A cinco años y cinco meses de la regularión del mercado de la marihuana, el Instituto Nacional de Regulacón y Control del Cannabis (Ircca), al que se le encomendó la tarea de poner en marcha el mercado legal de esta droga, habla menos de seguridad, y más de salud, derechos y potencialidad de negocio, con una mirada menos optimista del efecto de la regulación en el combate del crimen. El director ejecutivo Martín Rodríguez reconoce que la venta en farmacias está estancada porque las empresas encargadas de producir la droga (Symbiosis e ICC) solo produjeron tres toneladas a lo largo de tres años, cuando se esperaba que pusieran en el mercado 12 toneladas. Asegura que una vez que se pongan a tiro con la cantidad de droga podrán sumar 30 farmacias más a las 17 que ya venden cannabis.

Tras un nuevo paso dado por el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) al otorgar la licencia a tres nuevas empresas para poder producir cannabis para uso recreativo, operadores del sector esperan que ante un aumento de oferta de marihuana, el número de usuarios registrados y las farmacias que venden se incremente en los próximos meses. En la actualidad hay casi 38 mil consumidores en el sistema y apenas son 17 las farmacias que dispensan marihuana de origen estatal en todo el país. Hasta el momento, eran dos las empresas que producen (Symbiosis e International Cannabis Corp), aunque con la suma de tres nuevas firmas en lo productivo, se podrá abastecer de mejor forma a las farmacias, que han presentado problemas de stock sobre todo en las áreas metropolitanas más populosas.  

Hace 10 años que se creó la ley que regula la producción, distribución y venta del cannabis en Uruguay. Al celebrarse una década, investigadores se propusieron revisar cuál es la situación actual y sus consecuencias. Una de las conclusiones a las que se llegó, contrario a lo que se buscaba, fue que se desarrolló un “mercado gris”, producto de las dificultades de acceso a las vías legales que se establecieron para la compra, el autocultivo y los clubes cannábicos. En el estudio quedaron determinados cuatro tipos de grises bajo dos variables: si el cannabis se distribuye con o sin fines de lucro y si el destino es un usuario o el mercado ilegal.

Cannabis company Clever Leaves has only managed to export a few marijuana derivatives because of the tight regulations threatening to choke Colombia’s ganja industry. Colombia was one of the first countries to regulate the cultivation, commercialization and export of marijuana products. But businesses that invested in cannabis complain delays in regulatory adjustments are stemming exports and discouraging potential investors. The problem is especially serious given competition from other Latin American countries like Uruguay. Colombia has complicated regulations that demand legal cannabis growers get permissions from bodies ranging from agriculture and medical authorities to the anti-narcotics police and drug regulators. (See also: Cocaine country is embracing cannabis exports)

El presidente Mujica de Uruguay declaró que en materia de drogas la preocupación del gobierno se centra en el narcotráfico porque “ese tipo de delito tiende a derramar una cultura delictiva sin freno donde la vida humana no cuenta”. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas rechaza los planteos de legalización de la marihuana. Los gobiernos más criticados son los de Uruguay y Estados Unidos. (Véase también: Mujica contrario al autocultivo y propone suministro en hospitales)

El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, recibieron en el Torre Ejecutiva a una delegación de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal y acordaron la constitución de una comisión para analizar modificaciones al decreto 46/2015 que regula esa actividad. Ferrés (también presidente de la Junta Nacional de Drogas) dijo en conferencia de prensa que el presidente Luis Lacalle Pou "tomó la decisión de impulsar a esta industria incipiente que puede generar muchos recursos, trabajo y, por su calidad de producción, una marca país". Buscará "mejorar el marco jurídico" para "mejorar la operatividad" de la industria del cannabis medicinal y que "pueda desarrollarse en su mayor potencialidad", especialmente en materia de exportaciones.

