Pedro Arenas, cofundador de Corporación Viso Mutop, un centro de estudios que acompaña comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y que promueve reformas en la política de drogas, explicó que además de perjudicar los bosques circundantes al área de coca que se pretendía eliminar, se dañaban "estanques piscícolas, fuentes de agua, cultivos de alimentos, pastos para ganado y animales de corral, entre otros bienes". Según el experto, que lleva más de 20 años analizando los programas de aspersiones con glifosato y sus impactos en los derechos humanos de las familias cultivadoras de coca, amapola y marihuana, el problema radica en que "la Policía fumiga pero el resto del Estado no llega y por ello los cultivos se trasladan de lugar, duplicándose el fenómeno de la deforestación".

Desde que comenzó 2020, el Gobierno Nacional se trazó la meta de erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos de las más de 200 mil que, según cálculos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, hay sembradas en Colombia. Una labor ardua, que aunque sigue en pie durante la cuarentena nacional por la pandemia del coronavirus, está en medio de incertidumbre. De hecho, según una investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante los primeros cuatro meses de este año las erradicaciones en todo el territorio sumaron 17.300 hectáreas, 6.500 menos que en el mismo período de 2019, año en que la meta final era de 100 mil ha.

En Putumayo y Caquetá se han intensificado los operativos contra los cultivos de coca, mientras los campesinos reclaman cumplimiento del programa de sustitución voluntaria. En el municipio de La Montañita, en medio de la tensión entre erradicadores y labriegos, el Ejército disparó contra los campesinos. MinDefensa confirmó que las acciones de erradicación no se detendrán en medio de la pandemia de COVID-19. A la par, también aumentan las movilizaciones campesinas que han salido a las vías de los departamentos a exigir que cesen esos operativos. Aún más preocupante para las comunidades, resulta el hecho de que les anunciaran hace 15 días que va a empezar la aspersión aérea con glifosato. (Lea: Asesinato de líderes sociales: la otra pandemia que el gobierno se niega a enfrentar)

La última cifra del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) despertó las alarmas y críticas de quienes han cuestionado la política contra las drogas en Colombia: en 2021 la producción de hoja de coca tuvo el crecimiento más elevado desde 2001, un 43 % más que el año anterior. Con ello, el 2021 cerró con 204.00 hectáreas de coca en el país, 61.000 más que el 2020. Las hojas de ruta para la sustitución gradual de la coca de pequeños cultivadores y la erradicación forzada de las siembras industriales deberán definirse durante los primeros seis meses de este año. Además, se espera un avance en la regulación del cannabis para uso adulto y el desarrollo de más encuentros cocaleros para escuchar las propuestas de las comunidades.

Albania has become the largest producer of outdoor-grown cannabis in Europe. The potent plant has been described as "green gold" for struggling farmers. In a poor nation, it's a billion-euro industry. In Albania, a kilo of this illegal drug sells for between 100 and 200 euros. In Italy it will fetch about 1,500 euros. And most of the country's cannabis crop is trafficked out - north through Montenegro, south to Greece, or west across the Adriatic to Italy. There is no significant home market. One source estimates the illicit industry may be worth five billion euros per year - about half of Albania's GDP. (See also: An Albanian war on drugs)

An elderly cleaning lady enters the huge empty UN aula in New York with her polishing cart, to get the venue spic-and-span for an important upcoming meeting. A voice in the background explains: "Here, in this room, on the 8, 9 and 10 of June world leaders will join forces to confront the drug problem". As the lady dusts off a globe, in the swaying movement, a roaring helicopter appears spraying herbicides, followed by a fast sequence of images like burning drug crops, heavily armed soldiers and a farmer processing coffee. The voice ends with the slogan: "A drug free world - We can do it!"

Large-scale cannabis cultivation in Albania dates to the early 1990s, not long after the fall of the country’s Communist dictatorship, when the parlous state of the Albanian economy led to widespread civil unrest in 1997. Penetrated by ever more powerful criminal gangs, the industry reached a peak in 2016, when Albania was one of the biggest producers in the world. For years, Albania has been considered the largest producer of outdoor-grown cannabis in Europe and the geographic position of Albania – its proximity to Greece and Italy – has stimulated the cultivation of cannabis over the years. With the aid of Italian aerial reconnaissance flights between 2013 and 2019, authorities identified 613 hectares of land planted with cannabis.

