Los medios nacionales, el gobierno de Estados Unidos y la oposición casi se infartan con el anuncio de cambio en las metas de erradicación de cultivos de uso ilícito (y ahora con el anuncio de despenalizar a los pequeños cultivadores). Les pasó lo mismo con los anuncios de gradualidad. La verdad no entiendo por qué. El presidente Petro, desde el día 1, en su discurso de posesión, dijo que el gobierno del cambio implicaba una nueva política de drogas. Lo repitió en Naciones Unidas y lo dice cada vez que puede. Por el contrario, a mí me ha parecido tímido. Le bajó el tono a la discusión sobre regular la cocaína, no le ha metido el diente a la regulación del cannabis.

Con la firma del Acuerdo de Paz y la entrada en funcionamiento del PNIS, 99.097 familias campesinas que dependían de los cultivos ilícitos se vincularon en varias regiones para alejarse de esta economía cocalera. Sin embargo, y pese a que ya han pasado más de tres años desde que se puso en marcha el programa, las cifras de cumplimiento son lánguidas. De acuerdo con los reportes que hace la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (antes Posconflicto), de las 99.097 familias vinculadas al programa, 74.366 han recibido pagos de seguridad alimentaria, 61.769 han recibido servicios de asistencia técnica y solo 1.792 cuentan con proyectos productivos en implementación, es decir, menos del 2%.

Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) respondió a las declaraciones de Hernando Londoño, director del programa de sustitución de cultivos, quien señaló que no han sido asesinados líderes de sustitución. De acuerdo con Zapata, este Gobierno no tiene voluntad con el programa. Zapata, vocero nacional de la Coccam y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), reiteró que en dichas organizaciones han documentado al menos 56 casos de líderes de sustitución asesinados y explicó por qué para ellos es evidente que el Gobierno, contrario a lo dicho por Londoño, no tiene voluntad con el PNIS.

“Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra”, de esta manera comenzó Gustavo Petro su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Contrario a lo que se esperaba, el mandatario no comenzó su discurso hablando del cambio climático y de la necesidad de luchar en contra de este de forma conjunta, sino que se enfocó inicialmente en un pedido de cambio de enfoque en la lucha contra las drogas. Esta tesis fue la que articuló todo su discurso para también pedir la unión en contra del cambio climático.

Coca fumigations started in Colombia in the early 1990s and intensified during “Plan Colombia,” a $10 billion U.S. campaign that ran from 2000 to 2015 and was meant to tackle Colombia’s armed leftist insurgents and the drug trade that funds them. During those 25 years, American-funded and -piloted planes sprayed herbicides over more than 4 million acres of land in coca-growing regions in an effort to stamp out the drug supply. “Plan Colombia” officially ended in 2015, when the Colombian government reached a historic peace agreement with the country’s largest leftist guerrilla organization, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC. But two decades later, the threat of fumigation is back—and could depend on the U.S. election.

La suspensión de la erradicación forzada de cultivos de coca y el uso de glifosato en aspersión aérea, así como la priorización de la erradicación voluntaria, fueron las decisiones que dio a conocer el mayor general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional. El anuncio llega apenas 15 días después de que el presidente Gustavo Petro asumiera su mandato y se convierte en su primer paso concreto hacia el cambio de enfoque en la política de drogas, como lo anunció durante toda su campaña e incluso en su discurso de posesión. Organizaciones sociales, campesinas y estudiosos de la política de drogas alertaron sobre la necesidad de que esa decisión venga acompañada del cumplimiento a los compromisos que el Estado adquirió con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

“Al apoyar las fumigaciones, respalda implícitamente el legado dañino de Trump en Colombia”, dicen 150 expertos en drogas, a través de una carta enviada al presidente de Estados Unidos. Después de que el Ministerio de Justicia presentara el borrador de decreto para retomar las aspersiones aéreas con glifosato con el fin de erradicar cultivos de coca, múltiples organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado para rechazar esta decisión. Esta vez, a través de una carta, 150 académicos y académicas de Colombia y múltiples países le piden al presidente de los Estado Unidos, Joe Biden, que reconsidere el apoyo dado a esta medida tomada por el gobierno de Iván Duque. (Véase también: Siete relatores de la ONU para DD.HH. piden a Duque rechazar fumigación con glifosato)

