De acuerdo con el informe "En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina", México continúa con políticas públicas con enfoque represivo y prohibicionista ante el consumo de sustancias ilícitas. De acuerdo con un informe, la criminalización de los consumidores de drogas no ha dado buenos resultados y eso se refleja en el número de detenciones.

México continúa con políticas públicas con enfoque represivo y prohibicionista ante el consumo de drogas ilícitas, situación que incrementa la vulnerabilidad de los usuarios frente a las autoridades, exponiéndolos a situaciones de corrupción, extorsión, maltrato físico, abuso sexual, detenciones arbitrarias y otras violaciones de sus derechos fundamentales.

Esto mismo ocurre en siete países más de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay), según detalla el informe En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina, elaborado por el Colectivo de Estudios Drogas y Derechos.

Esta criminalización de los consumidores de drogas ilícitas en el caso mexicano no ha dado buenos resultados y esto se refleja en el número de detenciones y posteriormente en el detalle de aquellos casos en los cuales se determinó no ejercer acción penal.

El documento detalla que en México no es un delito el consumo de drogas ilícitas, no obstante, entre el 2009 y mayo del 2013 fueron detenidas a nivel nacional, 140 mil 860 personas por consumo de drogas. De esos casos se determinó que 90 mil casos no debían ir ante un juez.

De acuerdo a Catalina Pérez Correa y Karen Silva del CIDE son los hombres quienes tienen mayor prevalencia en el consumo de drogas ilegales (2.6%) en comparación con las mujeres en (0.4%).

“Sin embargo, y a pesar del importante número de consumidores que reportan las instituciones de salud, la información existente sobre consumidores y consumo es poco uniforme e integral, aportando escasa información sobre patrones de consumo”, señalan

Los datos recabados para este estudio muestran que en México, a pesar de que la ley no tipifica el consumo de sustancias de uso ilícito como un delito, las autoridades siguen persiguiendo y sancionando penalmente a los usuarios, no sólo por posesión sino también por consumo. Incluso sin tomar en cuenta los datos sobre posesión, la información sobre casos de consumo muestra que un importante número de consumidores son detenidos, procesados e incluso sentenciados por la conducta de consumo.

Lo anterior aseguran los investigadores del Colectivo de Estudios Drogas y Derechos, es un indicador sobre la necesidad delos gobiernos de repensar las políticas de drogas que hoy prevalecen en América Latina, “para lograr un cambio hacia un enfoque de salud y reducción de daños que sustituya el actual enfoque punitivo y criminalizador”.

Los resultados del informe a nivel América Latina muestran que la mayoría de las políticas públicas adoptadas por los países estudiados relacionadas con el consumo de drogas parten de un enfoque represivo y prohibicionista “que no distingue entre los diferentes tipos de usos ni entre las sustancias o usuarios, y por lo tanto resultan inadecuados para enfrentar los daños causados por el uso problemático de drogas. Asimismo, en la práctica, dichas políticas resultan violatorias de una serie de derechos fundamentales de las personas usuarias de drogas”.

En el documento editado por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. y de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), explica que los gobiernos de los países estudiados dan prioridad a controlar la oferta de drogas ilícitas por encima del consumo, lo cual repercute en la falta de respuestas sociales y de verdaderas políticas de salud para enfrentar este fenómeno.

En la mayoría de los estudios hechos a cada uno de estos países se advierte la escasez de información sobre el consumo, la falta de sistematización de dicha información y, problemas metodológicos y conceptuales en la generación de información sobre el consumo. “Ello tiene un impacto negativo en las respuestas estatales ante el consumo y el desarrollo de políticas informadas y basadas en información empírica”.