A contravía

Desarrollo alternativo y conflicto en Colombia
Drogas y Conflicto documentos de debate No. 7
Junio de 2003

Uno de los principales retos de Colombia está en cómo alcanzar objetivos de desarrollo alternativo en plena guerra. "Desarrollo alternativo" se refiere en este contexto a la creación de medios de vida alternativos para los campesinos de cultivos ilícitos. En escenarios de conflicto, el debate gira en torno a si el desarrollo alternativo está contribuyendo a generar condiciones de respeto a la vida y libertad de las personas; a si los poderes locales están logrando realmente la gobernabilidad; a qué ampliación de la democracia, fortalecimiento y participación de las comunidades se está alcanzando.

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El presidente Álvaro Uribe ha definido su política actual como basada en el desarrollo regional, una iniciativa revolucionaria en la historia del desarrollo alternativo colombiano pero que hace aguas si se contrasta con el proceso real. La principal agencia proveedora de recursos, USAID, trabaja en el país siguiendo un modelo transaccional (eliminación anticipada del cultivo ilícito a cambio de financiación de proyectos locales) que no tiene nada que ver con el esquema de desarrollo regional de Uribe. Es exactamente lo contrario: acuerdos para eliminar cultivos ilícitos de un área determinada, teniendo como único indicador de éxito la disminución de los mismos y no 'el desarrollo regional', proceso mucho más complejo que va más allá de la simple erradicación.

La búsqueda de la restauración ecológica supone un conocimiento riguroso de la complejidad de los mismos sistemas de vida en donde los bosques están o estuvieron insertos cumpliendo funciones específicas. Dichos procesos de restauración operan a escalas espaciales que pueden abarcar cuencas o regiones naturales y escalas de tiempo que pueden tomar décadas.  Con la incorporación del papel de las “familias guardabosques” al nefasto sentido transaccional de los cultivos ilícitos (yo te pago, tú erradicas) se pierde una oportunidad única para iniciar una política de Estado en materia de restauración ecológica, con todos sus beneficios para el país y la humanidad.

Las propuestas desde las regiones deben recoger experiencias anteriores y planearse integrando a las comunidades en un proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria. De lo contrario pueden convertirse en plantaciones comerciales, poco interesadas en generar dinámicas sociales de fortalecimiento organizativo.

En cuanto a la visión regional, se impone la necesidad de planificar las acciones de restauración ecológica a partir de un análisis más realista sobre los principales tipos de afectación de los bosques y ecosistemas más característicos de cada región.

Es necesario partir de un análisis costo-beneficio sobre la factibilidad financiera y la viabilidad técnica de la restauración ecológica en términos de recuperación de servicios ambientales y valor intrínseco de cada ecosistema por región.

Si bien la reforestación desde lo productivo debe estar contemplada, son indispensables otras propuestas de acuerdo con el potencial ambiental del territorio, dando cabida a la implementación de plantaciones protectoras y de manejo de los bosques naturales. Se trata de recrear nuevos sistemas de protección ambiental donde se incluyan propuestas complementarias como la misma autosuficiencia alimentaria, como los servicios ambientales, investigación básica, propuestas educativas y mejora de infraestructura.