El Gobierno de Iván Duque manifestó desde el primer momento que pretende volver a usar el glifosato para asperjar y destruir cultivos de uso ilícito, que fue suspendido por el Consejo Nacional de Estupefacientes en 2015 y que solo puede ponerse en marcha si se cumplen seis mandatos que estableció la Corte Constitucional en 2017. Entre ellas está crear una regulación que se derive la evaluación al riesgo a la salud y el medio ambiente. El borrador de decreto del Ministerio de Justicia tiene como objetivo crear un “marco normativo especial, independiente y autónomo sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente en el marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”.

Desde hace más de 20 años, con la creación del Plan Colombia y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el país asumió la responsabilidad de erradicar las hectáreas de hoja de coca e instaurar un plan de gobierno sólido frente al narcotráfico; sin embargo, esta tarea ha implicado retos serios en materia política, económica, ambiental y la más controvertida: salud pública. Contaminación de los bosques, de las aguas subterráneas y del suelo son algunos efectos de la aspersión de glifosato para erradicar cultivos de hoja de coca. Gabriel Tobón, investigador y docente de la Universidad Javeriana, se suma al debate con sus alternativas productivas. 

El cultivo de la flor de amapola en México y Colombia forma parte de una economía local destinada de forma casi exclusiva al mercado ilegal en el exterior: la demanda de heroína, principalmente en los Estados Unidos. En la actualidad existe una crisis humanitaria de gran envergadura en América del Norte en relación con este consumo y los opiáceos que circulan en este mercado. Las políticas de control del cultivo ilícito en México y Colombia han consistido exclusivamente en intervenciones con fuerza de erradicación, que provocan el desplazamiento del cultivo hacia otras zonas más remotas, la criminalización de los cultivadores y malestar en las comunidades afectadas.

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El proyecto de decreto busca retomar la fumigación que fue suspendida en 2017 por la Corte Constitucional, tomando nota de las recomendaciones que hizo el alto tribunal sobre contemplar los riesgos para la salud y el medio ambiente que supone el uso del herbicida. Se trata de un trámite necesario para este tipo de normas y, durante 30 días, esta cartera encargada de la política de drogas estará recibiendo comentarios de ciudadanos interesados en el tema a través de su portal. Una vez este proceso se surta, el decreto entrará en rigor, será estudiado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y, solo después de eso, podrá retomarse esta técnica de erradicación de coca, marihuana y amapola. (Véase: ¿Por qué el Gobierno no debería retomar las fumigaciones aéreas con glifosato?)

Campesinos amapoleros de la sierra de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), denunciaron la fumigación mediante helicópteros militares cerca de las comunidades donde hay niños y plantíos que no son enervantes, y amenazaron “con derribar a los fumigadores” si el Gobierno federal continúa con esas acciones. Un representante de las comunidades de Campo Morado y El Durazno manifestó vía telefónica que desde el miércoles, el “helicóptero del Ejército se encuentra fumigando esta zona, había un acuerdo con las autoridades de que no se iba a fumigar y todo lo iban a erradicar por tierra”. (Véase también: La amapola ni negocio es, dejen ya de la lanzar químicos, exigen comuneros a Gobierno y Sedena)

Vecinos de la sierra de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) lanzaron piedras y cohetes a dos helicópteros del Ejército en protesta contra la fumigación de sus plantas de amapola, y exigieron a las autoridades federales que las destruyan por tierra. Desde hace varios meses los campesinos han pedido a las autoridades que no fumiguen sus parcelas de amapola y que les envíen proyectos para el campo, para dejar la siembra de enervantes. Los pobladores denunciaron que “aparte de la amapola fumigan sus cosechas de tomate y aguacate, contaminan el río y nos dejan sin nada para sobrevivir, queremos que vengan y lo hagan por tierra, porque hay parcelas donde la gente siembra lo que se va comer”.

