Los medios nacionales, el gobierno de Estados Unidos y la oposición casi se infartan con el anuncio de cambio en las metas de erradicación de cultivos de uso ilícito (y ahora con el anuncio de despenalizar a los pequeños cultivadores). Les pasó lo mismo con los anuncios de gradualidad. La verdad no entiendo por qué. El presidente Petro, desde el día 1, en su discurso de posesión, dijo que el gobierno del cambio implicaba una nueva política de drogas. Lo repitió en Naciones Unidas y lo dice cada vez que puede. Por el contrario, a mí me ha parecido tímido. Le bajó el tono a la discusión sobre regular la cocaína, no le ha metido el diente a la regulación del cannabis.

El cuarto punto del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc —la “Solución al problema de las drogas ilícitas”— propone un nuevo enfoque que cambió radicalmente la forma de abordar este tema en el país: a los cultivadores de coca, en lugar de fumigarlos, les prometió acuerdos de sustitución voluntaria; a los consumidores de estupefacientes, en lugar de represión, les prometió un abordaje desde la salud pública, y a los traficantes les prometió más garrote por medio de cooperación entre las instituciones judiciales, entre otras estrategias. A dos años y medio de la firma del Acuerdo, estos son los avances que se observan en la implementación de la que sería la nueva política de drogas de Colombia. (Véase también: ¿Volver a la coca?: la paz que falta por llegar al suroriente de Colombia)

Con la firma del Acuerdo de Paz y la entrada en funcionamiento del PNIS, 99.097 familias campesinas que dependían de los cultivos ilícitos se vincularon en varias regiones para alejarse de esta economía cocalera. Sin embargo, y pese a que ya han pasado más de tres años desde que se puso en marcha el programa, las cifras de cumplimiento son lánguidas. De acuerdo con los reportes que hace la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (antes Posconflicto), de las 99.097 familias vinculadas al programa, 74.366 han recibido pagos de seguridad alimentaria, 61.769 han recibido servicios de asistencia técnica y solo 1.792 cuentan con proyectos productivos en implementación, es decir, menos del 2%.

Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) respondió a las declaraciones de Hernando Londoño, director del programa de sustitución de cultivos, quien señaló que no han sido asesinados líderes de sustitución. De acuerdo con Zapata, este Gobierno no tiene voluntad con el programa. Zapata, vocero nacional de la Coccam y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), reiteró que en dichas organizaciones han documentado al menos 56 casos de líderes de sustitución asesinados y explicó por qué para ellos es evidente que el Gobierno, contrario a lo dicho por Londoño, no tiene voluntad con el PNIS.

“Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra”, de esta manera comenzó Gustavo Petro su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Contrario a lo que se esperaba, el mandatario no comenzó su discurso hablando del cambio climático y de la necesidad de luchar en contra de este de forma conjunta, sino que se enfocó inicialmente en un pedido de cambio de enfoque en la lucha contra las drogas. Esta tesis fue la que articuló todo su discurso para también pedir la unión en contra del cambio climático.

El exdirector del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) explicó cuál es la gravedad de que el presidente Iván Duque rompiera el convenio con la ONU para verificar el avance del programa. También lanza críticas a la manera en que el Gobierno actual ha manejado la sustitución de cultivos y resalta que hace parte de la reforma rural, que tiene graves atrasos. El hecho se sumó a la polémica generada semanas atrás por el director del PNIS, Hernando Londoño, quien negó que líderes de sustitución de cultivos estén siendo asesinados y cuestionó la viabilidad misma del programa. (Lea: “Líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados”: Director del programa de sustitución)

Coca fumigations started in Colombia in the early 1990s and intensified during “Plan Colombia,” a $10 billion U.S. campaign that ran from 2000 to 2015 and was meant to tackle Colombia’s armed leftist insurgents and the drug trade that funds them. During those 25 years, American-funded and -piloted planes sprayed herbicides over more than 4 million acres of land in coca-growing regions in an effort to stamp out the drug supply. “Plan Colombia” officially ended in 2015, when the Colombian government reached a historic peace agreement with the country’s largest leftist guerrilla organization, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC. But two decades later, the threat of fumigation is back—and could depend on the U.S. election.