El Grupo de Estudios en Política Criminal del Uruguay (Gepcu), que integra la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, expresó su preocupación por las actuaciones policiales, la intervención del sistema penal, el acceso a datos del registro de cultivadores, la persecución al microtráfico y el regreso a la “fallida guerra a las drogas”. El abogado Diego Silva Forné, investigador responsable del Gepcu, dijo que consideraron necesario “enviar a la sociedad un punto de vista desde la academia” ante lo que entienden como “una cantidad de hechos que no tienen sustento jurídico” y “actuaciones que no son acordes con los principios constitucionales”.

Expertos e informes en América y Europa coinciden en este punto: los carteles-monopolio al estilo Pablo Escobar, que organizaban toda la operación desde la plantación a la distribución, no eran estructuras preparadas para sobrevivir en el tiempo. Desde que los grandes carteles colombianos se empezaron a fragmentar en los años noventa, el negocio del tráfico se fue dislocando y tercerizando. A partir de entonces, campesinos, fabricantes, empresarios, transportistas, aduaneros, pilotos, marineros, buzos, policías, militares, peones y vendedores al menudeo forman los eslabones de una cadena que, al cerrarse, hacen que la cocaína de los Andes llegue a cualquier destino del mundo. Y lo hacen de forma compartimentada, autónoma.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha recordado al Gobierno de Uruguay que el uso recreativo del cannabisva en contra de la normativa internacional. La JIFE sostuvo una reunión telemática con altos funcionarios del Gobierno uruguayo centrada en la ley adoptada en 2013 que legalizó el consumo recreativo de cannabis, informó este organismo de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas. La Junta recordó que la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 establece que el uso de cannabis debe limitarse a actividades médicas y científicas, y que otras normativas prohíben su "producción, distribución o venta". (Véase también: Legalización de cannabis en Uruguay incumple tratados, ¿cuáles?)

In 2013, Uruguay became the first country in the world to legalize recreational marijuana -- which came into effect four years later -- permitting its sale in pharmacies, a move that helped to push many drug traffickers out of the domestic market. But a bland and insufficient state supply has meant most consumers still prefer the diversity of the black market. There are three legal ways for registered users to get hold of marijuana: purchasing it at pharmacies, through home growing for personal use, and by belonging to an official cannabis club. The most sought after legal method is membership of one of the 249 consumer clubs, which offer a greater variety to their 7,166 members than pharmacies. But many clubs have long waiting lists as they are limited by law to between 15 and 45 members.

Uruguay's House of Representatives has passed a bill to legalize marijuana by 50 of the 96 MPs following 13 hours of tough debates. Now the bill is to be approved by the Senate to make Uruguay the first country to regulate the production, distribution and sale of marijuana. President Jose Mujica believes that the measure will remove profits from drug dealers and divert users from harder drugs. Martin Jelsma, the Coordinator of Drugs & Democracy program at Transnational Institute in Amsterdam, shared his thoughts on the new legislation with the Voice of Russia.

El bloqueo que Washington ejerce sobre las operaciones financieras de la banca federal con dinero proveniente del negocio del cannabis golpea a las farmacias uruguayas que no pueden colocar su recaudaciónn en los bancos locales, por utilizar como corresponsales a las instituciones de Estados Unidos (EEUU).El problema se manifiesta, por ejemplo, cuando al comprar la marihuana en la farmacia no se aceptan las tarjetas de crédito o débito, por el riesgo a que los bancos cierren las cuentas a estos comercios. Tan así que el propio Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) no publicita cuáles son los 38 locales habilitados para comercializar legalmente este producto, de modo de no exponerlos a la sanción.

Cuando ya había fecha para la inauguración del Museo del Cannabis, las expectativas recayeron sobre qué novedades traería en cuanto a la regulación vigente. "Todos están esperando tus anuncios, ¿eh?," le dijeron a Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas y presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). No hubo ningún anuncio. La posibilidad de que se habilitara la venta de cannabis también a turistas ya había sido descartada. Los consumidores que están dentro del sistema - a través de la compra en farmacias, por asociación a clubes cannábicos o por autocultivo - coinciden en que hay algunos aspectos de la regulación que deberían modificarse.