The “legendary” Chui Valley may be destroyed with herbicides. Legendary in quotes – because the Valley is known primarily for cannabis that grow there. Located in Kazakhstan’s Zhambyl Oblast and Kyrgyzstan’s Chui Province, about 140,000 hectares of the total area of the valley see intensive growth of cannabis. It is not known precisely when cannabis started growing in the valley. Some claim that the seeds were brought here in the 17th century by Turkestan Governor-General Kolpakovsky with the good intentions to prevent sand encroachment. Others believe cannabis has grown here since ancient times and the people found it useful in everyday life because of high durability of the material. Now the valley is a heaven for drug dealers. Up to 5 tons of cannabis a year can be produced.

Cattle-ranching, not cocaine, has driven the destruction of the Colombian Amazon over the last four decades, a new study has found. Successive recent governments have used environmental concerns to justify ramping up their war on the green shrub, but the research shows that in 2018 the amount of forest cleared to cultivate coca, the base ingredient of cocaine, was only 1/60th of that used for cattle. The study’s findings vindicate conservation experts who have long argued that Colombia’s strategy to conserve the Amazon – often centered on combating coca production – has been misplaced. “We want to finally eradicate this narrative that coca is the driver of deforestation.” (See also: IDPC analysis of the UNODC World Drug Report 2022)

Después de seis años, el Gobierno celebró el quiebre de la tendencia al alza de los cultivos ilícitos en el país. En 2018 se registraron 169.000 hectáreas sembradas, mientras que en 2019 hubo 154.000, según el reporte de Naciones Unidas publicado hace tres semanas. El presidente Iván Duque tomó la noticia como un espaldarazo a la política Ruta Futuro, su apuesta de lucha antidrogas. SEMANA habló con ocho fuentes que conocen de cerca la erradicación, y que han participado en esta desde altos cargos en el Ministerio de Justicia, el Ejército y las Naciones Unidas. Todos coincidieron en que la cifra de erradicación forzada es exagerada y que alteraciones en los reportes se vienen haciendo desde hace al menos diez años. 

It was eight years ago the last time planes came to spray poison on Noralba Quintero’s coca crop in the jungled foothills here by the mighty Magdalena River. Until recently, she thought those days were over. Quintero’s community was one of thousands that relied on the plant from which cocaine is made to survive through Colombia’s decades-long civil war. With the historic peace accord of 2016, the government was supposed to help the farmers transition to legal agriculture. But that pledge remains unfulfilled — and coca has proliferated. Now President Iván Duque, pressured by the United States, is pushing hard to resume aerial fumigation with glyphosate, the controversial practice that officials here say is the most effective way of eradicating the illicit crop that helped fund the war.

Legislators weary of Colombia’s whack-a-mole anti-narcotics efforts propose to stop the often violent trafficking of cocaine that has plagued the country for decades. The plan calls for the national government to take control of the drug market by purchasing coca leaf harvests and regulating cocaine sales. The challenges include cost, pushback from an international community that wants to maintain the status quo, and the potential reaction of an illegal drug empire that does not hesitate to use violence to get its way. The legislators who authored the bill, which is scheduled for congressional debate in October, insist the approach could reduce the waste of public funds, help protect Colombia’s environment and generate a better public health approach to the issue of drug consumption.

The Colombian government has published a proposed law that will allow it to resume a controversial program of aerial fumigation of coca crops using glyphosate, a weed-killer thought to cause cancer in people exposed to it regularly and in high doses. The plans are in the final stage of their passage to law, and spraying is expected to begin “in the second half of this year,” said Ricardo Vargas, an expert in crop fumigation and coca at National University of Colombia. Communities have not had the help they needed to move away from the coca trade and now will take the brunt of the new spraying program. “Many social leaders, some of whom have been for promoting the substitution of coca, have been threatened or killed.”

It is unfortunate that 35 years after the first chemical spraying in the Sierra Nevada de Santa Marta, we are still writing about aerial sprayings in Colombia, demanding the current government – how many governments have not happened since! – to definitely defer an ecocide and incompetent policy. Throughout these years we have seen increasing national and international voices opposing the spraying of coca with the herbicide Roundup (glyphosate).