Hubo poquísimas personas en la V Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas que hablaran en defensa del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes. Apenas uno, el representante para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito (ONUDD), y le significó ser abucheado después de su discurso en el panel inaugural del evento que se realizó en San José, Costa Rica.

Un abucheo esperado, porque él mismo reconoció que sus palabras eran provocativas, porque defendían las convenciones que rigen el modelo actual que no ha logrado llevar a un ‘mundo libre de drogas’, en una conferencia dedicada a hablar sobre alternativas a ese modelo de la “guerra contra las drogas”.

Que el sistema internacional de drogas se concibió sin una base científica sino a partir de una coyuntura social, política, económica, e incluso de ideas racistas; que se equivocó al pretender eliminar plantas (opio, cannabis, coca, entre otras) de la faz de la tierra, como si tuviesen ellas una suerte de poder maléfico; que la estrategia de reprimir no redujo el consumo y en cambio incrementó la estigmatización del consumidor y la violencia; que es necesario un cambio de estos paradigmas. Son llamados que se repiten en los artículos de prensa y en estos foros regionales. En general, el discurso se queda en los fracasos del pasado. Esto se debe a la falta de propuestas claras y la falta de consensos sobre el futuro de la política global de drogas, y a que existen apenas incipientes modelos de experimentación, aplaudidos por algunos estados y reprochados por otros.

La ansiedad por lograr grandes cambios en esta materia es sobre todo latinoamericana. Y choca en los foros mundiales, como la esperada Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU de 2016 sobre drogas (UNGASS 2016), con la postura de Estados de otras regiones, para los cuales son inadmisibles modelos de regulación como el que se implementará en Uruguay o como el que existe en algunos estados de Estados Unidos. No va a ser fácil que Rusia, China, o algunos países árabes, se unan a este afán por reformar las convenciones que rigen el sistema internacional. Como advirtió Gerardo Isaac Morales, director adjunto para Retos al Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México: son 193 estados y así como hay unos que alzan la voz para solicitar cambios a un tratamiento integral y equilibrado, hay otros donde aún hay pena capital sobre el consumo. Un gran logro de la UNGASS 2016 sería, a lo sumo, acordar que no hay un consenso.

En países como Malasia, China, Irán, entre otros, el consumo o porte de pequeñas dosis justifica la pena de muerte. La historia de Kevin Hoistacher, un argentino de 24 años que fue detenido el 22 de julio en Rusia y podría pagar 7 años de cárcel por portar medio gramo de marihuana, es otro ejemplo de drástico prohibicionismo. Estos casos recuerdan que la ansiedad por buscar alternativas, si bien es una fuerza creciente, no necesariamente constituye una mayoría. La postura rígida de estos países obstruirá el alcance de un consenso en la UNGASS 2016, donde en todo caso se pretende avanzar hacia propuestas de reforma de las convenciones.

El camino hacia ese evento de 2016 se ha recorrido en buena parte en Latinoamérica. Al menos seis estados de la región, no solo en la OEA sino en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, han buscado empujar la agenda preparativa para el evento: Colombia, Uruguay, México, Guatemala Ecuador, Santa Lucía.

Sin embargo, los llamados de estos estados al debate internacional no siempre coinciden con cambios significativos en sus normativas internas. En Guatemala, por ejemplo, mientras Otto Pérez Molina habla de legalizar, sigue siendo penalizado el consumo y porte de dosis mínimas y, mientras un delito de pornografía infantil da entre 8 y 12 años de cárcel, por narcotráfico pueden ser hasta 30.

En Colombia son reconocidos los esfuerzos por impulsar políticas alternativas, no obstante la normativa interna sigue siendo esencialmente restrictiva y cae en la contradicción de despenalizar el consumo pero penalizar todo lo demás, algo que lleva a los consumidores al mercado negro y plantea una serie de riesgos. Además, en cuanto a la coca, Colombia sigue siendo el único país que realiza fumigaciones aéreas. Mario López Garelli, representante de la CIDH en la V Conferencia Latinoamericana, recordó que el último informe de la Comisión habla de los efectos que estas fumigaciones tienen en la erosión de la tierra, en la salud de las personas, la contaminación del agua y en el desplazamiento de comunidades.

