En la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Alternativo (ICAD), celebrada en la ciudad de Lima del 14 al 16 de noviembre de 2012, el Gobierno peruano –con el respaldo de la ONUDD– manifestó que, actualmente, la superficie que ocupan los cultivos alternativos en Perú supera la de los arbustos de coca, usados para la producción de cocaína. Al parecer, las 80.000 hectáreas de cacao y café han conseguido desplazar a la economía ilícita o impedir que esta se implantara.

Este hecho, de por sí cuestionable, debería demostrar el éxito de su estrategia o modelo para contrarrestar la falta de desarrollo en las regiones donde se cultiva coca y animar a la comunidad internacional a invertir más fondos para dicho desarrollo. Los medios se hicieron eco de los efusivos elogios que han despertado los resultados de este modelo. En palabras de Carmen Masías, presidenta de la agencia peruana especializada en drogas DEVIDA: “Necesitamos que todos nos comprometamos en materia de desarrollo alternativo, porque con ello los campesinos pueden tener a sus hijos en una vida lícita y digna, darles un futuro y un presente, sin estar sujetos al narcotráfico”.

Sin embargo, hay muchos otros hechos relevantes que DEVIDA no compartió con los representantes de la comunidad internacional que se dieron cita en Lima. En el encuentro, cuyo objetivo oficial era “mejorar la ejecución de programas de desarrollo alternativo, así como concluir con la formulación de unos principios rectores del desarrollo alternativo”, no solo no se contó con la presencia de expertos y representantes de comunidades afectadas, sino que se ignoró gran parte de las aportaciones recogidas en la primera parte del proceso de la ICAD, un taller organizado por el Gobierno tailandés en noviembre de 2011. Los resultados de ese taller dieron un buen impulso a políticas de control de cultivos más eficaces y justas, mejorando el enfoque sobre la estrecha interrelación entre escaso desarrollo rural, cultivos ilícitos y conflictos, algo sobre lo que ya coincidió la comunidad global en 2009 con su Declaración Política y Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas.

Lamentablemente, Perú no ha aprovechado esta oportunidad para llevar el debate normativo a un nivel superior, sino que prefiere promover un modelo que ha funcionado para algunas comunidades, pero no para la mayoría. El ‘milagro de San Martín’ y otras experiencias parecidas solo revelan una ínfima parte de las realidades que se viven en las regiones productoras de coca de Perú. En el encuentro de Lima no tuvo lugar ningún debate, puesto que los resultados ya se habían asegurado de antemano: la Declaración Ministerial ya se había consensuado en Viena durante las semanas anteriores. La idea era que ningún país volviera a abrir la discusión sobre cuestiones políticamente delicadas que ya habían planteado, negociado hasta conseguir compromisos mínimos o eliminado los equipos diplomáticos en Viena, tales como los usos tradicionales, el acceso a tierras y mercados por parte de pequeños agricultores y que la participación en programas de desarrollo alternativo esté condicionada a la erradicación previa de los cultivos.

Los días 9 y 10 de noviembre de 2012, este documento fue sometido al análisis crítico de un grupo de expertos de Asia, Latinoamérica y Europa, convocado por el Observatorio de los Cultivos Declarados Ilícitos (OCDI), una organización de Valencia, España. El grupo se dedicó durante dos días a comparar el documento de la ONU que refleja los resultados de la primera parte de la ICAD con el proyecto de Declaración de Lima, y plasmó sus conclusiones en un documento que se puede leer aquí .

Según este grupo, en el que participó el TNI, el documento sigue conceptualizando el desarrollo alternativo desde una perspectiva muy estrecha y con un único objetivo declarado: la eliminación de los cultivos ilícitos. Este enfoque lleva más de 40 años demostrando que es ineficaz, injusto y contraproducente en muchas regiones del mundo. Como ponen de manifiesto las palabras de Carmen Masías, la cuestión se reduce a un marco ideológico y simplista, en que lo fundamental es el ‘compromiso’, la culpa recae sobre las familias campesinas, y se ignora el carácter complejo de los problemas en torno al cultivo ilícito y la necesidad de ampliar la atención hacia políticas integradas de desarrollo rural.

A pesar de todo, la suerte final de los principios rectores se decidirá en marzo de 2013, en el período de sesiones que celebrará la Comisión de Estupefacientes en Viena, cuando deberían ser aprobados. Allí podría presentarse una nueva oportunidad para cuestionar los resultados de la ICAD, y el proceso que marcó su camino. A lo mejor, el estudio de la OEA/ CICAD, que está en camino en la actualidad, con el fin de evaluar la efectividad de las políticas de drogas, podría brindar otra posibilidad, aunque enfocada en las Américas. En una de sus documentos claves sobre la inclusión social, los conceptos del desarrollo alternativo son tratados también, proporcionando un aporte valeroso al debate pendiente.