La promesa principal que hizo el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana era clara: abordar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, desde los campesinos que cultivan la hoja de coca, hasta las redes de lavado de activos de las estructuras dedicadas al narcotráfico. Con un ambicioso programa de sustitución voluntaria de cultivos, la meta era que miles de familias que viven de la coca dejaran ese cultivo para siempre y quedaran integradas en la economía legal. La transformación estructural de los territorios cocaleros y el tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores son algunas de las deudas.

Aunque el presidente Iván Duque presentó el informe de Naciones Unidas que señaló la disminución de 2.000 hectáreas de coca en el país en 2018 como un logro de su gobierno, distintos sectores la atribuyen a la sustitución voluntaria, derivada del Acuerdo de Paz, que venía desde 2017. “La reducción que se presenta ocurre en los departamentos donde intervino el programa de sustitución con mayor fuerza, mientras el incremento se registró en aquellos donde no pudo operar por factores como el orden público”, dijo Eduardo Díaz Uribe, quien fue el coordinador de la desaparecida Dirección de Sustitución de Cultivos en el gobierno Santos. (Véase tambén: El problema de la coca está concentrado en el 5 % del país: ONU)

Tres campesinos y un indígena awá han muerto en medio de operativos de erradicación forzada de cultivos de coca. Mientras esas comunidades piden suspender esta estrategia y cumplir el punto 4 del Acuerdo de Paz, el Gobierno anunció asistencia estadounidense. La Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB, en inglés) del Comando Sur llega para “apoyar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico”. Desde hace casi tres meses, cuando el Gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus, las comunidades campesinas que viven de cultivar hoja de coca le piden al Gobierno que suspenda las operaciones de erradicación forzada de los cultivos en sus territorios.(Véase también: Gobierno no detendrá erradicación de coca en la cuarentena: mindefensa)

It was eight years ago the last time planes came to spray poison on Noralba Quintero’s coca crop in the jungled foothills here by the mighty Magdalena River. Until recently, she thought those days were over. Quintero’s community was one of thousands that relied on the plant from which cocaine is made to survive through Colombia’s decades-long civil war. With the historic peace accord of 2016, the government was supposed to help the farmers transition to legal agriculture. But that pledge remains unfulfilled — and coca has proliferated. Now President Iván Duque, pressured by the United States, is pushing hard to resume aerial fumigation with glyphosate, the controversial practice that officials here say is the most effective way of eradicating the illicit crop that helped fund the war.

Legislators weary of Colombia’s whack-a-mole anti-narcotics efforts propose to stop the often violent trafficking of cocaine that has plagued the country for decades. The plan calls for the national government to take control of the drug market by purchasing coca leaf harvests and regulating cocaine sales. The challenges include cost, pushback from an international community that wants to maintain the status quo, and the potential reaction of an illegal drug empire that does not hesitate to use violence to get its way. The legislators who authored the bill, which is scheduled for congressional debate in October, insist the approach could reduce the waste of public funds, help protect Colombia’s environment and generate a better public health approach to the issue of drug consumption.

The Colombian government has published a proposed law that will allow it to resume a controversial program of aerial fumigation of coca crops using glyphosate, a weed-killer thought to cause cancer in people exposed to it regularly and in high doses. The plans are in the final stage of their passage to law, and spraying is expected to begin “in the second half of this year,” said Ricardo Vargas, an expert in crop fumigation and coca at National University of Colombia. Communities have not had the help they needed to move away from the coca trade and now will take the brunt of the new spraying program. “Many social leaders, some of whom have been for promoting the substitution of coca, have been threatened or killed.”

