Los medios nacionales, el gobierno de Estados Unidos y la oposición casi se infartan con el anuncio de cambio en las metas de erradicación de cultivos de uso ilícito (y ahora con el anuncio de despenalizar a los pequeños cultivadores). Les pasó lo mismo con los anuncios de gradualidad. La verdad no entiendo por qué. El presidente Petro, desde el día 1, en su discurso de posesión, dijo que el gobierno del cambio implicaba una nueva política de drogas. Lo repitió en Naciones Unidas y lo dice cada vez que puede. Por el contrario, a mí me ha parecido tímido. Le bajó el tono a la discusión sobre regular la cocaína, no le ha metido el diente a la regulación del cannabis.

Con la firma del Acuerdo de Paz y la entrada en funcionamiento del PNIS, 99.097 familias campesinas que dependían de los cultivos ilícitos se vincularon en varias regiones para alejarse de esta economía cocalera. Sin embargo, y pese a que ya han pasado más de tres años desde que se puso en marcha el programa, las cifras de cumplimiento son lánguidas. De acuerdo con los reportes que hace la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (antes Posconflicto), de las 99.097 familias vinculadas al programa, 74.366 han recibido pagos de seguridad alimentaria, 61.769 han recibido servicios de asistencia técnica y solo 1.792 cuentan con proyectos productivos en implementación, es decir, menos del 2%.

Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) respondió a las declaraciones de Hernando Londoño, director del programa de sustitución de cultivos, quien señaló que no han sido asesinados líderes de sustitución. De acuerdo con Zapata, este Gobierno no tiene voluntad con el programa. Zapata, vocero nacional de la Coccam y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), reiteró que en dichas organizaciones han documentado al menos 56 casos de líderes de sustitución asesinados y explicó por qué para ellos es evidente que el Gobierno, contrario a lo dicho por Londoño, no tiene voluntad con el PNIS.

“Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra”, de esta manera comenzó Gustavo Petro su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Contrario a lo que se esperaba, el mandatario no comenzó su discurso hablando del cambio climático y de la necesidad de luchar en contra de este de forma conjunta, sino que se enfocó inicialmente en un pedido de cambio de enfoque en la lucha contra las drogas. Esta tesis fue la que articuló todo su discurso para también pedir la unión en contra del cambio climático.

El exdirector del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) explicó cuál es la gravedad de que el presidente Iván Duque rompiera el convenio con la ONU para verificar el avance del programa. También lanza críticas a la manera en que el Gobierno actual ha manejado la sustitución de cultivos y resalta que hace parte de la reforma rural, que tiene graves atrasos. El hecho se sumó a la polémica generada semanas atrás por el director del PNIS, Hernando Londoño, quien negó que líderes de sustitución de cultivos estén siendo asesinados y cuestionó la viabilidad misma del programa. (Lea: “Líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados”: Director del programa de sustitución)

Coca fumigations started in Colombia in the early 1990s and intensified during “Plan Colombia,” a $10 billion U.S. campaign that ran from 2000 to 2015 and was meant to tackle Colombia’s armed leftist insurgents and the drug trade that funds them. During those 25 years, American-funded and -piloted planes sprayed herbicides over more than 4 million acres of land in coca-growing regions in an effort to stamp out the drug supply. “Plan Colombia” officially ended in 2015, when the Colombian government reached a historic peace agreement with the country’s largest leftist guerrilla organization, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC. But two decades later, the threat of fumigation is back—and could depend on the U.S. election.

