El Gobierno danés ha presentado un paquete de medidas para acabar de forma definitiva con la venta de cannabis en la comuna libre de Christiania, tras varios tiroteos mortales en los últimos meses en ese barrio de la capital por enfrentamientos entre bandas. El último episodio se produjo a finales de agosto y causó la muerte de un joven de 30 años en un tiroteo en el que resultaron heridas más personas, lo que llevó por primera vez en medio siglo de historia de Christiania a sus residentes a pedir a las autoridades que cierren “Pusher Street” (la calle de los camellos). Esa calle fue creada a finales de la década de los 80 por los “christianitas” para que el comercio no se expandiera por todo el barrio y ha sobrevivido a varios cierres temporales y a cientos de operaciones policiales para alejar a los vendedores, sin éxito hasta ahora.

Con la venia del presidente Alberto Fernández, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y funcionarios de otros ministerios ya trabajan en un cambio drástico de la política del gobierno de Cambiemos en relación con la tenencia y el consumo de marihuana, una promesa de campaña que podría generar un fuerte debate parlamentario durante este año. Cerca de la ministra de Seguridad reconocieron que está "en estudio" el envío al Congreso de un proyecto de ley para despenalizar la tenencia para consumo personal y el autocultivo de la planta de cannabis, y que el objetivo es "dejar de penalizar a los perejiles, e ir por los narcos, que son el verdadero peligro", afirmaron. (Véase también: Cannabis para todxs: la era del autocultivo y el uso medicinal)

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que la Policía accederá a las ubicaciones de los clubes cannábicos y las empresas que producen cannabis medicinal para “controlar la correcta aplicación de la ley”. “No se trata de interferir con nadie, ni estigmatizar a nadie, se nos va a dar solamente información de los lugares, no de las personas o empresas que explotan”, señaló. El registro al que accederán les permitirá conocer las cantidades que cada club cannábico tiene habilitado plantar y controlar su cumplimiento. La presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos, María José Miles, indicó que esos datos son gestionados por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). “Nos parece una irresponsabilidad y una falta de confianza que el MI pase por encima de algo que está en la ley”.

México ha sido el centro de atención en lo que respecta a la violencia relacionada con drogas en América Latina. Si bien este ‘enfoque mexicano’ aún prevalece, es en el Triángulo del Norte de Centroamérica – Guatemala, Honduras y El Salvador – donde actualmente se ven tasas mucho más altas de violencia y un incremento en la actividad de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, una clara ilustración del ‘efecto globo’ que México experimentase después de la implementación del Plan Colombia. En su conjunto, los países del Triángulo del Norte son ahora una de las regiones más violentas del planeta.

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El papel del narcotráfico en la violencia delictiva y las respuestas de política pública en Guatemala, El Salvador y Honduras son analizados en este trabajo de Liza Ten Velde, investigadora del Transnational Institute, quien aborda los altos niveles de violencia del Triángulo del Norte y evalúa en qué medida el tráfico de drogas es responsable de esta violencia.

Las asociaciones para el cultivo y consumo compartido de cannabis deben cumplir requisitos concretos, como que todos los socios sean "adictos", para evitar extender el consumo de drogas, y que se trate de un grupo reducido, "que permita considerar que estamos ante un acto íntimo sin trascendencia pública". Así lo recuerda el Tribunal Supremo en una reciente sentencia dictada el pasado 19 de noviembre con la que ratifica la condena de hasta cuatro años de prisión que impuso la Audiencia Provincial de Barcelona a los fundadores de un club de cannabis. Según los jueces, era una mera pantalla para la elaboración y distribución masiva de droga. (Véase también: Los nuevos criterios establecidos por el Tribunal Supremo para regular las asociaciones de consumo de cannabis)

España es el país europeo que más multas pone relacionadas con el cannabis pese a ser solo el cuarto donde más se consume. Las diferentes policías del Estado impusieron un total de 300.276 sanciones por consumo o tenencia de cannabis en la calle en 2018, último año del que existen datos comparables europeos. El siguiente país en esta lista es Alemania, con 179.700 multas ese mismo año pese a tener casi el doble de población y una tasa de consumidores solo algo inferior a la española. Italia, que supera a España en habitantes globales y en usuarios de cannabis, pone una décima parte de sanciones y Francia, otro país europeo que tiene más consumidores, no dispone de datos recientes, pero en 2010, último año que los ofreció, estaba en la mitad que España.

España es el país de Europa donde más se sanciona, y con diferencia, el uso del cannabis, pese a que ocupa el tercer puesto en consumo, según los datos del informe de 2022 del Observatorio Europeo de las Drogas. Tal es la diferencia que en España se han impuesto el 43% de las infracciones administrativas o penales -según sea la legislación del país- cometidas en Europa por consumo o tenencia de marihuana. Y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, tiene bastante que ver en ello. La estadística del Observatorio Europeo, que recoge datos de 2020 aportados por cada país, es demoledora. 

