefacientes, en lugar de represión, les prometió un abordaje desde la salud pública, y a los traficantes les prometió más garrote por medio de cooperación entre las instituciones judiciales, entre otras estrategias. A dos años y medio de la firma del Acuerdo, estos son los avances que se observan en la implementación de la que sería la nueva política de drogas de Colombia. (Véase también: ¿Volver a la coca?: la paz que falta por llegar al suroriente de Colombia)

Con la firma del Acuerdo de Paz y la entrada en funcionamiento del PNIS, 99.097 familias campesinas que dependían de los cultivos ilícitos se vincularon en varias regiones para alejarse de esta economía cocalera. Sin embargo, y pese a que ya han pasado más de tres años desde que se puso en marcha el programa, las cifras de cumplimiento son lánguidas. De acuerdo con los reportes que hace la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (antes Posconflicto), de las 99.097 familias vinculadas al programa, 74.366 han recibido pagos de seguridad alimentaria, 61.769 han recibido servicios de asistencia técnica y solo 1.792 cuentan con proyectos productivos en implementación, es decir, menos del 2%.

Colombia será el primer país que lleve a una discusión legislativa la regulación de la quinta droga más consumida en el mundo y la segunda más incautada, según cifras de Naciones Unidas: la cocaína. En el Congreso será radicado un proyecto de ley de los senadores Iván Marulanda, del Partido Verde, y Feliciano Valencia, del Mais, que busca cambiar la guerra con la que país lleva décadas enfrentando el narcotráfico, sin lograr acabarlo pero con altos costos en vidas y dinero. La iniciativa plantea el control del Estado de la producción y comercialización de la hoja de coca y la cocaína para arrebatarle a las mafias este negocio, también aborda la regulación aludiendo a derechos como la vida digna, la salud, y el libre desarrollo de la personalidad, así como a la necesidad de reducir los riesgos por consumo.

La guerra contra el narcotráfico en Colombia ha dejado decenas de miles de muertos en décadas de lucha y devastado las zonas rurales del país, y el gobierno está lejos de ganar la batalla. Colombia sigue produciendo el 70% de la cocaína que se consume en el mundo. Son cada vez más las voces que apuestan por una legalización o regulación de la producción y el consumo, con el expresidente y Nobel de la Paz Juan Manuel Santos: “Hace más de 40 años que estamos en esta lucha contra las drogas decretada por Naciones Unidas, y no se ha ganado. Y una guerra que no se ha ganado en 40 años es una guerra perdida. Hay que reinventar esta guerra contra el narcotráfico y las drogas y una de las formas más efectivas es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas, y racionalizarlo para poderla controlar mejor”.

Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) respondió a las declaraciones de Hernando Londoño, director del programa de sustitución de cultivos, quien señaló que no han sido asesinados líderes de sustitución. De acuerdo con Zapata, este Gobierno no tiene voluntad con el programa. Zapata, vocero nacional de la Coccam y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), reiteró que en dichas organizaciones han documentado al menos 56 casos de líderes de sustitución asesinados y explicó por qué para ellos es evidente que el Gobierno, contrario a lo dicho por Londoño, no tiene voluntad con el PNIS.

“Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra”, de esta manera comenzó Gustavo Petro su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Contrario a lo que se esperaba, el mandatario no comenzó su discurso hablando del cambio climático y de la necesidad de luchar en contra de este de forma conjunta, sino que se enfocó inicialmente en un pedido de cambio de enfoque en la lucha contra las drogas. Esta tesis fue la que articuló todo su discurso para también pedir la unión en contra del cambio climático.

El exdirector del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) explicó cuál es la gravedad de que el presidente Iván Duque rompiera el convenio con la ONU para verificar el avance del programa. También lanza críticas a la manera en que el Gobierno actual ha manejado la sustitución de cultivos y resalta que hace parte de la reforma rural, que tiene graves atrasos. El hecho se sumó a la polémica generada semanas atrás por el director del PNIS, Hernando Londoño, quien negó que líderes de sustitución de cultivos estén siendo asesinados y cuestionó la viabilidad misma del programa. (Lea: “Líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados”: Director del programa de sustitución)

Coca fumigations started in Colombia in the early 1990s and intensified during “Plan Colombia,” a $10 billion U.S. campaign that ran from 2000 to 2015 and was meant to tackle Colombia’s armed leftist insurgents and the drug trade that funds them. During those 25 years, American-funded and -piloted planes sprayed herbicides over more than 4 million acres of land in coca-growing regions in an effort to stamp out the drug supply. “Plan Colombia” officially ended in 2015, when the Colombian government reached a historic peace agreement with the country’s largest leftist guerrilla organization, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC. But two decades later, the threat of fumigation is back—and could depend on the U.S. election.