El mercado de cocaína fumable se estableció hace décadas, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo. En lugar de desaparecer, está experimentando una expansión paulatina, y ha pasado de constituir un hábito bastante localizado y aislado en la región andina en la década de 1970 a tener un alcance que se despliega en todas las direcciones, en toda América del Norte y del Sur, incluidas las regiones del Caribe y América Central. Las sociedades del continente americano han convivido con las cocaínas fumables durante más de cuatro décadas, pero —aunque resulte sorprendente—, existen pocos estudios sobre la evolución del mercado y pocas pruebas de primera mano sobre cómo se comercializa realmente esta sustancia y cómo la utilizan millones de personas en la región.

Descargar el informe (PDF)

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció que su cartera “seguramente” tendrá la “facultad inspectiva” de los clubes cannábicos, para monitorear que no estén volcando sus excedentes al tráfico en Brasil, donde la marihuana cuesta más del doble que en Uruguay. Larrañaga detalló que actualmente en el país hay 159 clubes cannábicos, que pueden tener hasta 45 integrantes cada uno, con una cantidad de gramos habilitada para su consumo anualmente. Hay denuncias de la Policía de Brasil, “donde se ha detectado el ingreso a dicho país de una cantidad importante, de forma periódica, de marihuana producida en Uruguay”.

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, entiende que la venta legal de marihuana para turistas "tiene que formar parte del debate" que se dé entre los partidos que integran la coalición de gobierno liderada por el presidente Luis Lacalle Pou. El exdiputado colorado dijo que no tiene "del todo claro" si corresponde definir una política de turismo, pero cree que el gobierno tiene que analizar la ley que regula la venta, producción y consumo de cannabis en Uruguay. "Por lo menos tenemos que hacer el intento de analizarlo y allí introducir modificaciones", sostuvo. Cardoso cree que es "absolutamente contradictorio" que en la norma no estén contemplados los turistas que vienen al país porque, a su entender, se los está "obligando a la ilegalidad".

La posible venta de marihuana a extranjeros ha sido motivo de debate recurrente en el mapa político nacional, y la discusión se renueva cada vez que se acerca una nueva temporada de verano, la época en la que más turistas llegan al Uruguay. Es que se presume que son muchos los extranjeros que, estando en Uruguay, desean fumar cannabis, pero como la venta en farmacias está prohibida para quienes no sean ciudadanos uruguayos ni tengan residencia permanente en el país, terminan en el mercado negro. Y, precisamente, desde un inicio uno de los objetivos centrales de la ley de regulación y control del cannabis, de 2013, era quitarle este mercado al narcotráfico. En este contexto es que ingresó hace más de un año al Parlamento un proyecto de ley del diputado del Frente Amplio Eduardo Antonini.

The Organization of American States' (OAS) latest drug consumption report highlights shifting trends in drug use among youths in the Western Hemisphere. One noteworthy trend is changing cocaine consumption among high school students in South America, when compared to the United States -- the region's largest overall drug consumer. While cocaine use among US high school students has declined since peaking in 1998, consumption in South America has increased, most notably in Argentina and Uruguay, and less so in other nations like Chile and Brazil.

El expresidente de Uruguay José Mujica dio su opinión sobre la legalización de la cocaína y manifestó que en lugar de penalizar el consumo de drogas, los gobiernos deberían implementar políticas que ayuden a controlar mejor la situación. "Yo no recomiendo ninguna droga, pero ¿por qué existe el narcotráfico? Porque existen los consumidores y porque lo prohibimos. Lo transformamos en un negocio fantástico con toda la taza de ganancia que tiene porque lo prohibido cuesta mucho más. Deberíamos tener el coraje de legalizar el consumo de coca, registrar a los consumidores e identificarlos", dijo en una entrevista a Noticieros Televisa durante su visita a México.