Desde que comenzó 2020, el Gobierno Nacional se trazó la meta de erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos de las más de 200 mil que, según cálculos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, hay sembradas en Colombia. Una labor ardua, que aunque sigue en pie durante la cuarentena nacional por la pandemia del coronavirus, está en medio de incertidumbre. De hecho, según una investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante los primeros cuatro meses de este año las erradicaciones en todo el territorio sumaron 17.300 hectáreas, 6.500 menos que en el mismo período de 2019, año en que la meta final era de 100 mil ha.

En Putumayo y Caquetá se han intensificado los operativos contra los cultivos de coca, mientras los campesinos reclaman cumplimiento del programa de sustitución voluntaria. En el municipio de La Montañita, en medio de la tensión entre erradicadores y labriegos, el Ejército disparó contra los campesinos. MinDefensa confirmó que las acciones de erradicación no se detendrán en medio de la pandemia de COVID-19. A la par, también aumentan las movilizaciones campesinas que han salido a las vías de los departamentos a exigir que cesen esos operativos. Aún más preocupante para las comunidades, resulta el hecho de que les anunciaran hace 15 días que va a empezar la aspersión aérea con glifosato. (Lea: Asesinato de líderes sociales: la otra pandemia que el gobierno se niega a enfrentar)

Oposición e independientes radicaron un paquete legislativo para prohibir el glifosato, cambiar la política prohibicionista por un enfoque de salud y cesar la persecución a pequeños cultivadores. Con estos proyectos se consolida una alianza interparlamentaria para replantear la política antidrogas del país. Una perspectiva novedosa que propone un enfoque diametralmente opuesto al del gobierno de Iván Duque. La iniciativa madre de dicha alianza es una reforma constitucional que busca que el enfoque en la lucha contra las drogas abandone la estrategia prohibicionista y asuma la perspectiva de salud pública y prevención del consumo como su bandera.

Pedro Arenas is afraid that they'll take flight again. "I expect it could be within the next months," he says. Since the end of last year, nine AT-802 firefighting aircraft have been deployed throughout the country. But their mission is not to put out fires. The planes are trying to eliminate a problem that has been causing bloodshed in Colombia for decades: cocaine. The planes are loaded with the controversial herbicide glyphosate. According to Colombian media, nearly 800 barrels of the chemicals are in stock from a Chinese manufacturer. If spraying resumes, "people in the remote communities will completely lose faith in the institutions and the peace process," Arenas believes. (See also:  The ‘deja vú’ of aerial crop spraying in Colombia)

Durante las últimas dos semanas, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha estado designando a quienes serán las cabezas de ese programa en los territorios con mayor presencia de sembradíos de coca. Lo llamativo es que luego de cuatro años durante el Gobierno Duque en los que la interlocución del Estado con los líderes campesinos y organizaciones sociales cocaleras del país estuvo rota y de hecho fue de confrontación, ahora serán ellos quienes llevarán las riendas del programa. La dirección que encabeza Felipe Tascón ha designado en al menos seis de sus oficinas territoriales a líderes de la entraña campesina, quienes pertenecen a organizaciones sociales e incluso han liderado movilizaciones cocaleras en varias regiones del país.

Acompañamos la instalación de un espacio humanitario conformado por organizaciones sociales para atender la crisis desatada tras los operativos de erradicación forzada. Las comunidades denuncian una política de tierra arrasada y las autoridades defienden estas acciones porque van en contra de la disidencia al mando de “Gentil Duarte”, comandante del Frente Séptimo de las Farc que no se acogió al Acuerdo de Paz. Un puñado de campesinos, alrededor de una carpa improvisada que levantaron con plástico y les sirve de cocina, se comunican por radio con decenas de ellos que están regados por la zona alertas a la entrada del Ejército en los tajos de coca.

La cumbre campesina e indígena cocalera del Putumayo se realizó el pasado 30 de septiembre con la participación de 630 personas de todos los municipios del departamento y algunas provenientes de Caquetá, Cauca y Nariño. De este evento, realizado en el Colegio Alvernia de Puerto Asís, salieron unas propuestas específicas de los cocaleros para el nuevo Gobierno. Las peticiones de los campesinos e indígenas de este departamento no son ajenas a las del resto de movimientos sociales en Colombia. No hay infraestructura ni vías para sacar los cultivos de las regiones, hay una gran ausencia del Estado en ciertas zonas y la desconfianza institucional de los cocaleros es un problema sin resolver.