En todo caso, al menos en la V Conferencia, es bien recibido el esfuerzo colombiano por liderar en el marco de la OEA un grupo de trabajo sobre la búsqueda de alternativas al encarcelamiento y a la desproporcionalidad de las penas para consumidores. También se reconoce el liderazgo del presidente Santos desde la Cumbre de las Américas de 2012, de donde surgió el mandato a la OEA para analizar alternativas más eficaces y menos costosas que la política actual. A raíz de eso se presentó el año pasado el informe sobre el problema de drogas en las américas y, que en ese marco de la OEA se pensara en regulación, marcó una diferencia sustantiva en cómo se venía dando el debate con esos foros regionales.

“En Latinoamérica, después de décadas de guerra, el tabú se rompió, aunque el estigma todavía existe. De la palabra a la práctica falta mucho. Hay países, entre ellos Colombia, donde hay mucho discurso pero pocos cambios concretos en términos de leyes y aplicación. En todo caso estamos en la puerta de los cambios”, dice Pien Metaal, una holandesa coordinadora del proyecto de Reforma a las Leyes de Drogas en América Latina del Transnational Institute (TNI).

Para Metaal, no es justificable la excusa de esperar un consenso global para empezar a transformar las leyes internas. “Hay muchas cosas que los países pueden hacer: Colombia podría aplicar una industrialización de la hoja de coca e incentivar una industria de uso natural de la hoja. Podría también avanzar en reducción de daños, tratamientos, hay espacio para hacer procesos democráticos que lleven a cambios, como productos de un dialogo entre la población y los gobiernos. No se puede esperar hasta que se caiga el muro de la prohibición por completo para empezar a actuar”.

La posición común que pueda adoptar Latinoamérica para llegar a la Asamblea de la ONU de 2016 depende en buena parte de los consensos que se logren en la Asamblea Extraordinaria de la OEA el próximo 19 de septiembre. Todo un reto si se tiene en cuenta que, aunque esta es la región que más impulsa un cambio de aproximación en foros internacionales, no siempre habla con la misma voz en esos foros y, cuando se trata de hacer alianzas, le supera la unidad de países represores como Rusia, China, Tailandia, entre otros.

Guatemala, que será el país anfitrión de esa Asamblea de la OEA, viene impulsando con Colombia y México un borrador de resolución para ese evento. Las negociaciones sobre ese borrador han revelado que, aunque en el nivel más general existan consensos, al interior de la región también hay grandes desafíos y paradojas.

Pareciera una paradoja, por ejemplo, que algunas izquierdas latinoamericanas son las que adoptan un enfoque apegado a las convenciones del sistema internacional: La mayoría de los vetos y desacuerdos al proyecto de resolución vienen de Nicaragua y Venezuela. Además de estos, Brasil tiene dudas sobre insertarse de lleno en el debate. Puede verse una conexión entre la perspectiva revolucionaria, de izquierda, y la poca tolerancia que tienen esos gobiernos con el tema de las drogas. En Argentina, por poner otro ejemplo, a pesar de que hay un enorme activismo, a nivel formal sigue vigente una ley que penaliza el consumo con multas en una moneda que ya ni existe en el país.

“Los que se han llamado gobiernos de izquierda más cercanos al Alba han tenido posiciones que van un poco en contravía del debate actual. Tiene varias razones, de índole de política local y características de los países. Las posiciones más conservadoras las tienen Venezuela, Nicaragua, y en algún momento Ecuador, aunque ahora ha llevado a cabo algunos cambios en la política interna”, dice Juan Carlos Garzón, investigador del Woodrow Wilson Center y asesor de varios gobiernos latinoamericanos.

Incluso Bolivia, que se apartó de la Convención Única de Estupefacientes del 61 en su defensa del uso tradicional de la coca, tiene una posición muy distinta frente al tema del consumo. “Esto tiene que ver con el rechazo a una postura más propia del liberalismo y a la reivindicación del derecho de las personas. En estos países el Estado tiene un peso mayor en la vida de los individuos y tiene que velar por unos valores. Eso hace que cuando se enfrentan al tema de las drogas, ven algo que se escapa al manejo del Estado y donde este tiene que cuidar a sus ciudadanos de algo terrible muy vinculado con el capitalismo”, añade Garzón.

De hecho, dice, había una expectativa en Colombia de que las Farc tuvieran una posición mucho más beligerante respecto al tema de las convenciones internacionales. Si uno mira los acuerdos, sí producen muchos cambios importantes, pero no es que cuestionen todo el sistema de fiscalización internacional. Las Farc tienen una concepción en términos de la producción, del campesinado, y el problema del consumo es algo un poco nuevo en esa temática. Falta explorar más de dónde se explican las resistencias.