Pedro Arenas is afraid that they'll take flight again. "I expect it could be within the next months," he says. Since the end of last year, nine AT-802 firefighting aircraft have been deployed throughout the country. But their mission is not to put out fires. The planes are trying to eliminate a problem that has been causing bloodshed in Colombia for decades: cocaine. The planes are loaded with the controversial herbicide glyphosate. According to Colombian media, nearly 800 barrels of the chemicals are in stock from a Chinese manufacturer. If spraying resumes, "people in the remote communities will completely lose faith in the institutions and the peace process," Arenas believes. (See also:  The ‘deja vú’ of aerial crop spraying in Colombia)

El presidente Iván Duque anuncía la expedición del decreto que regula la aspersión aérea con glifosato, con miras a retomar esta que pareciera ser la estrategia antidroga más contundente del Gobierno. Se trata de la expedición del decreto que contiene el marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente del uso del glifosato como estrategia para destruir los cultivos de uso ilícito en el país. Aunque la iniciativa de retomar la aspersión, que fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en 2015, ha sido ampliamente criticada por organizaciones sociales, al parecer, todo apunta a que el país volverá a esta modalidad de erradicación. (Véase también: Examen al decreto del glifosato: ¿cumple con las órdenes de la Corte Constitucional?)

El presidente Iván Duque se refirió desde Londres a la necesidad de retomar la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos. Según dijo el primer mandatario es algo que "se requiere, toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso". El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le hizo eco a la propuesta y explicó que, aunque el tema debe primero tener el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes, esa aprobación es "cuestión de semanas" y se retomaría el uso del herbicida en el mes de julio de este año. Sin embargo, el uso del glifosato también está frenado por la vía judicial en un tema que todavía no se ha definido. (Véase también: El estudio que raja al glifosato en la Corte | Glifosato, se reabre la polémica en Colombia)

Acompañamos la instalación de un espacio humanitario conformado por organizaciones sociales para atender la crisis desatada tras los operativos de erradicación forzada. Las comunidades denuncian una política de tierra arrasada y las autoridades defienden estas acciones porque van en contra de la disidencia al mando de “Gentil Duarte”, comandante del Frente Séptimo de las Farc que no se acogió al Acuerdo de Paz. Un puñado de campesinos, alrededor de una carpa improvisada que levantaron con plástico y les sirve de cocina, se comunican por radio con decenas de ellos que están regados por la zona alertas a la entrada del Ejército en los tajos de coca.

Lawmakers in Kazakhstan have demanded that police crack down on what they say is the rampant cannabis-growing industry in the south of the country. Addressing the head of the Interior Ministry, the deputies noted that they were concerned that the strain of the plant being cultivated in the Kyzylorda region, Cannabis indica, is five times more powerful than the native variety that grows wild. Vladimir Volkov said he was concerned at the steep rise of criminality in the region. Over five years, 84 drug plantations have been discovered. The illegal business appears to be attracting not just organized crime but also regular rural inhabitants. Local prosecutors say that the tolerance for the consumption of drugs complicates the work of police officers as nobody is willing to report criminal offenses.

En una rueda de prensa de ayer 9 de junio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en cabeza del representante Pierre Lapaque, reportó una reducción del 7% en el área sembrada con coca en Colombia, entre 2019 y 2020. En diálogo con este diario, Lapaque asegura que los números siguen bajando con el tiempo, que el gobierno de Iván Duque podría pensar en alternativas diferentes a la aspersión aérea con glifosato y que las instituciones deben ofrecer una “opción de vida mejor” a los excocaleros del país. (En contexto: La UNODC reportó reducción de siembra de coca en el país en un 7% teniendo 143 mil hectáreas activas)