Mientras el presidente Petro daba su discurso ante las Naciones Unidas en el que pidió cambiar el enfoque en políticas de drogas, en Colombia se intensificaban los operativos de erradicación forzada de coca y uso de glifosato. Desde su posesión, se han erradicado más de 7.000 hectáreas. Según le confirmaron la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) y el Ministerio de Defensa, la erradicación forzada no se ha suspendido. “La paz total no se logra con glifosato ni represión”, dicen las comunidades. Ante la situación, los campesinos tienen contemplado volver a las jornadas de paro del año pasado.

¿Cuál es el futuro de la política de drogas de Colombia? Esta es una de las preguntas principales de cara a las elecciones de 2022. ¿Habrá cambios en la concepción nacional en términos de lucha contra el narcotráfico, consumo legal, intervención en los territorios y prohibicionismo? Para darle respuesta a esos interrogantes, la Universidad de los Andes dio lugar a un debate para que los precandidatos presidenciales expresen sus propuestas y visión de cómo sería una política de drogas en un posible mandato. De acuerdo con las declaraciones de los precandidatos, cómo abordar la política de las drogas sigue siendo el centro de la discordia entre las diferentes propuestas de los participantes.

Este primer cuatrimestre de gobierno de Gustavo Petro ha tenido muchos desafíos, como el proyecto de ‘paz total’ o aterrizar las políticas económicas. Entre estos temas nodales, el complejo cambio en el abordaje a las políticas de drogas ha sido de lo que más ha sonado en la agenda del mandatario, posibilitando un debate público que involucra a varios ministerios como el de Justicia y Defensa. La tarea no es fácil y probablemente requiera de mucho más de cuatro años para lograrse, pero un balance que sí es posible hacer antes del cierre del año es identificar qué cambios se han materializado en este tema y qué se mantiene en promesas del gobierno en política de drogas de cara a los retos que se vienen.

El anuncio lo hizo el coronel Édgar Cárdenas, director de la Policía Antinarcóticos: la meta de erradicación forzada de cultivos de coca para 2023 será de 20.000 hectáreas, una reducción del 60% frente al año pasado, cuando la meta eran 50.000 hectáreas. Lo propio se espera que ocurra con relación al Ejército, que tenía esa misma meta para el año pasado y que ahora mismo se encuentra en mesa de trabajo liderada por el Comando General y el Ministerio de Defensa para trazar la meta de este año. La reducción en la meta es un giro radical frente a la estrategia a la que el gobierno de Iván Duque le confió todo su esfuerzo, pero que, al final, no sirvió. (Véase también: Coca en Colombia: Duque cerró su gobierno con crecimiento del 43 % en hectáreas)

At the end of 2019 the government of Iván Duque presented a draft decree to resume the spraying of drug crops used for illicit purposes. It argued that spraying is the only instrument to curb the increase in coca crops. On February 10 and 11, 2020, a Dialogue on Aerial Spraying and Human Rights took place in Bogotá. At the event, several non-governmental organizations and representatives of different communities nationwide gathered to discuss the government’s decision to counter the illicit drug trade by resuming aerial sprays with glyphosate. The destruction of entire crops, contamination of water sources, miscarriages, malformations in newborns were, among others, some of the effects of glyphosate use that led the National Narcotics Council (CNE) to suspend aerial spraying in 2015.

The punitive, prohibitionist war on drugs helped prolong Colombia’s disastrous civil war, the country’s truth commission has found, in a landmark report published as part of an effort to heal the raw wounds left by conflict. The report, titled “There is a future if there is truth”, was the first instalment of a study put together by the commission that was formed as part of a historic 2016 peace deal with the leftist rebels of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc). The report found that a “substantial change in drug policy” should be implemented and that a transition “to the regulation of drug markets” should follow, while also placing some of the blame at the US, who funded Colombia’s armed forces during the war.