Pascual Restrepo ha realizado varias investigaciones sobre la economía ilegal y los costos que ha tenido que pagar el país en el marco de la denominada lucha contra las drogas. La idea de fondo es tratar de entender por qué, a pesar de la gran cantidad de recursos invertidos, esta ha sido tan ineficiente. El experto economista explica cuáles pueden ser las razones del “fracaso parcial” del Plan Colombia y cuál debería ser la estrategia para reorientar el apoyo financiero internacional en un escenario de posconflicto. (Véase también: Hacia la segunda fase del Plan Colombia)

La suspensión de la erradicación forzada de cultivos de coca y el uso de glifosato en aspersión aérea, así como la priorización de la erradicación voluntaria, fueron las decisiones que dio a conocer el mayor general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional. El anuncio llega apenas 15 días después de que el presidente Gustavo Petro asumiera su mandato y se convierte en su primer paso concreto hacia el cambio de enfoque en la política de drogas, como lo anunció durante toda su campaña e incluso en su discurso de posesión. Organizaciones sociales, campesinas y estudiosos de la política de drogas alertaron sobre la necesidad de que esa decisión venga acompañada del cumplimiento a los compromisos que el Estado adquirió con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

“Al apoyar las fumigaciones, respalda implícitamente el legado dañino de Trump en Colombia”, dicen 150 expertos en drogas, a través de una carta enviada al presidente de Estados Unidos. Después de que el Ministerio de Justicia presentara el borrador de decreto para retomar las aspersiones aéreas con glifosato con el fin de erradicar cultivos de coca, múltiples organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado para rechazar esta decisión. Esta vez, a través de una carta, 150 académicos y académicas de Colombia y múltiples países le piden al presidente de los Estado Unidos, Joe Biden, que reconsidere el apoyo dado a esta medida tomada por el gobierno de Iván Duque. (Véase también: Siete relatores de la ONU para DD.HH. piden a Duque rechazar fumigación con glifosato)

Global drug control policies, much like tax or climate change, impact heavily on many areas of development and inevitably on efforts to meet many of the sustainable development goals that were launched by the UN last year and came into force on 1 January. Since the mid-20th century, global drug policy has been dominated by strict prohibition and the criminalisation of drug cultivation, production, trade, possession and use, with the intention of creating a drug-free world.

El Gobierno de Iván Duque manifestó desde el primer momento que pretende volver a usar el glifosato para asperjar y destruir cultivos de uso ilícito, que fue suspendido por el Consejo Nacional de Estupefacientes en 2015 y que solo puede ponerse en marcha si se cumplen seis mandatos que estableció la Corte Constitucional en 2017. Entre ellas está crear una regulación que se derive la evaluación al riesgo a la salud y el medio ambiente. El borrador de decreto del Ministerio de Justicia tiene como objetivo crear un “marco normativo especial, independiente y autónomo sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente en el marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”.

Thousands of small producers have made Albania, Europe’s second-poorest country, its biggest open-air producer of cannabis, exported mainly to western Europe through Greece and Italy. But as Albania tries to clean up its act ahead of hoped-for EU accession talks next year, the government is cracking down on the drug trade. In the past year alone, the area under plantation has dropped by 75 per cent. In the desperately poor countryside, there is a strong economic imperative to grow the crop. Cannabis cultivation provides a cash income in rural areas, where the estimated unemployment rate is 70 per cent. Local growers are estimated to have earned around €300m last year, a similar amount to the annual remittances sent home by Albanians working in western Europe.

Desde hace más de 20 años, con la creación del Plan Colombia y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el país asumió la responsabilidad de erradicar las hectáreas de hoja de coca e instaurar un plan de gobierno sólido frente al narcotráfico; sin embargo, esta tarea ha implicado retos serios en materia política, económica, ambiental y la más controvertida: salud pública. Contaminación de los bosques, de las aguas subterráneas y del suelo son algunos efectos de la aspersión de glifosato para erradicar cultivos de hoja de coca. Gabriel Tobón, investigador y docente de la Universidad Javeriana, se suma al debate con sus alternativas productivas. 

El cultivo de la flor de amapola en México y Colombia forma parte de una economía local destinada de forma casi exclusiva al mercado ilegal en el exterior: la demanda de heroína, principalmente en los Estados Unidos. En la actualidad existe una crisis humanitaria de gran envergadura en América del Norte en relación con este consumo y los opiáceos que circulan en este mercado. Las políticas de control del cultivo ilícito en México y Colombia han consistido exclusivamente en intervenciones con fuerza de erradicación, que provocan el desplazamiento del cultivo hacia otras zonas más remotas, la criminalización de los cultivadores y malestar en las comunidades afectadas.

