En septiembre de 2012, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, inauguró el primer centro para drogadictos en el sector del Bronx, un barrio céntrico de la ciudad. El llamado Centro de Atención Médica a Drogodependientes (CAMAD) cuenta con psiquiatras, psicólogos, médicos y enfermeros. Las personas atendidas en estos centros están en situación de riesgo, exclusión social por altos niveles de dependencia a las drogas, son personas vinculadas a actividades delictivas asociadas con el consumo y el expendio de drogas, padecen enfermedades mentales asociadas al consumo de drogas, y enfermedades derivadas del consumo problemático.

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La iniciativa parece encajar en una nueva valoración más general de las políticas de control de drogas en Colombia. En varias ocasiones durante los meses pasados el presidente Juan Manuel Santos anunció que era necesario emprender un análisis y una discusión sobre el balance, la efectividad y las perspectivas de la llamada “guerra contra las drogas”, y sobre las posibles alternativas a ella. Petro reveló que el Gobierno nacional “autorizó” su propuesta de suministrar drogas controladas a los dependientes solo bajo estricta prescripción médica.

La iniciativa supone un primer paso en un intento de diseñar políticas de drogas más humanas y eficaces en la capital, y cambia un enfoque que se había caracterizado por la represión policial. Como tal, debería ser aclamada positivamente. Sin embargo, la introducción del CAMAD generó fuertes discusiones en la prensa, la Procuraduría General de la Nación y el mundo político, por la falta de claridad del alcance de la iniciativa que carece de una estrategia para hacer frente a los problemas complejos del consumo problemático de drogas, la pobreza y la marginación en las zonas deterioradas de Bogotá.

Como señaló el experto en materia de drogas, Ricardo Vargas, una de las falencias que aparecieron en el anuncio de los CAMAD fue la ausencia de una estrategia política de drogas en el que la iniciativa debe llevarse a cabo. “El sólo anuncio de los CAMAD es de por sí un hecho que debería estar subordinado a esa estrategia que aún no se ha presentado,” sostuvo Vargas. “Es decir, lo instrumental, lo secundario ha pasado a ser percibido como el aspecto central de la estrategia, con lo cual, se distorsiona la complejidad del problema y de las políticas que deben elaborarse”.

La naturaleza de la medida, para bien o para mal, se convirtió en primera plana en los medios de comunicación, pero según Vargas. “... muy pocos se han hecho preguntas más importantes: ¿Cuál es la estrategia en la que se enmarca la iniciativa de los CAMAD? ¿Tiene el Distrito una estrategia de drogas que sea el resultado de un proceso de investigación y reflexión serio y coherente? ¿Por qué el alcalde presenta en sociedad los CAMAD antes que su estrategia sobre drogas?”

Este informe hace un breve recuento histórico de la relación entre el Estado y el narcotráfico y la guerra que éste declaró abiertamente al final de los años ochenta. A partir de ahí se exponen las distintas etapas del abordaje del tema de las drogas desde la normativa legislativa y los enfoques de salud en el país. Finalmente, con base en esos antecedentes se presentan los presupuestos técnicos y jurídicos que sustentan propuestas como las del CAMAD en la ciudad de Bogotá. Al final se hace una serie de recomendaciones para seguir avanzando en la reforma de las políticas de drogas.

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO Y A LA SOCIEDAD CIVIL

• El Ministerio de Salud y la Alcaldía de Bogotá podrían aprovechar la experiencia internacional, y trabajar conjuntamente con las ONG dedicadas al tema y con las comunidades para el desarrollo de proyectos como los CAMAD.
• Tanto la administración de Bogotá como el Ministerio de la Salud deberían promover una reforma administrativa que agilice la implementación de proyectos, que reste obstáculos en la contratación y gestión de recursos. Igualmente debería promoverse la educación y actualización de los funcionarios públicos dentro los nuevos conceptos de las políticas.
• Es indispensable educar a la sociedad mediante la creación de guías para el manejo del tema de las drogas e información sobre los avances logrados en otros países. Se deberían promover acciones tendientes a sensibilizar y estimular a las asociaciones de usuarios para la defensa de sus derechos.
• La alerta de la heroína en Colombia es oportuna. Las condiciones están dadas para que con el conocimiento obtenido y la experiencia internacional de sustitución por metadona, provisión de heroína, intercambio de jeringas, creación de salas de consumo y apoyo a asociaciones de consumidores, la heroína pueda ser un fenómeno controlado sin los obvios impactos que su clandestinidad genera.
• El Gobierno colombiano tiene la oportunidad de hacer propuestas novedosas para políticas de drogas más efectivas y más humanas. Esta sería una señal de reconciliación y pragmatismo político que Colombia, especialmente en tiempos de diálogos de paz, necesita con urgencia.