México vive actualmente una de las peores crisis de su historia en términos de violencia y seguridad. Esta crisis está directamente relacionada con el fortalecimiento del crimen organizado en el país ligado al narcotráfico, las divisiones al interior de los principales cárteles de tráfico de drogas y la diversificación de los mismos. Todo esto ha desembocado en una lucha sangrienta por el control de plazas clave para las rutas del tráfico. La respuesta del Gobierno del presidente Calderón ha sido una ‘guerra al crimen organizado’ con dos elementos principales: el empleo creciente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y reformas legales tendientes a combatir más efectivamente la delincuencia organizada y, en particular, a los implicados en el tráfico, comercio y suministro de drogas.

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El costo más visible de esta guerra son los niveles inaceptables de violencia que se viven en el país. Pero existen otros costos, como la cantidad y el perfil de gente encarcelada como resultado de la legislación de drogas. El hecho de considerar la lucha contra las drogas como un tema de seguridad nacional ha incrementado las penas, modificado los procedimientos para otorgar mayores facultades discrecionales a los policías, ministerios públicos y jueces, y permitido la regresión en el reconocimiento de derechos fundamentales al debido proceso. Sin embargo, la gran mayoría de la gente encarcelada por delitos relacionados con drogas no son por mucho los grandes traficantes y ni siquiera han cometido delitos relacionados con el comercio, producción, suministro o tráfico de narcóticos; muchos de ellos están en la cárcel por posesión simple de cantidades menores de alguna droga, principalmente marihuana, seguida de cocaína.

Dentro del estudio titulado Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina, el capítulo sobre México muestra que el endurecimiento de las penas por delitos relacionados con drogas y el uso de la prisión preventiva en los últimos años son dos factores claves que han contribuido al aumento de la población penitenciaria en México: según datos oficiales el total de personas recluidas en cárceles en México casi se duplicó entre 1998 y 2008, pasando de 128.902 presos a 219.752. 

Los datos recabados en el capítulo sobre México permiten destacar dos aspectos clave:

- La mayoría de detenciones por delitos de droga no resultan en sentencias condenatorias:Si bien el número de personas detenidas ha sido un indicador utilizado para demostrar que el combate a la delincuencia organizada está logrando resultados, los datos evidencian que en miles de casos, dichas detenciones no terminan con sentencias condenatorias. En los tres primeros años del Gobierno del Presidente Felipe Calderón (2006-2009) el total de las detenciones por delitos de drogas alcanzaron 226.667 personas pero el total de consignados fue de 51.282 y el de condenados fue de 33.500. “Los datos sugieren que muchas personas inocentes están siendo detenidas y también que hay una ausencia de investigaciones profesionales para obtener pruebas suficientes que permitan a los jueces llegar a una sentencia condenatoria”, dijo Ana Paula Hernández, autora del capítulo.

- Predominan en cárceles narcomenudistas y personas encarceladas por posesión simple:Los datos recabados por el estudio sugieren que el gran número de quienes sí terminan en la cárcel son aquellos cuya peligrosidad y papel en el tráfico de drogas no es significativo. “Los datos que se pudieron obtener sugieren que  aquellos que están en la cárcel, en su mayoría, no son los grandes traficantes, sino pequeños vendedores y gente encarcelada por posesión simple de drogas”, dijo Hernández. El estudio llega a esta conclusión por el tipo de delito por el cual las personas ingresaron a la cárcel y por el número de años de su sentencia.  En la mayoría de los casos estudiados, se otorgó la sentencia mínima, lo que hace suponer que los casos implicaban posesión de drogas para consumo o venta de pequeñas cantidades.

Para profundizar en las observaciones, el estudio de México se enfoca en tres Estados emblemáticos: Chihuahua, uno de los más afectados por el tráfico de drogas; Jalisco, porque es el Estado que tiene el mayor número de detenidos por delitos contra la salud; y el Distrito Federal por ser la entidad con la población más grande del País. Una gran limitación para los objetivos de esta investigación es la falta de información y la incongruencia de varios de los datos proporcionados. Sin embargo, estos datos permiten tener una idea de cómo se sentenciaban los delitos contra la salud en México hasta antes de la reforma de  la Ley de Narcomenudeo en agosto de 2009, y sugieren pautas que tendrían que ser investigadas con mucha mayor profundidad.

El estado de Jalisco aporta los datos más alarmantes: de 43.153 detenidos por delitos contra la salud en los tres primeros años del sexenio del presidente Calderón, sólo hay 3.500 consignados y 2.173 condenados. De acuerdo a la información proporcionada por los juzgados analizados, se puede deducir que la posesión de marihuana es lo que genera el mayor número de sentencias en este estado en relación a los delitos de drogas. Luego siguen: posesión de cocaína, posesión de cocaína con fines de venta, y posesión de marihuana con fines de venta.

Adicionalmente, en 2009, el 50 por ciento de los reclusos en el Distrito Federal y Estado de México por venta de drogas fue detenido por poseer mercancía con un valor de 100 dólares o menos y el 25 por ciento por mercancía con un valor de 18 dólares o menos.(1) “El daño que hace el encarcelamiento – dejar a la familia del preso sin ingresos, dejarlos a ellos mismos con un antecedente penal y el propio costo de mantenerlos en la cárcel – quizá causa más daños a la sociedad que los $100 dólares de drogas que intentaban vender”, dijo Hernández.

A nivel nacional, existe un cambio significativo en la población femenina en la cárcel. Mientras que, anteriormente, la mayoría de las mujeres que se encontraba en la cárcel lo estaba por el delito de robo, en la última década el principal motivo de encarcelamiento de mujeres son los delitos relacionados con drogas. La mayoría de las presas son jóvenes, pobres, analfabetas o con un bajo nivel de escolaridad, y casi siempre son madres solteras. Muchas de ellas están en la cárcel por transporte o introducción de drogas, constituyendo el último eslabón de la cadena del tráfico. “Muchas de estas mujeres entran a vender o transportar pequeñas cantidades de drogas para poder cubrir las necesidades de sus hijos, y por lo general, esto no las saca de la pobreza”, dijo Hernández. Muchas otras también son engañadas para transportar drogas. Esta es la situación que narra Rosa Julia Leyva en un video de 5 minutos producido por WOLA y TNI.(La prensa tiene permiso de usar este video.)

Finalmente, el capítulo sobre México analiza las posibles repercusiones una vez que se implemente la Ley de Narcomenudeo, la cual muy probablemente contribuirá al hacinamiento y sobrepoblación de las cárceles – ya de por si grave – al detener y encarcelar a más narcomenudistas y consumidores.

Para más información:

– Sobre México: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. En Estados Unidos: +(203) 931-5695.
– Sobre el estudio en general: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Coordinadora de Comunicaciones: Estados Unidos: + (617) 584-1713.
– Vea nuestra video serie mostrando el perfil de las personas encarceladas por drogas.

Notas

(1) Información del Centro de Investigaciones y Docencia Económica.

Sistemas sobrecargados: Un estudio sin precedentes que compara las leyes de drogas y los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.