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El presidente, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que se ampliará el programa de bienestar “Sembrando vida” en la sierra de Guerrero con el propósito de erradicar los cultivos de amapola y marihuana para sustituirlos por otras alternativas de siembra. El mandatario no descartó que grupos delictivos insistirán en continuar con dichos sembradíos, sin embargo, advirtió que el Gobierno ya tiene conocimiento de los cultivos de coca en la sierra del estado e investigarán al respecto. “Decirles para los que andan mal que ya sabemos que están ahí en Guerrero experimentando con el cultivo de cocay ya estamos investigando sobre esto. Encontramos un plantío de coca en Atoyac”, apuntó. (Véase también: ¿Es cierto que hasta ahora hallaron plantíos de coca en Guerrero?)

El proyecto de decreto busca retomar la fumigación que fue suspendida en 2017 por la Corte Constitucional, tomando nota de las recomendaciones que hizo el alto tribunal sobre contemplar los riesgos para la salud y el medio ambiente que supone el uso del herbicida. Se trata de un trámite necesario para este tipo de normas y, durante 30 días, esta cartera encargada de la política de drogas estará recibiendo comentarios de ciudadanos interesados en el tema a través de su portal. Una vez este proceso se surta, el decreto entrará en rigor, será estudiado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y, solo después de eso, podrá retomarse esta técnica de erradicación de coca, marihuana y amapola. (Véase: ¿Por qué el Gobierno no debería retomar las fumigaciones aéreas con glifosato?)

La promesa principal que hizo el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana era clara: abordar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, desde los campesinos que cultivan la hoja de coca, hasta las redes de lavado de activos de las estructuras dedicadas al narcotráfico. Con un ambicioso programa de sustitución voluntaria de cultivos, la meta era que miles de familias que viven de la coca dejaran ese cultivo para siempre y quedaran integradas en la economía legal. La transformación estructural de los territorios cocaleros y el tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores son algunas de las deudas.

Aunque el presidente Iván Duque presentó el informe de Naciones Unidas que señaló la disminución de 2.000 hectáreas de coca en el país en 2018 como un logro de su gobierno, distintos sectores la atribuyen a la sustitución voluntaria, derivada del Acuerdo de Paz, que venía desde 2017. “La reducción que se presenta ocurre en los departamentos donde intervino el programa de sustitución con mayor fuerza, mientras el incremento se registró en aquellos donde no pudo operar por factores como el orden público”, dijo Eduardo Díaz Uribe, quien fue el coordinador de la desaparecida Dirección de Sustitución de Cultivos en el gobierno Santos. (Véase tambén: El problema de la coca está concentrado en el 5 % del país: ONU)

Tres campesinos y un indígena awá han muerto en medio de operativos de erradicación forzada de cultivos de coca. Mientras esas comunidades piden suspender esta estrategia y cumplir el punto 4 del Acuerdo de Paz, el Gobierno anunció asistencia estadounidense. La Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB, en inglés) del Comando Sur llega para “apoyar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico”. Desde hace casi tres meses, cuando el Gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus, las comunidades campesinas que viven de cultivar hoja de coca le piden al Gobierno que suspenda las operaciones de erradicación forzada de los cultivos en sus territorios.(Véase también: Gobierno no detendrá erradicación de coca en la cuarentena: mindefensa)

Campesinos amapoleros de la sierra de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), denunciaron la fumigación mediante helicópteros militares cerca de las comunidades donde hay niños y plantíos que no son enervantes, y amenazaron “con derribar a los fumigadores” si el Gobierno federal continúa con esas acciones. Un representante de las comunidades de Campo Morado y El Durazno manifestó vía telefónica que desde el miércoles, el “helicóptero del Ejército se encuentra fumigando esta zona, había un acuerdo con las autoridades de que no se iba a fumigar y todo lo iban a erradicar por tierra”. (Véase también: La amapola ni negocio es, dejen ya de la lanzar químicos, exigen comuneros a Gobierno y Sedena)