Dentro del mercado internacional de drogas, Argentina es un país ‘de tránsito’ de la cocaína. En las últimas décadas se ha producido un incremento del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y, en los últimos años, han aparecido laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína, aunque no con la envergadura de los de Colombia, Perú o Bolivia. Las leyes destinadas a perseguir los delitos de drogas han fracasado en reducir el tamaño del tráfico, y en vez, han causado el encarcelamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

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La legislación penal de Argentina con relación a estas sustancias se ha venido desarrollando desde 1924 y, desde la década del setenta, se han acentuado sus aspectos represivos. La persecución creciente que ha resultado de esta legislación ha recaído sobre consumidores y pequeños actores ligados a las actividades de tráfico, destacándose en particular la población de mujeres y la de extranjeros como los grupos sobrerrepresentados en los encarcelamientos por este tipo de delitos.

La población penitenciaria en Argentina ha ido incrementado de forma constante desde la recuperación de la democracia a fines de 1983, aunque en los últimos años se advierte cierto descenso. Como se puede ver en el capítulo sobre Argentina del estudio Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina, del Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el número de personas detenidas en Argentina creció en exceso, en un 75 por ciento entre 1997 (29.690 personas detenidas) y 2007 (52.457 personas detenidas). Después de aprobarse la Ley 23.737 sobre estupefacientes (que incrementó las penas), la población carcelaria por delitos de drogas creció a partir de la década del 90, hasta representar alrededor de un tercio de la población en cárceles federales.

Lo primero que revela el estudio es que en estas últimas dos décadas, la persecución creciente de delitos relacionado a drogas ha recaído sobre todo en consumidores y pequeños actores ligados a las actividades de tráfico. “Las autoridades han encarcelado a aquellos que funcionan como los actores menores del tráfico de drogas, en vez de enfocarse en los grandes traficantes”, dice Alejandro Corda, investigador del capítulo de Argentina y miembro de Intercambios Asociación Civil.


Pien Metaal y Alejandro Corda

Adicionalmente, este estudio revela que en términos de porcentajes, estos delitos están sobre representados en dos poblaciones específicas: mujeres y extranjeros. Entre ellos los porcentajes de personas encarceladas por delitos de tráfico de drogas, en cárceles federales, oscilan alrededor de dos tercios, duplicando los valores de la población en general. Estos porcentajes resultan aún mayores en aquellos casos donde ambas condiciones se combinan, pudiéndose identificar la mayoría de los encarcelamientos de mujeres extranjeras con este tipo de delitos. (Más estadísticas disponibles en el estudio) Actualmente, el principal delito por el que se encuentran detenidas las mujeres en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal es el de estupefacientes. Y en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires comienza a advertirse un incremento en el mismo sentido.

“Todo parece indicar que muchas de estas mujeres entraron al tráfico de drogas como una forma de resolver los problemas económicos que debían afrontar como cabeza de familia, en ocasiones numerosas”, dice el investigador Corda. “Por lo general estas mujeres actuaron como actores menores dentro de las actividades de tráfico, ya sea vendiendo en pequeña escala en sus barrios o intentando transportar drogas a través de las fronteras”.

“Concluimos entonces que estas leyes, y su aplicación, no sólo han fracasado en lograr reducir el tráfico de drogas, sino que han empeorado la situación de grupos de por si ya vulnerables a través de su encarcelamiento”, dice Corda. “Estas personas deberían recibir otro tipo de respuestas estatales y penas alternativas al encarcelamiento, pues una vez en libertad, ese pasado les impide en muchos casos conseguir trabajo, reduciéndoles nuevamente las opciones de supervivencia”.

Algunos casos muestran que se incursionó en el negocio para mantener una adicción. “En los casos de usuarios problemáticos, es muy claro que lo que la persona necesita son respuestas socio-sanitarias y no la cárcel”, afirma Corda. En 2009, el fallo ‘Arriola’ de la Corte Suprema declaró inconstitucional el castigar penalmente a personas por la tenencia de drogas para su consumo personal. Sin embargo, existe una ley – aún vigente – que en su letra sanciona la tenencia para consumo personal, prácticas policiales que la aplican de modo represivo y tribunales que la interpretan no siempre de modo uniforme. “Urge actualizar las leyes del país para que se deje de considerar el consumo de drogas como un asunto penal y se entienda como un fenómeno socio-sanitario”, dice Corda. “Mientras no lo hagamos, los consumidores seguirán siendo alcanzados por las agencias del sistema penal dificultando el desarrollo de otras respuestas estatales y sociales más eficaces”.

Por último, el estudio encuentra que en muchos casos, el sistema penal sobreactúa en su rol de ‘lucha contra el narcotráfico’, vinculando a gente inocente o inventando procedimientos. El estudio hace un resumen de varios casos en donde el estado parece que actuó exagerada o erróneamente. Uno de estos casos fue grabado en un video de 5 minutos para que las televisoras y medios en línea puedan mostrar el perfil de las personas encarceladas. En el video de Argentina, dado a conocer hoy, una mujer narra como fue engañada para traficar cocaína a Brasil, y su experiencia en la cárcel. Este video forma parte de una serie de videos conectados al estudio mostrando el rostro humano de la guerra contra las drogas. La prensa tiene permiso de subir el video a sus portales de Internet o de difundirlos por televisión. 

Para más información:

– Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Coordinadora de Comunicaciones: en Estados Unidos: +(617) 584-1713.
– Vea nuestra video serie mostrando el perfil de las personas encarceladas por drogas.

Sistemas sobrecargados: Un estudio sin precedentes que compara las leyes de drogas y los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.