El nuevo Secretario Nacional de Políticas sobre Drogas, Pedro Abramovay, defendió este lunes la aprobación del proyecto que prevé el fin de la prisión para pequeños traficantes, que venden al menudeo sólo para sustentar su propio vicio. Son personas que, según definición del Secretario, estarían en una situación intermediaria entre el usuario y el traficante ligado al crimen organizado. La actual ley está abarrotando los ya superpoblados presidios brasileños: de las 70 mil personas presas en los últimos cuatro años, 40 mil son pequeños traficantes.

Abramovay ve con simpatía también la experiencia de Portugal que hace diez años liberó el consumo de pequeñas cantidades de drogas. Pero entiende que el asunto tiene que ser discutido exhaustivamente con la sociedad. Exsecretario nacional de Justicia y de Asuntos Legislativos, el abogado de apenas 30 años asume el comando de la Seand que el gobierno Dilma Rousseff llevó del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia (en manos de militares) para el Ministerio de la Justicia.

¿El gobierno ya tiene una idea de la gravedad del avance del crack? ¿Qué se va a hacer frente a este tema?

PEDRO ABRAMOVAY:  Para tener completa claridad, es necesario que quede listo el diagnóstico que el gobierno contrató. Va a ser el primer gran diagnóstico hecho por la Fundación Oswaldo Cruz sobre el tema. Queda pronto el mes que viene y va a permitir que podamos enfocarnos en la política pública. El crack muchas veces se localiza en regiones, como en el caso de la “Cracolandia” en São Paulo. Tenemos que hacer que se direcciones las políticas para aquellas regiones. Capacitar con más intensidad los agentes públicos de aquellos lugares en los que tenemos que lidiar con el crack. Es posible enfrentarlo.

Hoy el combate al narcotráfico es una atribución de las policías. ¿Qué tiene para ofrecer la Senad?

PA: La construcción de una política nacional de enfrentamiento al tráfico de drogas y el traslado al Ministerio de la Justicia facilita mucho. Hoy tenemos las policías de las 27 unidades de la Federación trabajando de modo poco articulado. Necesitamos establecer patrones de procedimiento, búsqueda de nuevas tecnologías, integración de la información. El gobierno pretende financiar nuevas tecnologías, crear una política única e integrada. La idea que el ministro va a proponer a los gobernadores es que podamos tener un Gabinete de Gestión Integrada para e combate al narcotráfico, donde estarán las policías Militar, Civil, Federal reuniéndose periódicamente y estableciendo estrategias para compartir información.

La Senad nació con ese papel de articulación, pero no tuvo resultado significativo. ¿Por qué lo tendría ahora?

PA: En varias áreas sí lo tuvo: asistencia social, salud. Logramos crear una política sobre drogas mucho mayor que la que teníamos antes. La posibilidad de hacer el Plan sobre Crack viene de ese trabajo. Faltaba integrar ese brazo de la seguridad pública. De hecho, la gestión de esa política no estaba integrada a la política nacional. La venida de la Senad para el Ministerio de Justicia representa una apuesta pues éste tiene más relación con las policías. En el Gabinete de Seguridad Institucional, ese era un diálogo más difícil.

El año pasado, el Ministerio de Justicia preparó un proyecto para acabar con la prisión de traficantes de baja peligrosidad. ¿Va a ganar fuerza este proyecto?

Tuvimos una ley nueva en 2006 que separó al usuario del traficante. El usuario no tiene prisión y, de la forma como está hoy, prácticamente no tiene pena. Y para el traficante hay una pena altísima. Sólo que la realidad es mucho más compleja. Usted no tiene sólo esas dos divisiones. Después de la ley, hubo una explosión carcelaria. En 2006, teníamos cerca de 60 mil personas presas por crímenes relacionados a drogas. Hoy hay 100 mil personas presas. Hubo un aumento de 40 mil, siendo que el aumento total de la población carcelaria fue de 70 mil. Estamos capturando personas que no tienen vínculo con el crimen organizado, metiéndolas a la cárcel y después de un año, ya ligadas al crimen organizado, devolviéndolas a la sociedad. Tenemos que hacer una elección: ¿vamos a disputar el pequeño traficante para reintegrarlo a la sociedad o vamos a desistir de él y a entregárselo al crimen organizado?

¿Va a ser enviado un nuevo proyecto al Congreso?

La legislación tiene que ser discutida con la sociedad, pero con argumentos. Recientemente el Supremo (Tribunal Federal) decidió dos cosas: la primera, que esas personas pueden tener penas alternativas; y la segunda, que ellas pueden responder en libertad. Un homicida pude responder proceso en libertad. Es una idea, si, discutir con el Congreso. Incluso ya hay discusiones en el Congreso. Necesitamos debatir la pena alternativa para esas personas y aprobar la ley del crimen organizado que prevé pena de tres a ocho años sólo por el hecho de pertenecer a una organización criminal. Vamos a darle tratamiento al usuario. Vamos a reinsertarlo socialmente y vamos a castigar con penas alternativas que tienen que ser controladas. Con el traficante de la organización criminal, necesitamos tener represión fuerte y capacitada.

Casi todos los gobiernos aumentaron los recursos para combate a las drogas. Pero el consumo permanece en los mismos niveles. ¿Es posible hacer retroceder eso, o la alternativa es la liberación del consumo de drogas?

En Brasil, además de la existencia del tráfico de drogas, el problema concreto es que tenemos un narcotráfico muy violento. Necesitamos disminuir la violencia ligada al tráfico. Por eso, también una política de drogas que este combinada con seguridad pública es muy importante. Necesitamos tener una política efectiva de reducción de la violencia ligada a las drogas.

¿Pero usted está a favor de la liberación del consumo de marihuana?

PA: No es posible tener una solución en un solo país. El Ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, defendió una discusión libre de prejuicios. Primero, tenemos compromisos internacionales sobre este tema. Si  el mundo entero prohíbe, ¿vamos a producir drogas, tener latifundios de producción de droga para abastecer el crimen organizado del mundo entero? No es a solución. Tampoco se puede mantener la política actual de, en cuatro años, tener un aumento de 40 mil personas en la cárcel, personas que no deberían estar allá. Entre una cosa y otra, entre la guerra contra las drogas y la legalización hay una enorme variedad de opciones. Este es el momento de oír a la sociedad. Estamos abiertos a todas las propuestas. Vamos a llamar una discusión pública sobre eso.

Esa experiencia de la discriminalización podría ser ensayada en Brasil?

PA: Portugal es un país mucho más pequeños que Brasil. No sé si se pueda hacer de esa manera, pero tenemos que conocer la experiencia. El primer paso es frenar este

Traducción: Comunidad Segura
Fuente: O Globo