El ex presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), Ricardo Soberón, conversó con Noticias SER y analizó la salida de Devida de Carmen Masías y las implicancias de su renuncia.

¿Cómo interpretar la salida de Carmen Masías de Devida?
Creo que debemos entenderla en tres planos: internacional, nacional y regional. En el regional tiene que ver con el proceso de discusión, debate, impostación de las acciones de erradicación anunciadas en enero de este año que generó una situación de mucha tensión en la zona. Empezaron con el paro regional del 14 y 15 de mayo, que llevaron a la reunión del 23 donde se firmó un acta, en esta era obvio que tenía que haber un cambio que podría implementar una erradicación forzosa como la pretendía la ex jefa de Devida o todavía lo pretende de alguna manera el señor Zárate de CORAH, ya que no hay que olvidar que las unidades policiales todavía están ahí.

¿Y en el plano nacional?
En el plano nacional, obviamente, después de dos años y cuatro meses tú haces un corte de la gestión de mi sucesora como presidenta del ente rector y las cifras son dramáticas. En cuanto a la salud mental, solo 4 de 450 comunidades terapéuticas que debían registrarse como consecuencia del Decreto Supremo 006 del 2012 han sido formalizadas. El desarrollo alternativo es una deuda total y 100% pendiente en el VRAE. En general, todos los indicadores de pobreza no han logrado cambiar con tantos años de crecimiento económico y esa es una deuda pendiente del Estado peruano que la señora Masías no hizo mucho por saldar. De otro lado las cárceles están sobresaturadas con 67,000 presos, cuando hay capacidad para 31,000. Y el problema es que quienes caen en prisión siempre son los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico: mujeres, indígenas, jóvenes, migrantes, burriers.

Si le pidiera que ensayara una respuesta de por qué se da esa política tan errática, ¿qué me diría?
Porque representa el enfoque de reducción de la demanda, que es obsoleto y ha fracasado para abordar la problemática del narcotráfico en el mundo. El informe hemisférico de la OEA sobre el problema de las drogas o los documentos de las Naciones Unidas llamando a la próxima evaluación del 2016 son clarísimos. El mundo está cambiando. Veintidós estados de la unión americana aceptan el uso del cáñamo, Uruguay está implementando un modelo único en el mundo, Europa en general tiene posiciones muchísimo más serias y coherentes, no basadas en la represión, sino más bien en la prevención. Lamentablemente, la señora Masías durante su gestión no hizo sino fortalecer la visión represiva: el número de hectáreas erradicadas. Eso ya no es un indicador en ninguna parte del mundo porque hoy el narcotráfico produce sobre las bases de extracción de alcaloide y no de volúmenes de hoja de coca.

¿Usted, a través del CIDDH, ha criticado esta política represiva?
La verdad es que nosotros en el CIDDH manejamos un consultorio jurídico. Tenemos 120 casos en la cárcel de Chorrillos, donde encontramos un serio problema en crecimiento: la cantidad de mujeres reclutadas por cualquiera de las formas dentro de circuitos de criminalidad organizada alrededor del tráfico. Entonces, tenemos un claro ejemplo de nuestro sustento de quienes son los que caen en esta guerra que anuncia la señora Masías, el señor Antezana, el señor Rubén Vargas, la amiga Martha Meier de El Comercio. Todos responden a un interés por el que se quiere mantener el enfoque de guerra antidrogas vigente en el Perú.

Usted ha declarado anteriormente que este cambio es una oportunidad para cambiar de rumbo, de política antidrogas. ¿Cree que ese cambio se pueda dar?
Primero, estamos trabajando con el ministro del Interior. Tenemos pendiente una directiva para la Policía Nacional y las 1,300 comisarías para impedir que los policías en su patrullaje detengan usuarios o gente que tenga menos de ocho gramos, en el caso de cannabis, que es muy frecuente en Lima por lo menos. Según la DIRANDRO, el 55% de las detenciones policiales por delito de drogas el año 2013 fueron por actos de consumo. Lo curioso es que el consumo no está penalizado por el artículo 299 del Código Penal. Sin embargo, más de la mitad de los recursos de la policía destinados a drogas los dirigen contra estos actos. Esto es un típico caso de muy mala puntería. Hay que fortalecer el esquema de lucha contra el crimen organizado.

¿Cuáles son las propuestas concretas para cambiar de rumbo?
Hay un pendiente que todavía no ha resuelto a cabalidad el gobierno: no hay un mecanismo bueno de control de insumos. No basta poner en la lista 27 insumos que están prohibidos. Los que conocen de química saben que los productos son reemplazables, la solución no es prohibir productos porque se empieza su contrabando. Lo que hay que tener es  un eficiente control del ingreso de estos insumos a las zonas de producción. Eso fue una oferta inicial del gobierno. En el caso policial, hay necesidad de diferenciar entre lo que la ley llama crimen organizado, grupos de tres o más personas, no es una cuestión cuantitativa sino cualitativa de cómo intervienen en la obtención de las ganancias. Ahí está el punto a mi juicio donde se debe focalizar el trabajo de la DIRANDRO.

¿Las soluciones pasan por la reconversión productiva?
Es necesario identificar las zonas del VRAE donde existan predios mayores a 4 hectáreas con coca. Prohibir todo tipo de predio de coca superiores a las 4 hectáreas. Eso me parece clave. Luego, los programas de reconversión productiva, necesariamente con una línea financiera de crédito dirigido al pequeño agricultor de coca. No a los facóqueros,  los cafetaleros, sino dirigido y focalizado a los productores de coca que quieran reconvertir sus cultivos.  Eso va más allá de la estrategia de los programas sociales. De hecho creo que es necesario que el ministro de Agricultura entienda que su propuesta no debe mezclarse con los programas sociales que son otra cosa con otro objetivo. No pueden ser ellos el pilar de la reconversión productiva.