En la mayoría de países de la región existe un fuerte consenso en que el consumo de drogas ilícitas es un asunto de salud pública que no debe ser abordado desde una perspectiva penal. En la práctica, sin embargo, las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo sigue siendo predominantemente punitivas y represivas, incluso en aquellos países donde el consumo no está ni siquiera criminalizado.

A grades rasgos esa es la conclusión de un extenso estudio presentado hoy en Washington por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), un organismo que reúne a investigadores de varios países de la región y que es apoyado por ONG internacionales como WOLA y el Trasnational Institute.

El informe titulado “En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina”, analizó las repuestas de los 8 países miembros del Colectivo (México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia), ante el consumo de drogas de uso ilícito, enfocándose específicamente en las acciones penales contra consumidores y el acceso efectivo al tratamiento.

El caso de Colombia fue desarrollado por Rodrigo Uprimny, Diana Esther Guzmán, Jorge Alberto Parra y Carolina Bernal, de la ONG DeJusticia.

"En todos los países estudiados encontramos que los usuarios de drogas de uso ilícito son perseguidos penalmente, a pesar de que el consumo no es un delito en estas naciones", dicen los autores tras indicar que tal enfoque resulta nocivo no solo para los usuarios sino para la misma sociedad.

Según el informe, la criminalización del consumo, antes que reducir el uso de sustancias ilícitas, genera prácticas que terminan afectando al consumidor, propicia un ambiente de discriminación que impide su acceso a centros de tratamiento, e incentiva un trato injusto ante el sistema judicial.

Así mismo, dicen, representa un uso poco eficiente y racional de los recursos públicos destinados tanto a la seguridad ciudadana como al sector salud, "pues se trata de recursos que podrían ser usados para prevenir delitos y/o atender problemas de dependencia".

Finalmente -sostienen los autores- esta forma de abordar del consumo termina por vulnerar distintos derechos fundamentales de los usuarios "como el derecho a la salud, a la información, a la autonomía personal, a la libre determinación, entre otros. Todo ello, en violación a diversas normas nacionales e internacionales de derechos humanos que los Estados están obligados a proteger".

En el caso de Colombia, el reporte indica que en los últimos años se han presentado cambios significativos a nivel normativo que en teoría permiten abordar el problema como un asunto de salud publica y sin que se penalice el consumo.

Pero en la práctica las cosas son a otro precio. Pese a que el consumo no está penalizado, las autoridades están autorizadas para retener transitoriamente a una persona en posesión de sustancia ilícita mientas se determina si la cantidad se considera una 'dosis personal' o es superior y por lo tanto debe ser judicializada. Así mismo, pueden retenerla si consideran que la persona está intoxicada y representa un peligro para la sociedad.

"Aunque las normas de policía habilitan las retenciones, su problema radica en la amplia libertad que le otorgan al agente de policía de decidir a quiénes retener, por qué razones, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Así, los consumidores entrevistados señalaron que cuando entraron en contacto con la policía sintieron vulnerados sus derechos por dos razones principales.

Por un lado, los abusos de poder por parte de algunos patrulleros. Y por el otro, las detenciones con finalidades de corrupción. Sobre este último problema, los entrevistados señalaron unánimemente que la razón que había impulsado a la policía a detenerlos o demorarlos en el abordaje había sido que les habían querido pedir dinero", sostienen los investigadores.

Según el reporte, en muchos casos los policías saldrían en busca de consumidores solo para cumplir con las cuotas de decomisos establecidas por sus superiores.

En materia de salud, los consumidores también enfrentan situaciones que amenazan sus derechos. Entre ellos el acceso a tratamiento. Por un lado, subrayan, la oferta de dicho tratamiento se concentra en las ciudades, con la cual se deja por fuera a un gran segmento de la población. Por otro, muchas EPS aún se resisten a reconocer a los adictos pues sus tratamientos suelen ser largos y costosos.

El informe plantea una serie de recomendaciones a los estados. Se les pide, por ejemplo, reorientar las prioridades de sus políticas de drogas, poniendo más énfasis en la demanda, los servicios de salud y la educación.

Así mismo, distinguir entre diferentes tipos de sustancias ya que "no todo uso de drogas es problemática ni justifica la intervención del Estado".

Consulte el informe completo en http://www.drogasyderecho.org/