Uruguay acaba de dar un enorme paso. Después de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto impulsado por el presidente, José Mujica, para que el Estado asuma el control del proceso de producción y venta de cannabis, el país más pequeño del Cono Sur está a punto de dejar atrás la obsoleta política prohibicionista de esa droga. Sólo falta que el Senado lo ratifique, aunque se sabe que en esa instancia no hay suficiente oposición al proyecto de ley.

El modelo propuesto por el partido de Mujica no está enfocado sólo en la droga. Hace parte de un conjunto de otras 15 medidas para luchar contra el narcotráfico y la violencia. El secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada, ha explicado a El Espectador que esa iniciativa se empezó a tejer en los últimos tres años, cuando proliferó el sicariato y los ajustes de cuentas entre pequeños grupos que controlan la venta de droga. “No aumentó significativamente la cantidad de homicidios, pero cambió la calidad de los delitos y esto está asociado al narcotráfico”.

A pesar de que las cifras no eran alarmantes y de que el país sigue siendo considerado el más pacífico de Latinoamérica, el Gobierno impulsó la nueva legislación para evitar un posible desbordamiento de la violencia. El objetivo general de las 16 medidas, inspiradas, según Calzada, en experiencias de las comunas de Medellín y de la policía pacificadora de Río de Janeiro, es revalorizar el espacio público y encuadrar de otra manera el comportamiento ciudadano.

Martin Jelsma, coordinador del programa Drogas y Democracia, del Transitional Institute (TNI), al ser consultado por El Espectador dice que la iniciativa tiene amplias posibilidades de combatir efectivamente el narcotráfico: “Saca una parte significativa del mercado ilícito de drogas de las manos de grupos criminales que ahora lo controlan; quita una parte de sus ganancias y por lo tanto los debilita. Es obvio que no acabe con todo el narcotráfico, ya que otras partes de ese mercado seguirán operando, pero es un paso útil”.

La organización Drug Policy Alliance, principal impulsora de las reformas a la política de drogas en EE.UU., indicó que Mujica y un creciente grupo de líderes políticos de América Latina se han dado cuenta de que la regulación legal separará a los consumidores de marihuana de la oferta de drogas más peligrosas que pueden encontrar en el mercado negro. También permitirá el acceso de pacientes a la marihuana medicinal y posibilitará que Uruguay reinvierta en educación, tratamiento y prevención del consumo problemático los millones de dólares que están en los bolsillos de los narcotraficantes.

El modelo, que empezaría a regir desde finales de año si es ratificado en el Senado, es inédito en el mundo. Aunque 17 Estados en EE.UU. tienen producción legal de cannabis para uso medicinal y otros tres votarán próximamente sobre su uso recreacional, el país norteamericano está lejos de establecer políticas regulatorias a nivel nacional. El modelo uruguayo, además, servirá de ejemplo a otras naciones que buscan alternativas al prohibicionismo. Jelsma explica que en Holanda, por ejemplo, solamente se regula la venta de cantidades pequeñas en los coffee shops, pero la producción sigue en manos criminales. Esa es la contradicción que no se ha podido resolver hasta ahora.

¿Serviría un modelo así para Colombia? Uruguay es un país de 3,2 millones de habitantes. No hay una presencia alarmante de carteles ni grandes bandas criminales. La mayoría de incautaciones de sustancias son de las que vienen del norte al sur del continente para salir a Europa y Asia, pero la nación no supone un riesgo mayor para el comercio de la droga en la región. Colombia tendría que examinar variables muy distintas para implementar una iniciativa similar.

Una de las críticas que se han hecho a este y otros proyectos de legalización es que pueden aumentar el número de consumidores. Jelsma, sin embargo, responde que no hay riesgos grandes en este sentido. “Ya existen experiencias con la regulación al lado del consumo en Holanda, España e incluso en estados de EE.UU. con una aplicación muy amplia de la marihuana medicinal, que no han resultado en un aumento significativo del consumo. Además, el modelo que se ha diseñado y adoptado ahora en Uruguay es un sistema de control estatal bien estricto, sin promoción comercial, con límites de cantidad por persona y restricción de acceso a menores de edad, entre otras medidas que limitan tales riesgos”.