La decisión del Gobierno de Iván Duque de regresar pronto a las fumigaciones aéreas como estrategia contra los cultivos de coca sigue en el limbo. La Corte Constitucional colombiana decidió mantener las mismas condiciones que impuso hace dos años para volver a las aspersiones con el herbicida, considerado potencialmente cancerígeno. Pero el impacto de esta decisión aún no es claro y algunos expertos creen que abre una puerta al retorno de las fumigaciones aéreas. El alto tribunal decidió no modificar la sentencia de 2017, que restringió las aspersiones. “No hay nuevas condiciones, son las mismas, lo que hace la Corte son precisiones. No hay modulación. No hay modificación.” (Véase tambien: Gobierno creará protocolo para retomar aspersiones con glifosato)

El representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Pierre Lapaque, entregó al presidente Iván Duque el informe sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia en 2019, que arrojó una disminución del 9 por ciento de los cultivos de coca frente al año 2018. Lapaque afirmó que esa es una muy buena noticia y destacó el papel de la Fuerza Pública en la erradicación forzada. "Desafortunadamente Colombia tiene el 70 por ciento de la hoja de coca a nivel mundial. Si se trabaja solo con la voluntaria, se va a demorar mucho tiempo para ver un resultado rápido. Por eso la erradicación forzada es una decisión necesaria, porque va a tener un impacto rápido con el riesgo de la resiembra."

La cumbre campesina e indígena cocalera del Putumayo se realizó el pasado 30 de septiembre con la participación de 630 personas de todos los municipios del departamento y algunas provenientes de Caquetá, Cauca y Nariño. De este evento, realizado en el Colegio Alvernia de Puerto Asís, salieron unas propuestas específicas de los cocaleros para el nuevo Gobierno. Las peticiones de los campesinos e indígenas de este departamento no son ajenas a las del resto de movimientos sociales en Colombia. No hay infraestructura ni vías para sacar los cultivos de las regiones, hay una gran ausencia del Estado en ciertas zonas y la desconfianza institucional de los cocaleros es un problema sin resolver.

El Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional y de la Universidad del Rosario documentó 95 incidentes entre la fuerza pública y campesinos entre diciembre de 2016 y julio de 2020. En lo corrido del año, cuatro campesinos y un indígena han muerto a manos del Ejército y la Policía Antinarcóticos. El Observatorio los reunió en un trabajo titulado “Erradicación forzada: una política que mata”, que, según la autora de la base de datos utilizada para el trabajo, Diana Ximena Machuca, es “un llamado de atención sobre el hecho de que la erradicación forzada es una política que viola derechos humanos y que va en contravía de los propósitos contemplados en el Acuerdo de Paz”. (Véase también: Erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y derechos humanos)

No one knows with confidence how many small-scale cannabis farmers there are in South Africa, but the number is large: one organisation estimates 900,000. Millions of people probably depend on income from cannabis. In Pondoland, these growers have been cultivating the plant for over 200 years, with most of their harvest in more contemporary times bound for Cape Town townships and taxi ranks, as well as other South African cities. Pondoland is among South Africa’s least economically developed regions, and dagga is the only cash crop in a subsistence economy. There have been a number of failed efforts to eradicate the plant from the area.

This policy briefing discusses whether or not the aim of reducing cannabis cultivation is realistic or beneficial for Morocco, what it would actually mean for the major production area the Rif – one of the poorest, most densely populated and environmentally fragile regions in the country – and what that could imply for meaningful sustainable development. The briefing will give some historical background, discuss developments in the cannabis market, and highlight environmental and social consequences as well as the recent debate about regulation in Morocco and about European policies.

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Hace poco el presidente Iván Duque celebraba la reducción en el número de hectáreas de hoja de coca cultivadas. Sin embargo, también se informó sobre un aumento en la producción de cocaína. Es decir, los procesos del narcotráfico se están volviendo más eficaces. Eso no es un síntoma de una batalla que estemos ganando. Creer que el glifosato va a ser la solución mágica para frenar el incremento del tráfico ilícito de drogas, que está financiando la violencia en el país, es seguir apostándole a una estrategia fallida. Debemos insistir: las aspersiones atacan a las poblaciones, rompen los lazos del Estado con sus comunidades más necesitadas, no les hacen mella suficiente a los narcotraficantes y el país seguirá asfixiado por la coca.