El caso de Nicaragua es particularmente interesante. Se puede explicar desde la influencia rusa en materia de seguridad y, más específicamente, en operaciones de combate al narcotráfico. El tema del narcotráfico ha sido una puerta de entrada para influir en la política exterior en América Latina, en Colombia lo sabemos bien. Rusia tiene en este sentido un aliado en Nicaragua. Hay que ver, dice Garzón, cómo ese contexto geopolítico y de mayor cooperación contra el narco proveniente de Rusia, impacta en el debate sobre la política de drogas. “Uno podría cruzar las posiciones más conservadoras, o menos liberales en tema de drogas, y los países donde Rusia influye de manera más fuerte, y sacar sus propias conclusiones”.

Pien Metaal explica que el conservatismo sobre el tema de drogas existe a la derecha y a la izquierda. Como proyecto político los socialistas, los marxistas clásicos, no tienen una interpretación de la ideología del fenómeno de las drogas, que es de hecho percibido como amenaza para el pueblo y como una forma de controlar al consumismo y un modelo en cierta forma capitalista que sujeta al pueblo a una esclavitud. No existe una perspectiva de izquierda sobre drogas, lo que hay es, desde la izquierda, gente que lucha por los derechos de los sectores más vulnerables de las sociedades, pero cumplen perfectamente con el discurso norteamericano. Los países que más duros son hacia los usuarios son a veces los supuestos de izquierda. Los liberales, y los que empezaron a atacar el prohibicionismo, eran más bien liberales de derecha, los que defienden los derechos individuales y no los colectivos”.

Pero los países que juegan un papel obstructivo no siempre son los de la izquierda. No es tan simple como echarle la culpa a las izquierdas latinoamericanas. Hay tantas agendas e intereses establecidos, que cada país tiene su proceso para poder subirse al tren de los cambios en política de drogas. Hay gobiernos que no son de izquierda y tampoco le apuestan al debate. Habría que ver las particularidades de cada Estado: para los mexicanos un tema clave es cómo los va a impactar la creciente despenalización de la marihuana en EE.UU.; para los colombianos es qué va a pasar con la aspersión aérea; para los guatemaltecos y centroamericanos es cómo los afectan las rutas del narcotráfico.

Cada país procesa el debate en términos de lo local y al final la política exterior termina siendo un reflejo de las problemáticas nacionales. Hay velocidades y preocupaciones distintas, que hacen que América Latina tenga un debate muy rico pero con pocos consensos. Aún así, hay pocos funcionarios estatales que no hablen ahora de prevención, salud pública y derechos humanos. Por ahora es un discurso y falta ver su aplicación.

EE.UU., el principal consumidor e impulsor de la guerra contra las drogas, está también flexibilizando su posición en esta materia. Lo decía Norton Arbeláez, un colombiano fundador y miembro de la Junta Directiva del Medical Marijuana Industry Group de Colorado, uno de los estados donde se aplica la regulación del cannabis tanto medicinal como recreativo. Obama ha tenido un liderazgo sin palabras, hubiera podido tomar algunas medidas para presionar a los estados, enviar a los soldados de la DEA contra quienes pusieron los negocias en marcha, pero no lo hizo. En cambio, ha trabajado en crear limitaciones como no permitir venta a los menores, la no intervención de grupos criminales, la no venta fuera del sistema estatal, que no se permita la violencia ni el uso de las armas, que no haya cultivos en espacios públicos.

En todo caso, EE.UU. en la práctica internacional sigue siendo defensor del modelo tradicional. Como dijo Carmen Rosa de León, del Instituto de la enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala, el modelo represivo está sustentado en 1.500 millones de dólares en acciones de EE.UU. a Centroamérica, con el liderazgo del comando sur, una visión militarizada de combate al narcotráfico. No obstante, esos 1.500 son el 0,1% de lo que se ha invertido en las guerras de Irak y Afganisltán: “¿cuán importante es realmente el combate al narco para EE.UU., si invierte más en Irak y Afganistán que en las causas de la violencia y el subdesarrollo en la región Latinoamericana?”.

A pesar de la imposibilidad de llegar a una reforma a las convenciones en 2016, esas ya se están dando en las experiencias que han impulsado algunos estados de la región. Uruguay, con su modelo de regulación estatal, se ha convertido en una diva en los foros internacionales sobre drogas. Ha surgido desde el sur como una alternativa inspiradora en una región acostumbrada a mirar y copiar al vecino del norte. Los organismos internacionales no pueden negar las realidades y dejar de tomar como referencia estas evidencias.