Desde finales del año pasado, nueve aviones apaga incendios AT-802 se desplegaron por todo el país. Pedro Arenas teme que vuelvan a volar: "Asumo que podría ser en los próximos meses." El objetivo de los aviones no es extinguir los incendios, sino eliminar un problema que ha estado causando derramamiento de sangre en Colombia durante décadas: la cocaína. Los aviones están llenos del controvertido herbicida glifosato, del que se disponen 800 barriles, según los medios colombianos. Si se reanudan las fumigaciones, "la gente de las comunidades remotas perderá completamente la fe en las instituciones y en el Acuerdo de Paz", dijo Arenas. (Véase también: El ‘déja vú’ de las fumigaciones con glifosato en Colombia)

Colombia’s first leftist presidenthas been sworn into office, promising to fight inequality and bring peace to a country long haunted by bloody feuds between the government, drug traffickers and rebel groups. The incoming president said he was willing to start peace talks with armed groups across the country and also called on the United States and other developed nations to change drug policies that have focused on the prohibition of substances like cocaine, and fed violent conflicts across Colombia and other Latin American nations. “It’s time for a new international convention that accepts that the war on drugs has failed,” he said. “Of course peace is possible. But it depends on current drug policies being substituted with strong measures that prevent consumption in developed societies.”

En 2017 se puso en marcha el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), mecanismo central del punto cuatro de los Acuerdos de La Habana, firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc para “solucionar el problema de las drogas ilícitas”. Para muchos campesinos el PNIS fue un trozo de esperanza, pero mientras en las ciudades y los cascos urbanos de los municipios se socializaron y debatieron los componentes del programa, muchos campesinos no supieron mayor cosa. Durante el último año nueve personas han sido asesinadas en operativos de erradicación forzada de cultivos de coca en Colombia. Ante la ausencia de alternativas, hoy las movilizaciones campesinas continúan en varios departamentos del país.

La crisis que golpea a las principales regiones productoras de hoja y pasta de coca en Colombia completa ya siete meses. En este tiempo, cerca de 200.000 familias -según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC- que tienen como principal sustento esta economía ilegal, han resistido a la caída de los precios y la falta de compradores. El hambre, que no da espera, se asoma como el principal efecto de una larga lista que incluye la parálisis comercial por la falta de ingresos, un desplazamiento silencioso de antiguos cultivadores y el rebusque desesperado en actividades lícitas e ilícitas.

La mala noticia del momento es que ya no hay 96.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, que era la cifra oficial de 2015. En el gobierno los más optimistas calculan que hoy abarcan 150.000 hectáreas, y los pesimistas que pueden ser 200.000. Esto es una bomba de tiempo, y el factor potencialmente más negativo para consolidar la paz. La buena noticia es que ya están en marcha dos estrategias: la erradicación forzada y la sustitución de cultivos tal y como se pactó en La Habana. La meta en 2017 es reducir en 100.000 hectáreas el área cultivada. Un objetivo loable, pero ambas estrategias avizoran dificultades poco halagüeñas.

A finales de 2019 el gobierno de Iván Duque presentó el proyecto de decreto para reanudar las aspersiones bajo el argumento de ser el único instrumento para frenar el aumento de cultivos de coca de los últimos años. El 10 y 11 de febrero 2020 tuvo lugar en Bogotá un Diálogo sobre Aspersiones Aéreas y Derechos Humanos, un evento en el que distintas organizaciones no gubernamentales y representantes de diferentes comunidades a nivel nacional se dieron cita para discutir la decisión del gobierno nacional de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato para combatir el narcotráfico. 

La coca se extendió por el campo colombiano porque reemplazó la reforma agraria que nunca llegó, y el narcotráfico se instaló en la política y la economía porque el sistema político del país fue tolerante a la circulación de esos dineros, dice el Informe Final en sus hallazgos sobre esta materia. “El actual paradigma de la guerra contra las drogas ha sido un fracaso”, dice sin rodeos la Comisión de la Verdad en sus hallazgos sobre el narcotráfico. Y lo ha sido, sostiene, porque, en términos sencillos, puso el énfasis donde no es: no produjo resultados efectivos para desmontar el narcotráfico como sistema político y económico, mientras el prohibicionismo criminalizó poblaciones y territorios, y “sumó un número enorme de víctimas en el marco del conflicto armado interno”. (Véase también: Acabar con el prohibicionismo: recomendaciones del Informe Final para narcotráfico)