El pasado mes de septiembre, los ministros de salud y justicia de Brasil presentaron datos sobre dos encuestas clave – “Número estivado de usuarios de crack y drogas similares en las capitales del país” y “Perfil de los usuarios de crack y drogas similares – Brasil”. Ambas encuestas estuvieron lideradas por Francisco Bastos de FIOCRUZ, una fundación muy respetada y tradicional de Brasil.

Las encuestas de Bastos son las mayores y más integrales sobre el tema. El estudio encontró que la cocaína crack y drogas similares son usadas por 370,000 personas aproximadamente en las capitales y en el DC. En un país de más de 200 millones de habitantes esto está lejos de constituir una “epidemia”. Pero es un importante problema social y de salud.

Llevada a cabo en 2012, la investigación utilizó una metodología que permitió una mayor estimación de poblaciones difíciles de monitorear como son los usuarios de drogas. A continuación les presentamos algunos de los principales resultados de la encuesta:

• Comportamiento sexual – alrededor de un tercio (39.5%) de los usuarios reportaron no haber usado preservativos

• Uso compartido de equipos – más del 70% de los usuarios comparte equipo de inyección

• Número estimado de personas que usan drogas – alrededor de un millón

• Proporción de personas que usan crack de cocaína o drogas similares – 35% de las personas que usan drogas

• Grupos de edad – alrededor del 14% de los 370,000 usuarios de crack en el país son menores, lo que supone aproximadamente 50,000 niños

• Perfil de los usuarios – la mayoría hombres (78.7%), casi la mitad son vagabundos (47.3%), de una media de edad de 30 años, mayoritariamente no-blancos (80%)

• Educación – la mayoría de los usuarios dejan el colegio, lo cual indica la importancia de programas de prevención desarrollados en las escuelas.

• Tiempo medio de uso de crack y drogas similares – aproximadamente 8 años (91 meses) en la capital, y 5 años en las capitales de interior.

Durante unos ocho meses, la publicación de los dos estudios estuvo bloqueada por las autroidades de gobierno (los datos han estado disponibles desde el final de 2012), impidiendo que los investigadores difundieran los resultados, hasta que los informes fueran lanzados oficialmente en septiembre de 2013. Los resultados se presentaron durante una conferencia de prensa a la que asistió el Ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, el Secretario de cuidados de salud en el Ministerio de Salud, Helvécio Magalhães, la Secretaria de Bienestar Social en el Ministerio de Desarrollo Social, Denise Colin, la Secretaria Nacional de Seguridad Pública, Regina Miki y el Secretario Vitore Maximian del Secretariado Nacional de Políticas de Drogas (SENAD).

La principal razón para el bloqueo de la publicación sobre la investigación fue porque el uso de crack (y las políticas que responden a ello) está altamente politizado en Brasil, con políticos tratando de obtener votos gracias a sus posturas en políticas de drogas, y comunidades terapéuticas asumiendo un papel más y más prominente en los debates. Además, los resultados de la investigación no mostraban los resultados que ellos querían – de hecho, como se muestra arriba, los datos indicaban que el crack no está tan extendido como para ser considerado una epidemia o una “enfermedad viral” como estos grupos hicieron al pueblo de Brasil creer.

De hecho, los estudios se terminaron en el momento en el que la Cámara de Representantes de Brasil votó a favor de un nuevo proyecto de ley que altera partes significativas de la ley de drogas brasileña de 2006. Entre los cambios están un incremento en las sentencias mínimas para los traficantes de drogas de cinco a ocho años en prisión, el tratamiento forzado para personas dependientes de drogas (con autorización de la familia o autorización de personal médico) y financiamiento federal para centros de tratamiento “terapéutico”. Estos centros, conocidos como “comunidades terapéuticas” están llevando a cabo espacios de tratamiento a menudo con un enfoque religioso. Estos centros comunitarios cuentan con poca supervisión y han sido criticados por usar métodos poco científicos y falta de personal médico y experticia. El proyecto de ley está siendo actualmente discutido, espera a ser votado en el senado brasileño, y probablemente será aprobado en los próximos meses. Varios activistas, incluido el equipo de REDUC, están realizando incidencia política contra los cambios del ley. Desde nuestro punto de vista, estos cambios parecen ser más un intento de “tener a los usuarios de drogas fuera de las calles” – ya sea a través de su encarcelamiento o su encierro en centros de tratamiento – que un intento de abordar realmente la dependencia de drogas utilizando investigación científica.

Se espera que los nuevos datos sean usados para mejorar las políticas y fortalecer la red de cuidados para los usuarios de crack y otras drogas que existe actualmente, utilizando la evidencia y un enfoque basado en los derechos humanos.