Disappearing and underfunded drug treatment services and fruitless attempts to restrict the flow of illegal substances into the country underpin a booming £9.4bn illicit drugs market in the UK, a landmark review has found. Prof Dame Carol Black was commissioned by the former home secretary Sajid Javid to lead a major review to look into the ways in which drugs are fuelling serious violence. Black’s analysis called for radical change to the UK’s approach to treatment. Efforts to restrict supply have had “limited success” and even if they were fully funded it might not make a difference to the flow of drugs into the country. (See also: Ian Hamilton: “They talk, we die”—the continuing paralysis of UK drug policy)

France’s new prime minister Jean Castex announced plans to introduce on-the-spot fines for some drug offences amid mounting concern about over-stretched policing after a series of violent episodes in urban areas. The new penalties will allow police to “apply a sanction without delay” and help in the struggle against drug dealing, said Castex.  The nationwide shift to on-the-spot penalties, following local pilots, will target low-level dealers and users of cannabis and other drugs as part of a broader law enforcement struggle against urban gangs and petty crime. (See also: France to fight cannabis use with €200 on-the-spot fines)

Legalizar el cannabis para "recuperar el control" sobre los narcotraficantes y proteger mejor a los menores, recomendaron diputados franceses en un informe, a contracorriente de la política antidroga del gobierno. "La prohibición adopta desde hace cincuenta años un objetivo inalcanzable (...). Una legalización regulada es la mejor manera de recuperar el control y proteger a los franceses", resume Caroline Janvier, la diputada del partido LREM (centrista, gobernante), que coordinó el informe. Encabezada por algunos miembros de la mayoría presidencial, este grupo de parlamentarios rechaza las acusaciones de "laxismo" y constata el "fracaso" de las políticas públicas en cuanto a las drogas.

Last summer in France, dozens of “CBD cafés” suddenly opened across the country. Exploiting a legal loophole originally created for hemp farmers, these pop-up businesses sold queuing customers oils, drinks and salves infused with cannabidiol, a cannabis compound that is a faddish if unproven “cure” for insomnia, anxiety and more. The French government reacted quickly and by mid-June had officially prohibited the sale of CBD. The CBD cafés vanished within a month. But France’s brief experiment with cannabidiol seems to have started a movement to legalize cannabis, which has been illegal since 1970.

An elderly cleaning lady enters the huge empty UN aula in New York with her polishing cart, to get the venue spic-and-span for an important upcoming meeting. A voice in the background explains: "Here, in this room, on the 8, 9 and 10 of June world leaders will join forces to confront the drug problem". As the lady dusts off a globe, in the swaying movement, a roaring helicopter appears spraying herbicides, followed by a fast sequence of images like burning drug crops, heavily armed soldiers and a farmer processing coffee. The voice ends with the slogan: "A drug free world - We can do it!"

A call has been made for the government to declare an amnesty on all arrests for the possession of under one pound of marijuana. The plea from the Ganja Future Growers Producers Association was made following the death of Mario Deane who was in the custody of the State. Deane was arrested and held at the Barnett Street police station lock-up in western Jamaica for possession of a marijuana spliff. While in custody, he was beaten and died in hospital a few days later.

Large-scale cannabis cultivation in Albania dates to the early 1990s, not long after the fall of the country’s Communist dictatorship, when the parlous state of the Albanian economy led to widespread civil unrest in 1997. Penetrated by ever more powerful criminal gangs, the industry reached a peak in 2016, when Albania was one of the biggest producers in the world. For years, Albania has been considered the largest producer of outdoor-grown cannabis in Europe and the geographic position of Albania – its proximity to Greece and Italy – has stimulated the cultivation of cannabis over the years. With the aid of Italian aerial reconnaissance flights between 2013 and 2019, authorities identified 613 hectares of land planted with cannabis.

The political parties known as the "traffic light" coalition are pushing for a change in legislation meaning the sale of cannabis will be legal for consumption purposes. According to Der Spiegel a representative of the working group tasked with the policy change said: "We are introducing the controlled distribution of cannabis to adults for recreational purposes in licensed shops." The policy will be revisited after four years to assess its social impact. A survey, carried out by the Institute for Competition Economics (DICE), found that a legalised cannabis market in Germany could add around 3.4 billion euros in tax revenue to the nation's economy. It would also save the judicial system in the country around 1.3 billion euros every year. (See also: How Germany’s next government is planning to legalise cannabis)

Researcher Fatjona Mejdini states that the drug problem had its roots in 1991, when Albania went from an isolated communist dictatorship straight to capitalism. "They were tough times for everyone," Mejdini said. "And, as many people lost their state jobs, they turned to cannabis cultivation to sustain their families." Over the years, the government has turned a blind eye to the business — and "in some cases, we saw the collusion of state structures with people growing cannabis," Mejdini said. Criminal groups gained more influence. And, in the past 10 to 15 years, there has also been a new development: Networks have added cocaine to their business model. The networks and routes they had already built up in Europe were the perfect starting point.

El Grupo de Estudios en Política Criminal del Uruguay (Gepcu), que integra la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, expresó su preocupación por las actuaciones policiales, la intervención del sistema penal, el acceso a datos del registro de cultivadores, la persecución al microtráfico y el regreso a la “fallida guerra a las drogas”. El abogado Diego Silva Forné, investigador responsable del Gepcu, dijo que consideraron necesario “enviar a la sociedad un punto de vista desde la academia” ante lo que entienden como “una cantidad de hechos que no tienen sustento jurídico” y “actuaciones que no son acordes con los principios constitucionales”.

Panorama de las leyes de drogas y tendencias legislativas en Honduras

Tendencias

En los últimos años Honduras se ha convertido en el país que tiene los mayores índices de violencia a nivel mundial, con una tasa en 2012 de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de la Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). El crimen organizado y su relación con el tráfico de drogas es posiblemente una de las causas de este incremento de la violencia. Las bandas de traficantes de drogas utilizan el país como vía de tránsito con destino a los Estados Unidos. La violencia está relacionada con los conflictos entre las bandas en su lucha por el territorio, la extorsión, el lavado de dinero, etc. Durante 2012 se produjeron diversas iniciativas legales para disminuir el tráfico de drogas y mejorar la transparencia y eficacia de los entes judiciales y fuerzas de seguridad.

Ley

La ley vigente es el decreto número 136/89 promulgado el 23 de noviembre de 1989. Esta ley especial se denomina “Ley de uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas” y ha sido modificada por el decreto 86/93. El objetivo de esta ley es controlar, prevenir, combatir y sancionar la producción, el tráfico, tenencia y consumo ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.