Pascual Restrepo ha realizado varias investigaciones sobre la economía ilegal y los costos que ha tenido que pagar el país en el marco de la denominada lucha contra las drogas. La idea de fondo es tratar de entender por qué, a pesar de la gran cantidad de recursos invertidos, esta ha sido tan ineficiente. El experto economista explica cuáles pueden ser las razones del “fracaso parcial” del Plan Colombia y cuál debería ser la estrategia para reorientar el apoyo financiero internacional en un escenario de posconflicto. (Véase también: Hacia la segunda fase del Plan Colombia)

La suspensión de la erradicación forzada de cultivos de coca y el uso de glifosato en aspersión aérea, así como la priorización de la erradicación voluntaria, fueron las decisiones que dio a conocer el mayor general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional. El anuncio llega apenas 15 días después de que el presidente Gustavo Petro asumiera su mandato y se convierte en su primer paso concreto hacia el cambio de enfoque en la política de drogas, como lo anunció durante toda su campaña e incluso en su discurso de posesión. Organizaciones sociales, campesinas y estudiosos de la política de drogas alertaron sobre la necesidad de que esa decisión venga acompañada del cumplimiento a los compromisos que el Estado adquirió con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

“Al apoyar las fumigaciones, respalda implícitamente el legado dañino de Trump en Colombia”, dicen 150 expertos en drogas, a través de una carta enviada al presidente de Estados Unidos. Después de que el Ministerio de Justicia presentara el borrador de decreto para retomar las aspersiones aéreas con glifosato con el fin de erradicar cultivos de coca, múltiples organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado para rechazar esta decisión. Esta vez, a través de una carta, 150 académicos y académicas de Colombia y múltiples países le piden al presidente de los Estado Unidos, Joe Biden, que reconsidere el apoyo dado a esta medida tomada por el gobierno de Iván Duque. (Véase también: Siete relatores de la ONU para DD.HH. piden a Duque rechazar fumigación con glifosato)

Learn how lessening the barriers for small farmers while raising them for large companies can help to steer legal cannabis markets in a more sustainable and equitable direction based on principles of community empowerment, social justice, fair(er) trade and sustainable development.

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El Gobierno de Iván Duque manifestó desde el primer momento que pretende volver a usar el glifosato para asperjar y destruir cultivos de uso ilícito, que fue suspendido por el Consejo Nacional de Estupefacientes en 2015 y que solo puede ponerse en marcha si se cumplen seis mandatos que estableció la Corte Constitucional en 2017. Entre ellas está crear una regulación que se derive la evaluación al riesgo a la salud y el medio ambiente. El borrador de decreto del Ministerio de Justicia tiene como objetivo crear un “marco normativo especial, independiente y autónomo sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente en el marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”.

Desde hace más de 20 años, con la creación del Plan Colombia y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el país asumió la responsabilidad de erradicar las hectáreas de hoja de coca e instaurar un plan de gobierno sólido frente al narcotráfico; sin embargo, esta tarea ha implicado retos serios en materia política, económica, ambiental y la más controvertida: salud pública. Contaminación de los bosques, de las aguas subterráneas y del suelo son algunos efectos de la aspersión de glifosato para erradicar cultivos de hoja de coca. Gabriel Tobón, investigador y docente de la Universidad Javeriana, se suma al debate con sus alternativas productivas. 

El cultivo de la flor de amapola en México y Colombia forma parte de una economía local destinada de forma casi exclusiva al mercado ilegal en el exterior: la demanda de heroína, principalmente en los Estados Unidos. En la actualidad existe una crisis humanitaria de gran envergadura en América del Norte en relación con este consumo y los opiáceos que circulan en este mercado. Las políticas de control del cultivo ilícito en México y Colombia han consistido exclusivamente en intervenciones con fuerza de erradicación, que provocan el desplazamiento del cultivo hacia otras zonas más remotas, la criminalización de los cultivadores y malestar en las comunidades afectadas.

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Algo está pasando en las Américas, algo que hace que los gobernantes estén asumiendo la derrota de la estrategia de prohibicionismo a las drogas y den rienda a la regulación del mercado de la marihuana. "La prohibición le hace daño a la humanidad, porque el mercado de drogas ya existe, solo que clandestino y regulado por el crimen organizado. Es un mercado que se paga con vidas y llegó la hora de que sean los Estados quienes establezcan las normas del juego". Así comienza cada una de sus presentaciones públicas Daniel Radío, secretario de la Junta Nacional de Drogas, compartiendo los resultados del llamado "experimento uruguayo".Y al parecer su pensamiento está siendo acompañado por políticos del continente – por lo general progresistas o liberales – en una cruzada que los analistas llamada "cambio de paradigma".

The coca leaf has been a staple in Andean communities for centuries, serving as a source of nutrition, as an aide for altitude adjustment, and as an energy boost. However, despite its many benefits, coca is still widely associated with its illegal derivative, cocaine. This association has led to a prohibition on the international trade of coca, holding back the coca leaf’s potential to help countries in need. Yet, the coca leaf could be at the centre of a global crop resurgence if we just take the steps needed to free it. Coca-based organic fertilisers, developed in Colombia, are an innovative, cost-effective, and environmentally friendly alternative to synthetic versions.